Con una firme decisión del gobierno nacional se está llevando adelante, aceleradamente, el proyecto de Reforma Previsional, el cual, a grandes rasgos, permitiría el traspaso del sistema de capitalización al de reparto, tan largamente reclamado desde distintos sectores que integran el mundo del trabajo (según las últimas encuestas más del 71 % de los entrevistados volvería al sistema de reparto -estudio realizado por el monitoreo de Tendencias Económicas y Sociales – Consultora de Opinión Pública de Servicios y Mercados – OPSM. Fuente: “El Cronista”, martes 6 de febrero de 2007.)
Haciendo un poco de historia, recordaremos que la “administración menemista” creó las reglas de juego para impulsar la jubilación privada, que produjo el florecimiento de las AFJP y que -dicho sea de paso- se quedaron con la mayor porción de los aportantes a la seguridad social. Hoy, esos porcentajes nos muestran la abrumadora diferencia a favor de las administradoras privadas, que caminaron de la mano del sistema neoliberal implementado por los distintos gobiernos que se sucedieron a partir de su concreción.
Tanto el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, como el titular de la ANSeS Sergio Massa, coinciden en que la Reforma Previsional tiende a afianzar el rol del Estado y a garantizar la Libertad de Elección, dado que “el pasaje de reparto a capitalización no fue producto de la libre elección, sino de distorsiones y algunos excesos” (de cada 10 aportantes, 7 eran obligados a ir al sistema de capitalización y esos 7 -a su vez- eran sorteados, como si fuese una lotería, para ver a qué fondo le correspondía la administración y pensión).
Dejando de lado el afán de justicia y equidad que proclaman políticos y funcionarios y ateniéndonos a un estudio económico realizado por técnicos en la materia, nos encontramos que con esa reforma el Estado recibiría $ 2.500 millones extras (El Cronista, lunes 29 de enero de 2007).
Es de público conocimiento que las moratorias provisionales, que otorgan jubilaciones a personas que no hicieron aportes, implican un incremento importante de los compromisos futuros del Estado. Inducir a los trabajadores a que pasen al Sistema de Reparto produciría un alivio en la caja de la ANSeS.
Si se termina aprobando la mencionada Reforma Previsional, ésta le permitirá a la ANSeS emplear su superávit (estimado en $ 5.100 millones para este año) en Obra Pública e inversión productiva, a la manera de una AFJP.
Para ir cerrando este análisis sobre el tema en cuestión, nos damos cuenta que aquí no existe ninguna receta mágica ni una inversión importante de capital de empresas privadas, nacionales ni foráneas, si no que se siguen sacando lonjas del mismo cuero. El esfuerzo de los trabajadores (retribuido en pesos) sigue generando Justicia Social y subvencionando la realización de Obra Pública e Inversión Productiva. Nada nuevo bajo el sol.