Según el diputado Claudio Lozano, miembro de la mesa nacional de la CTA, la carga del aumento anunciado por el gobierno es para el próximo año y no hay ningún problema fiscal real con la medida. Y señaló algo que no tiene que dejarse de lado al momento de analizar la medida del Ejecutivo Nacional: la ANSeS tiene acumulados $ 9.400 millones para el tema previsional que no han sido aplicados. «Por lo tanto, hay recursos, la pena es que no los usen», indicó Lozano.
Si tomamos las afirmaciones de Lozano y las cruzamos con el número de jubilados que recibirán el aumento, el costo fiscal de la medida sería pagado con menos del 40 por ciento del superávit que la ANSeS tiene este año.
Para el legislador, el aumento del 13% es el previsible y está en línea con la suba de la inflación, entonces no supone una recomposición de haberes, tampoco tiene en cuenta el tema del achatamiento y no resuelve el problema de la movilidad. «En conclusión, esta medida no toma en cuenta el fallo de la Corte», resumió. Es por eso que junto a otros legisladores no descarta encontrarse con ministros de la Corte Suprema de Justicia, para plantearle reparos a esta medida que ata la movilidad al superávit fiscal, olvidándose del fallo de la Corte y del derecho adquirido por los jubilados. Estas presentaciones pueden motivar al tribunal a examinar de oficio si los otros poderes del Estado cumplieron acabadamente con los lineamientos de la sentencia.
Si bien la iniciativa del gobierno prevé, además, crear un fondo especial al que se destinará, mes a mes, el eventual excedente que surja en la recaudación de aportes y contribuciones y de otros impuestos destinados a las jubilaciones y se refiere a la suba desde enero en los haberes como “la movilidad posible para el 2007”, no responde al fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el caso Badaro, ordenó al Poder Legislativo que en un plazo razonable aprobara un mecanismo para dar movilidad a las jubilaciones, y sugirió que los ajustes siguieran la evolución salarial de los trabajadores activos.
Es cierto que el fallo de la Corte no define concretamente un mecanismo de movilidad, como sí lo hicieron en varias causas las salas que integran la Cámara de la Seguridad Social, pero la medida del Gobierno no escapa de la ley Cavallo de mediados de los 90: si tengo plata pago y si no, no.
{{{Algunos números}}}
Los jubilados que ganan más de $ 1.000 mensuales son, en el marco de los últimos aumentos dispuestos por decreto, los más postergados. Los jubilados con ese nivel de ingresos recibieron su primer ajuste en junio pasado, que fue de un 11%, mientras que la inflación acumulada desde 2002 llega al 84,8%. Eso significa que, en términos de capacidad de compra, la caída de los haberes es del 40%. La nueva suba reduciría esa pérdida al 32%, pero sin considerar aquí la inflación que pueda sumarse entre septiembre y diciembre.
Para quienes ganaban más que la mínima pero menos que $ 1000, el primer ajuste, del 10%, llegó en septiembre de 2004, mientras que en junio pasado se sumó otro 11%. Así, con un aumento acumulado del 22,1%, la capacidad de compra está hoy en día un 34% por debajo de 2001. En enero, este grupo acumulará un alza del 37,97% que, de todas formas, determina un 25% menos de poder adquisitivo que cinco años atrás.
En el grupo de quienes cobran la jubilación mínima hay diferentes situaciones de evolución de los ingresos. Ocurre que, como hasta ahora se dispusieron siete aumentos, muchos jubilados que al comienzo de su vida pasiva percibían algo más que el ingreso básico, pasaron luego a integrar la parte más baja de la pirámide, que se acható.
Quienes en 2001 cobraban la mínima de $ 150 (muchos percibían en la práctica $ 200 por un subsidio de $ 50) tuvieron un incremento hasta ahora superior al 200%. Si se suma el aumento de enero próximo y el subsidio del PAMI de $ 30, esa mejora será, para ese entonces, del 273%. En este caso, la recomposición del haber es bastante superior a la evolución que tuvo el índice de precios.
No obstante, con todo, el haber mínimo de un jubilado, estaría llegando a 570 pesos, un valor lejano, aún, al costo de vida, en un país que no deja de crecer a tasas de países desarrollados y que sigue privilegiando los compromisos de los 90, en lugar de una más decidida distribución de las riquezas. No por nada los gurués económicos vernáculos siguen teniendo cabida en los medios de comunicación locales y luego del anuncio del gobierno para los jubilados insisten, como en los noventa, que el gasto público está en niveles altísimos en términos del PBI.
Sin una reforma concreta del sistema previsional, cuando los números sonríen, el aumento se muestra insuficiente o lo que es peor, es buena música para la carrera electoralista que, a un año de las presidenciales, ya se largó.
