La coyuntura, determina para la FeTERA la “revisión de todas las privatizaciones realizadas, especialmente las que hayan sido ejecutadas mediante decretos inconstitucionales y/o leyes especiales”, oponerse a “a los proyectos de privatización de las empresas del área de energía en algunas provincias que quieren repetir la fracasada política energética nacional o impulsar una reestatización sin futuro”, “anular la «libre disponibilidad de crudos y gas» impuesta por decretos por exigencias de los monopolios y oligopolios petroleros”, “prohibir la remisión de las ganancias de las empresas energéticas al exterior”, “restablecer una política de exploración y explotación petrolera, asumiendo el Estado Nacional una acción directa, que rescate el acervo tecnológico nacional”, “detener toda venta de empresas petroleras y de acciones de empresas públicas que aún queden en propiedad pública”, “establecer una recomposición salarial para los trabajadores activos y pasivos, que les permita acceder a una canasta alimentaria y de bienes y servicios dignos y adecuados para la época actual”, “desarrollar una política de aprovechamiento de los recursos carboníferos en función de las nuevas tecnologías”, “establecer la tarifa de interés social y prohibir el corte por falta de pago”.
También establecieron su acuerdo en lo que respecta a que “la recuperación de Aguas Argentinas, constituye una iniciativa superadora de la situación de privatización. Pese a ello, las luchas realizadas durante años, por distintos sectores gremiales, políticos y sociales, entre los que se encuentran la CTA y la FeTERA, no se ve plenamente satisfecha, por varios motivos, entre los que señalamos:
a) Se llega a la reestatización luego de varios intentos fracasados de hallar empresas privadas para reemplazar a Suez.
b) La presidencia de la nueva empresa AySA, se pone en manos de los sectores sindicales que apoyaron la privatización, en un inconcebible escenario de reciclaje político”.
En otro de los puntos salientes rechazaron “la manera en que se implementa el funcionamiento de ENARSA, ya que no se constituye en una herramienta que defienda los recursos energéticos de la Nación, sino que es la continuación de la entrega del patrimonio de los argentinos”. También definieron que “los bienes energéticos son estratégicos y esenciales, y que las actividades petroleras, gasíferas y de la energía eléctrica son servicios públicos”. Y por último, sintetizando varias páginas de la declaración, los delegados declararon que “la política sectorial, y particularmente la prestación de los servicios públicos energéticos, entendida en el concepto más amplio, debe asegurar que todos los habitantes puedan acceder al consumo de los bienes energéticos en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia, en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economía del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente”.
Además de todo esto, hubo una serie de adhesiones a sectores gremiales, sociales y comunitarios en lucha, o con situaciones conflictivas desde el plano laboral, económico y político y se entregaron, finalizados los congresos, reconocimientos a organizaciones que integran la FeTERA, constituyéndose en uno de los momentos de mayor emotividad de la jornada.
Previamente, el cro. José Rigane, en su discurso de apertura, acercó algunas de las líneas que luego sirvieron para el debate del documento final.
“Es importante señalar que, en estos años, logramos establecer el tema de la energía en un nivel superior al que se había dado hasta el momento. La energía es un problema de todos y no de los que saben o sectorial. Es un problema estratégico que hace a la soberanía de un país. No hay liberación posible para un país si éstos no detentan en sus manos la energía.”
“Y la energía puede ser una herramienta poderosa para la integración, no de los gobiernos, sino de los pueblos. De otra forma quienes seguiran dominando el escenario serán los grupos monopólicos y las multinacionales. Por acá pasa la discusión hoy”, sintetizó Rigane, “y esa discusión no seria posible si no existieran estructuras como la FeTERA. Por eso hay que seguir potenciando estas vías, para instalarnos con mas fuerzas, organizando fuerza propia, superando el sectarismo y apostando a la construcción y la inteligencia colectiva”.
{{Texto completo de la Declaración Final.
