Reestructuración de la deuda, entrega de acciones a los acreedores y nuevas posibilidades de negocios con las obras que impulsa el Gobierno son la nueva agenda de la mayor transportista eléctrica del país.
Desde el año pasado, el manejo de la sociedad controlante de Transener quedó repartido en partes iguales entre el fondo local Dolphin y la brasileña Petrobras.
Con el fin de destrabar la aprobación oficial que necesitaba para acceder a los activos de Perez Companc, Petrobras se comprometió en el 2002 a vender sus acciones de Transener.
Si bien figura en los papeles firmados, esa cláusula nunca tuvo plazos ni condiciones. Desde que desembarcó en Transener, el Dolphin mostró interés en avanzar sobre el resto de las acciones.
A fines de mayo, el Gobierno salió a fijarle un plazo a la «desinversión» que debe concretar Petrobras. Por medio de la resolución 757, la Secretaría de Energía estableció que antes del 31 de marzo del 2006 la petrolera brasileña tenía que vender sus acciones. Unas semanas antes, el Dolphin y la estatal Enarsa habían lanzado una propuesta de compra para desplazar a Petrobras.
Pero, ante la reacción de los brasileños y el cambio de escenario que significó la adquisición del paquete mayoritario de Edenor por parte de Dolphin, el Gobierno resolvió dar marcha atrás con el emplazamiento.
Con la resolución 941, los funcionarios de Energía sólo pasaron a exigirle a Petrobras que informe trimestralmente sobre los pasos va dando para vender las acciones. Ahora, la que suena como probable compradora es Enarsa, una vez que entre en vigencia la renegociación que acordaron el Gobierno y la empresa.
Por el lado económico, Transener reestructuró la deuda en default y redujo su pasivo de US$ 570 millones a la mitad. En ese proceso, un grupo de acreedores -los fondos Fintech, Marathon y el Deutsche Bank, entre otros- quedó con el 19% de las acciones que cotizan en Bolsa.
Pero la reestructuración de la deuda le arrimó en el último semestre una ganancia contable de US$ 150 millones, que borró las pérdidas cargadas en el 2002 cuando había entrado en default.
Respecto a la renegociación contractual que está en el Congreso, los legisladores de la oposición encontraron que mientras en el acuerdo con Districuyo (la transportista eléctrica de la región cuyana) se establece que el concesionario deberá afrontar «cualquier indemnización que pudieran obtener los actuales y anteriores accionistas», el acta de entendimiento con Transener fija esa obligación sólo para los reclamos de los actuales accionistas. No lo hace en el caso de demandas promovidas por los ex propietarios: Transener tiene una ex accionista inglesa que entabló un juicio contra el Estado por US$ 93 millones en el tribunal arbitral de Naciones Unidas (Uncitral).
Se trata de National Grid, que le vendió sus acciones al Dolphin y se fue del país.