Las noticias que llegan desde Bolivia son más que preocupantes. Hasta se habla de un golpe de Estado de palacio y de la intervención de las fuerzas armadas; todo ello es creíble porque, como bien lo señalan los saberes populares, «la derecha es insaciable y no tiene límites».
Cuesta entender cómo un país asentado sobre riquezas incalculables haya sido siempre despojado de las mismas; ayer fueron el oro y la plata, hoy son los hidrocarburos, especialmente el gas, puesto que menos del 1 % de su población dispone de redes que le permiten un acceso a precios medianamente razonables, siendo la industrialización casi inexistente. El mas reciente ciclo de despojo encabezado por Sánchez de Lozada privó a los bolivianos de disponer de sus bienes hidrocarburíferos, transgrediendo leyes y llegando incluso a la aberración antirrepublicana de otorgar el carácter de «secretos» a los 72 contratos celebrados con las multinacionales del petróleo.
Este real ente gubernativo integrado por el gobierno y las petroleras ha ideado mecanismos de despojo de especial perversidad, tal como la vigencia del precio internacional en un empobrecido mercado interno de los combustibles que, al quedar fuera del alcance de la gran mayoría de los bolivianos, obliga al Estado a subsidiar a las petroleras, para lo cual debe recurrir asiduamente al auxilio financiero externo; es un círculo perfecto de apropiación ilegítima de riquezas y de expoliación del pueblo; es un moderno esquema de afianzamiento de la dependencia.
Mal que le pese al frente gobierno-petroleras, y a pesar de la no comprensión de aquellos bien intencionados -pero que por ambicionarlo todo pueden generar retrocesos que serán más difíciles de remontar- las mayorías populares han seguido avanzando; y esto es lo que les preocupa. La Ley de Hidrocarburos no es perfecta, pero implica un gran avance, pues nacionaliza el subsuelo y los hidrocarburos en boca de pozo, recrea YPFB, recupera para el Estado las facultades de fijar políticas, incluidos los precios internos y externos y, además, dispone la adecuación de los contratos a sus disposiciones, es decir, las compañías deberán pagar las regalías y los impuestos determinados, y dejarán de ser concesionarias para convertirse en contratistas. Cabe recordar lo que aviesamente se oculta en estos días: hasta la llegada de Sánchez de Losada-Mesa al gobierno de Bolivia, las petroleras pagaban el 50% de regalías.
En un contexto dentro del cual, hasta tanto se organice nuevamente YPFB y se adecuen los ilegítimos contratos de concesión a meros convenios de servicio sin disposición sobre los niveles de extracción y reservas ni sobre los precios y destinos, las empresas -que se muestran amenazantes e irreductibles en sus posiciones- lamentablemente resultan irremplazables.
En consecuencia, se impone exigirles que asimilen sus conductas a las que aplican en otros países donde actúan, con excepción de la Argentina -donde la situación no es diferente a la de Bolivia- todo ello dentro de un plazo lo más breve posible. Ello es así porque la situación boliviana muestra una trama de dominación perversa y casi perfecta, donde los pobres aportes en concepto de regalías son esenciales para el funcionamiento estatal, como también lo son los préstamos externos. Recordemos que ni Lázaro Cardenas ni Arturo Illia pudieron evitar los sabotajes a su producción, a pesar de que recuperaron las áreas y mantuvieron en muchas de ellas la infraestructura y el personal existente.
Una situación de crisis extrema solamente podrá favorecer a la derecha, que intentará la salida golpista y represiva para mantener la vigencia de la Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada-Mesa, cumpliendo así la promesa del actual gobierno de no modificar los ignominiosos contratos petroleros en vigencia. Tratar de eludir la responsabilidad que le cabe no promulgando la Ley, va en el sentido indicado.
Lamentamos que el gobierno argentino, a través de su embajador en La Paz, haya operado en defensa del presidente Mesa y de los intereses de las petroleras y no en solidaridad con decisiones soberanas y legítimas del hermano pueblo boliviano.
Todos los sectores democráticos y progresistas del Continente deben unirse al pueblo de Bolivia en pos del objetivo superior: la recuperación de la propiedad y las rentas de sus hidrocarburos. Sin esa unión se tornará muchísimo más difícil la lucha contra el frente gobierno-petroleras, que goza del apoyo de los EUA, la banca internacional y los organismos de crédito como el FMI.
Hoy como nunca están vigentes la palabras del Gral. San Martín en 1813: «Cuando el pueblo tiene más razón que el gobierno, la patria manda».