DECLARACIÓN DEL VII CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE LA FeTERA}}
Realizado en homenaje a los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos y con el compromiso de continuar defendiendo sus banderas.
Los objetivos de la lucha:
{{BASES DEL PROYECTO NACIONAL ENERGÉTICO ALTERNATIVO PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA}}
La reestructuración alternativa del sector energético argentino, en base a los principios que se esbozan en este proyecto debe contener los objetivos siguientes.
Lo Estratégico: 1. Nacionalizar las fuentes energéticas sobre la base que su dirección y control deben estar en manos del pueblo, lo que significa establecer el control social del sector.
La Coyuntura: 2. Proceder a la reversión de todas las privatizaciones realizadas, utilizando por ejemplo la revisión de las mismas, especialmente las que hayan sido ejecutadas mediante decretos inconstitucionales y/o leyes especiales sancionadas con manipulación de los quórum, violentando la soberanía, a precios de liquidación, comprometiendo la misma o limitando el ejercicio del poder de futuros gobiernos. Y anular todas las privatizaciones realizadas, que no hayan respetado las leyes y procedimientos vigentes; tendiendo a la recuperación por parte del Estado de dichas empresas.
3. También nos oponemos a los proyectos de privatización de las empresas del área de energía en algunas provincias que quieren repetir la fracasada política energética nacional o impulsar una restatización sin futuro y a los contratos de iniciativa privada dibujados para beneficio de empresas permanentemente «amigas del poder».
4. Anular la «libre disponibilidad de crudos y gas» impuesta por decretos por exigencias de los monopolios y oligopolios petroleros que operan en el país. Intervenir las empresas privatizadas energéticas para que la voluntad popular libremente manifestada establezca su condición futura. Detener las exportaciones de petróleo crudo y gas, excepto aquellas que no ponen en crisis las reservas nacionales y la demanda interna a largo plazo, y siempre que se realicen con acuerdos previos de integración auténtica con países hermanos limítrofes. Anular el insólito beneficio otorgado en la década de los años noventa por el cual las compañías que exportan nuestro petróleo y gas natural dejan en los mercados financieros internacionales el 70 por ciento de las divisas de sus exportaciones.
5. Prohibir la remisión de las ganancias de las empresas energéticas al exterior estableciendo cuotas obligatorias de inversión para mantener los niveles de reservas. La decisión sobre las reservas, los volúmenes de producción y niveles de generación, como la formación de precios de comercialización corresponden al Estado nacional.
6. Restablecer una política de exploración y explotación petrolera, asumiendo el Estado Nacional una acción directa, que rescate el acervo tecnológico nacional que lograra Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado, organizando a trabajadores y técnicos en una empresa federal moderna y controlada socialmente. La gestión de las reservas, los volúmenes de producción y las formas y precios de comercialización, deben ser determinados por el Estado Nacional. Las tarifas y los precios mayoristas del crudo y del gas natural deben basarse en los costos internos que responden al carácter social y económico del país, y no en los precios internacionales, que responden a motivos políticos y a la fijación de precios por los poderes económicos oligopólicos. Rechazamos la manera en que se implementa el funcionamiento de ENARSA, ya que no se constituye en una herramienta que defienda los recursos energéticos de la Nación, sino que es la continuación de la entrega del patrimonio de los argentinos.
7. La Nación Argentina debe declarar que los bienes energéticos son estratégicos y esenciales, y que las actividades petroleras, gasíferas y de la energía eléctrica son servicios públicos. La Ley de Hidrocarburos N° 17.319, en lugar de las modificaciones propuestas por empresas privadas y algunos funcionarios provinciales para blanquear de los Decretos 1055, 1212 y 1589 del año 1989 y por los cuales se definió al petróleo y al gas natural como simples mercancías, debe ser reemplazada por una nueva Ley que restablezca su carácter de bienes sociales y estratégicos para la Nación, anulando la libre disponibilidad de los hidrocarburos. .
