Próximamente se cumplirán 10 años de la adjudicación a EDEA S.A., por parte de la Provincia de Buenos Aires, de la explotación del servicio de distribución eléctrica -con carácter monopólico- en la región sudeste atlántica que anteriormente explotaba ESEBA S.A. La misma fue privatizada, motivando las críticas formuladas oportunamente por esta Organización Sindical, destacándose en especial, la inconveniencia del traspaso de activos propios del patrimonio público al privado, lo cual nos ha ocasionado perjuicios por nuestra postura, no sólo institucionalmente hablando, sino incluso por ser afectados los derechos laborales de nuestros afiliados y de todos los trabajadores de EDEA S.A.
Hoy, con los resultados a la vista, y ante el fracaso de un modelo socio-económico cuya culminación es el desguace del Estado en los años ‘90, sería fácil colocarnos en una posición de tipo paternalista, y adoptar la mera crítica o la actitud que se resume en: “ ya lo dijimos”. Sin embargo, nunca ha sido nuestra intención adoptar una postura de tipo fatalista y quedarnos sólo en lo declamativo. Seguimos y seguiremos luchando por algo que consideramos esencial: La Energía como un bien social y la industria eléctrica, la cual -dado su carácter primario, estratégico y monopólico- debe estar en manos de todos a través del Estado y hasta que ello ocurra exigiremos el cumplimiento, por un lado, de las obligaciones que asumió EDEA S.A. para con sus trabajadores, y por otro, seguiremos bregando para mejorar la calidad del servicio para los usuarios que pagan una de las tarifas eléctricas mas elevadas del país.
Cuando se determinó la venta de los activos estatales a las diferentes concesionarias que desguazaron a ESEBA S.A., se impuso como condición que el 10% del paquete accionario de las nuevas concesionarias, quedarían en manos de los trabajadores. Es decir, los mismos ostentarían una situación dual: dependientes y socios de la empresa. Ahora bien, esta participación como socios no sería una donación, ya que los trabajadores pagaríamos el 10% del capital con las ganancias proporcionales de la sociedad y el 50% de un bono de utilidades; creándose para ello el sistema denominado “Programa de Participación Accionaria del Personal (PPAP)” el cual debía instrumentarse en un lapso no superior a 120 días computados desde que el privado se hiciere cargo del negocio; esto es: desde el 1 de julio de 1997. En el interregno, los trabajadores debíamos manifestar nuestra intención de ser accionistas, el Estado Provincial determinar una fórmula poli nómica para indicar la cantidad de acciones que cada trabajador debía adquirir, EDEA S.A. suscribir un contrato de fideicomiso con el Banco Provincia transfiriéndole a dicha institución bancaria el 10% de las acciones pertenecientes a los trabajadores, para su administración y posterior transferencia a estos últimos una vez canceladas. Cabe observar que, durante la vigencia del fideicomiso, los trabajadores igualmente tienen derecho a una representación en los diferentes órganos societarios – Directorio, Asamblea y Comisión Fiscalizadora -, y que la FATLyF, hasta que se completara la implementación del PPAP, debía ejercer la representación indirecta de los trabajadores, destinatarios del 10% de las acciones, en dichos órganos.
Hoy, habiendo transcurrido casi 10 años, podemos sostener que los trabajadores todavía no detentamos ni ejercemos plenamente este derecho que la Provincia, a través de una ley, nos concedió y ello se debe, no ya a morosidad de los funcionarios del Estado Provincial, sino de la propia EDEA S.A. y de la complicidad o al menos omisión por parte de FATLyF.
Sostenemos que no hay morosidad del Estado, por cuanto el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, a través del Subsecretario de Obras Públicas, con fecha 22/03/07 le remitió a EDEA una carta documento que es la consecuencia de las actuaciones 2403-1745/06, iniciadas por este Sindicato, por la cual se la intima para que, en un plazo no mayor de 20 días, el Directorio convoque a una Asamblea especial de accionistas, para que éstos decidan sus representantes en el Directorio y demás órganos societarios, conformando a su fin el pertinente Comité Ejecutivo, por entender la autoridad de aplicación que el PPAP en EDEA S.A. no se encontraba cumplimentado, faltando como último paso -para su implementación- que los trabajadores puedan decidir sus representantes, debiendo cesar en ese acto la representación indirecta de la FATLyF.
Cabe destacar que la decisión de la Subsecretaría cuenta con el aval favorable de la Asesoría General de Gobierno, según dictamen 640/07, que obra en las actuaciones ya indicadas.
A la fecha, el Directorio de EDEA SA respondió la intimación con su política de negar y echar la culpa a otros, comunicando al Ministerio de Infraestructura y Energía, que es el Comité Ejecutivo (es decir el director designado por la FATLYF) quien debía convocar a Asamblea.
Más allá del débil argumento, esta actitud nos deja en claro lo siguiente:
-# No le interesa implementar el Programa, aún violando la Ley como lo viene haciendo, y menos que sean los trabajadores quienes elijan directamente a sus representantes.
-# Es evidente que el actual “director obrero” es funcional a los intereses de EDEA S.A. y que podemos resumir en:
No poder fiscalizar el negocio y con ello sincerar la real recaudación, la política de inversión que lleva a cabo, la posibilidad de aumentar los salarios y saber si se sigue subsidiando al GRUPO CAMUZZI, verdadero dueño del negocio.
-# Continúa con la TERCERIZACION de los trabajos eléctricos que es ILEGAL, ARBITRARIA y violatoria del Marco Regulatorio vigente.
4) Persiste en la PERSECUCIÓN Y DISCRIMINACIÓN puesta de manifiesto en la decisión de no dejar ingresar a miembros de la Comisión Directiva a los lugares de trabajo (violando la ley de asociaciones sindicales).
-# Aplica DESPIDOS SIN CAUSA, sumado al arbitrario descuento de una hora (como si fuese un paro) por no compartir un brindis de fin de año, con quienes creen que pueden comprar voluntades con unos canapés.
No obstante, los trabajadores estamos dispuestos a asumir el rol que nos corresponde y que la Ley nos ha otorgado.
Manifestamos que seguiremos en pos de que los trabajadores (con independencia de afiliación sindical o no) puedan ejercer sus derechos societarios en una asamblea limpia y correctamente convocada, para lo cual recurriremos, de ser necesario, a la instancia judicial (ya iniciada hace más de 4 años) para que el acto societario se realice, como también para que los directores que no cumplan con el mandato oficial se hagan responsables, legalmente hablando, de sus decisiones.
Sostenemos que diez años son muchos, si los mismos los analizamos desde la temporalidad personal. Sin embargo, creemos que en la historia es apenas una página, la cual seguiremos intentando se escriba a favor de quienes, aún siendo mayoría, se nos niega nuestros legítimos derechos.
Mar del Plata, 10 de Mayo de 2007.
