Las dificultades en el ejercicio de la libertad sindical, la falta de reconocimiento de gremios realmente representativos de los derechos de muchos trabajadores, el derecho a huelga y la negociación colectiva, la evolución de las negociaciones, las distintas estructuras, ámbitos y sectores en los que se concentró la negociación, y los acuerdos como formas de precariza-ción de las negociaciones, fueron algunos de los puntos que se trataron en el Seminario al que concurrieron unos cien trabajadores y dirigentes de varias organizaciones locales y de otros puntos del país, especialmente invitados para la actividad.
{{{LIBERTAD SINDICAL Y PERSONERÍA GREMIAL}}}
La charla debate inaugural del seminario estuvo titulada “La libertad y la Democracia Sindical”. Horacio Meguira, Director del Observatorio del Derecho Social de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) fue el encargado de exponer una serie de puntos que limitan el desarrollo de la libertad sindical.
Acompañado por José Rigane, en su carácter de Secretario General de nuestra organización, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) y Secretario de Organización de la CTA, José Rigane, el abogado laboralista explicó que la Ley Sindical permite que algunos sindicatos utilicen la personería jurídica para vender a sus afiliados las ART y AFJP de las que son socios y gocen para ello de la exclusividad que les garantiza la ley argentina.
Meguira destacó, en este sentido, que la personería gremial de una asociación sindical se está convirtiendo en un elemento de “clientela cautiva” para algunos sindicatos que son proveedores de servicios.
Al tiempo que expuso una cantidad de ejemplos que se dan a lo largo del país, también detalló la situación actual de los sindicatos “amarillos”, que favorecen los intereses de los empleadores, en lugar de defender a los trabajadores, y la ausencia de libertad de elección de estos últimos que propicia el modelo sindical vigente.
En el esquema sindical argentino, los gremios simplemente inscriptos no están habilitados para discutir con el gobierno las condiciones salariales y no tienen derechos en igualdad con los que tienen la personería. “Nosotros no cuestionamos el régimen de ‘entidad más representativa’. Cuestionamos que una ley obligue compulsivamente a ser afiliado a un sindicato. Esto es lo que cuestiona la CTA a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al propio gobierno”, dijo Meguira.
Para finalizar, el especialista lanzó una pregunta a la concurrencia al seminario: “¿este modelo sindical es hoy efectivo para garantizar la distribución de la riqueza?” y disparó: “en un esquema de tercerización laboral, diversificación de las actividades, internacionali-zación, globalización, ¿el modelo sindical es apto para dar respuesta a la flexibi-lización de las condiciones laborales?”.
{{{NEGOCIACIÓN COLECTIVA}}}
Otra de las charlas estuvo a cargo del Dr. Luis Campos, integrante del mismo Observatorio, quien habló de “Negociación Colectiva”.
Refiriéndose a la precari-zación de las negociaciones, Campos planteó que “gran parte de los temas que permitieron la apertura de negociaciones fueron acuerdos y no convenios completos. Un acuerdo puede significar sólo una pequeña parte de una negociación. Esto descomprime y atomiza los componentes que constituyen el convenio y eso implica una ventaja para la patronal, que nunca termina de abrir una negociación por el todo”.
Otro planteo incluido en la charla fue el de las temáticas que originan la negociación. “No siempre se negocia por salarios. Si bien las remuneraciones fueron los temas principales de negociación de los últimos años, y esto es importante tenerlo presente puesto que implica no poder profundizar otras discusiones, también es importante decir que se abrieron negociaciones por la jornada laboral, las modalidades de contratación y el encuadre gremial, las relaciones, homologaciones y la organización del trabajo”, señaló Campos.
Entre los datos que se aportaron en el debate, sorprende que sólo el 22 por ciento de los asalariados haya quedado incluido en algún tipo de negociación colectiva durante el año pasado. Ese porcentaje se compone de otros ya que, de esa masa laboral, hay un 33 por ciento de trabajadores del sector energético, un 34 de industria manufacturera, y sólo un 1 por ciento en administración pública, en educación y en el sector agropecuario, por marcar los casos más significativos.
“LA DISCUSIÓN SALARIAL NO PERMITE AVANZAR EN OTRAS REINVINDICACIONES.”
Por último, Horacio Meguira, junto a Carlos Alonso, del gremio de Químicos y Petroquímicos de Bahía Blanca, abrieron otro debate, en este caso, sobre “Conflictividad laboral”.
Al respecto, expusieron que “durante 2006, se registraron más de 500 conflictos, de los cuales un 70 por ciento sucedió en el ámbito privado. Y de esa porción, más de la mitad se concentró en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires”. Otro elemento significativo refiere a los sectores de trabajo con conflicto. El sector energético sumó el 6 por ciento de los conflictos registrados, muy cerca de sectores como educación, salud, que aportaron un 11 por ciento cada uno. Al tope, la administración pública, con el 17 por ciento, y el transporte, que llegó al 22 por ciento del total.
Los conflictos tuvieron que ver, en su mayoría, con actualizaciones e incumplimientos salariales, contratados, y prácticas antisindi-cales en las empresas. “La causa principal de esos conflictos es, por supuesto, la cuestión salarial. La actualización, los incumplimientos y la situación de contratados, su encuadramiento, y las prácticas antisindicales”, se dijo en la charla, en la que se destacó el lamentable índice de reclamos por despidos, cerca de 90 de los más de 500 que hubo en total.
Con este debate, se dio por cerrado el seminario, en el que quedó demostrado el trabajo realizado por el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos, un espacio comprometido con la realidad de los trabajadores, y que, con informaciones obtenidas de distintos órganos del Estado, analizadas y complementadas con datos y análisis propios, permite llegar a conclusiones útiles para definir el rumbo de las demandas y acciones de los trabajadores.