8. Detener toda venta de empresas petroleras y de acciones de empresas públicas que aún queden en propiedad pública con la intención de recuperar los recursos petroleros para la Nación. Se debe mantener, como hasta ahora, la defensa de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Salto Grande, como las centrales nucleares Atucha I y Embalse. En Salto Grande deberá asegurarse la propiedad y gestión de carácter binacional, más allá de la participación provincial en la renta. Se debe restaurar la CNEA en su antiguo nivel de excelencia en ciencias básicas y aplicadas, en una entidad única e indivisible, y garantizar la finalización de Atucha II. En función del bajo costo y de la gran reserva de agua turbinable disponible en el país, se debe promover el estudio y la construcción de centrales hidroeléctricas, apoyados en estudios que minimicen los impactos ecológicos. Respecto a la energía nuclear, se debe dar impulso a su desarrollo y crecimiento, y enfatizar la prevención acerca de los residuos nucleares y su tratamiento que aseguren los derechos de las nuevas generaciones.
9. Terminar con la dilapidación del gas natural a través de las exportaciones al exterior sin planificación alguna, al mismo tiempo que la falta de gas y electricidad, mantienen una permanente crisis de oferta energética. Esta falta de planificación y de ineficiencia también se manifiesta cuando se permite que se genere electricidad en base de turbinas de ciclo combinado, relegando el potencial de recursos renovables que tiene nuestro país. Debe establecerse una regulación de estos proyectos por el Estado y autorizar solo aquellos realmente justificados. Se debe crear un ente federal planificador e integrador de la energía nacional con participación activa de los sectores involucrados.
10. Establecer una recomposición salarial para los trabajadores activos y pasivos, que les permita acceder a una canasta alimentaria y de bienes y servicios dignos y adecuados para la época actual. Reafirmar los convenios colectivos de trabajo aprobados democráticamente en asamblea por los trabajadores, en cada rama de la energía, para su aplicación efectiva en defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores. En ese contexto rechazar la mano de obra contratista, que busca confirmar estructuras paralelas de servicios donde la variable es el trabajador contratado con sueldos depreciados y bajo regímenes de otra actividad ajena al servicio. Oponerse a la tercerización de la mano de obra calificada, formada, técnica y profesionalmente en el ejercicio de la función, para evitar la prevaricación de los servicios. Exigimos la derogación del mínimo no imponible en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia y el correcto encuadramiento convencional de todos los trabajadores.
11. Desarrollar una política de aprovechamiento de los recursos carboníferos en función de las nuevas tecnologías. El Estado recientemente debió retomar la conducción estratégica de esta actividad ante el fracaso y huida del grupo Taselli que tomó la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales con el objeto de hacer negocios en base a los subsidios que recibe este material como fuente de energía eléctrica. Ahora el Estado debe modernizar y repotenciar el sector y la empresa mineras, garantizando la producción carbonífera a fin de lograr el equilibrio armónico con las exportaciones y el consumo de los recursos energéticos.
12. La política sectorial, y particularmente la prestación de los servicios públicos energéticos, entendida en el concepto más amplio, debe asegurar que todos los habitantes puedan acceder al consumo de los bienes energéticos en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia, en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economía del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente.
13. Prohibición del corte de los servicios públicos por falta de pago de los usuarios, debiéndose establecer la tarifa de interés social. Si antes de 1989 éramos usuarios y nos convirtieron posteriormente en clientes cautivos, nuestro objetivo debe ser rescatar nuestra condición de usuarios y de trabajadores de empresas productivas y no de aventuras financieras que grupos privatistas las convirtieron al renegar del concepto social y estratégico de la energía.
14. Declaramos que la recuperación de Aguas Argentinas, constituiría una iniciativa superadora de la situación de privatización. Pese a ello, las luchas realizadas durante años, por distintos sectores gremiales, políticos y sociales, entre los que se encuentran la CTA y la FeTERA, no se ve plenamente satisfecha, por varios motivos, entre los que señalamos:
a) Se llega a la reestatización luego de varios intentos fracasados de hallar empresas privadas para reemplazar a Suez.
b) La presidencia de la nueva empresa AYSA, se pone en manos de los sectores sindicales que tuvieron que ver con la entrega de nuestro patrimonio, apoyando la privatización, en un inconcebible escenario de reciclaje político.
{{Hacia una acción común}}
Se debe cambiar el Modelo, no corregirlo para mejorarlo o empeorarlo. Se debe nacionalizar, no reprivatizar. Se debe denunciar el acuerdo tácito entre privatizadores de ayer y reprivatizadores de hoy. Los grupos que proponen mantener o recrear estas políticas, oficialistas u opositores, integran la misma filosofía de entrega y dependencia que nos sumieron en la situación actual. No se puede aceptar que se revivan los contratos de concesión o se adecuen en contratos nuevos donde el Estado no asuma la gestión de los recursos naturales de la energía. Los contratos se anulan o abrogan, pero no se los debe renegociar para mantener el espíritu básico con el que se los estableció.
El poder del capital es inmenso en la actualidad y su impulso parece incontenible y espantoso: adquiere, a cualquier costa, las reservas de agua dulce y la renta de los recursos energéticos estratégicos en cualquier lugar del planeta; posee el dominio de las comunicaciones en el mundo; e impone su ideología y su cultura en todos los rincones del universo y lo somete a su avasallamiento y depredación.
Pero la potencia del trabajo es, en el mundo, aún mayor. No solo por constituir el trabajo la condición esencial humana, sino porque el trabajo tiene por único destinatario al propio hombre y no simplemente al lucro, y la especulación. El camino a recorrer está lleno de amenazas y sufrimientos, pero la crisis actual, que pone a la vista el fracaso neoliberal, se resolverá finalmente dando lugar a una nueva era de Justicia y de Solidaridad.
Los trabajadores argentinos de la energía, consideramos que ha llegado la hora, de que todos los sectores populares se auto convoquen, sin discriminación de orígenes, para luchar por el proyecto nacional de cambio. Así como cuando el pueblo se une, ya sea a hechos que la Historia no puede desconocer (las jornadas del 19 y 20 de diciembre) o luchas sectoriales que se repiten todos los días (contra la suba de las tarifas, la denuncia de cortes de prestación de servicios, la provocada por abusos policiales y sexuales), así debe tomarse conciencia de la necesidad de transformar el modelo económico y social que el país sufre. Este es el camino, para la construcción de la soberanía de nuestras sociedades, el desarrollo de un futuro que nos incluya a todos y que recupere la energía para beneficio del pueblo.
Asimismo, este Congreso expresa:
• Solidaridad con los trabajadores de Las Heras injustamente presos. Repudiamos loa apremios ilegales a que fueron sometidos; y el retiro inmediato de la Gendarmería de la zona. Exigimos una profunda investigación de todos los hechos, con un juez que garantice una correcta administración de justicia.
• Solidaridad con la lucha de los docentes y pueblo de Neuquén. Repudiamos la feroz represión de los grupos parapoliciales de la patota sindical, afines a Sobisch y Repsol.
• Solidaridad con la lucha de las compañeras y compañeros petroleros de 25 de Mayo, La Pampa.
• Solidaridad con la lucha de las compañeras y compañeros de YPF – PGM – Gas del Estado, que impulsan la causa penal 8568/99 donde por un lado, recuperan el derecho al cobro de las acciones, y por el otro a través de los ilícitos cometidos en la privatización de YPF, permititía al Poder Ejecutivo, si tiene la decisión política de hacerlo, recuperar la empresa.
• Solidaridad con la comunidad de Balcarce, que a través de su Foro Energético, lucha contra la multinacional Camuzzi, que se apropió de las líneas de alta tensión de la Cooperativa de Electricidad , y exige aumento de tarifa injustificados en la provisión de agua potable.
• Solidaridad con los trabajadores de ATANOR, quienes sufren persecuciones y amenazas en su trabajo y no se respetan sus derechos laborales.
