Como Secretario de Organización de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), el Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane, se encuentra en Ginebra (Suiza), sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se está desarrollando la 96ª Conferencia Internacional del Trabajo.
Participan del encuentro que se extenderá hasta el 15 de junio más de 3 mil jefes de estado, ministros, trabajadores y empleadores. Temas como trabajo decente y desarrollo, trabajo infantil en la agricultura, trabajo en el sector pesquero, igualdad laboral, trabajo forzoso y promoción de empresas sostenibles, figuran en la agenda de la reunión de 2007.
En el marco de los encuentros previos a la inauguración de la 96º conferencia anual de la OIT, la delegación ceteatista, integrada además por el Secretario de Relaciones Internacionales, Adolfo Aguirre, y el titular del Departamento Jurídico, Horacio Meguira, se reunió con los integrantes de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y luego participó del Grupo de Trabajadores de la Comisión de Aplicaciones de Normas.
Ante las organizaciones sindicales de todo el mundo, Aguirre reveló que en nuestro país «se repiten episodios de suma gravedad que constituyen violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores».
El titular del área Internacional de la CTA argumentó en favor de que el “Caso Argentino” fuera propuesto por el Grupo de Trabajadores -pedido que contó con el apoyo de las centrales obreras de España CCOO y UGT, de la AFLO-CIO de los Estados Unidos y de la CGT de Francia-, y recordó que «la ley que regula la actividad sindical en la Argentina fue sancionada en 1988, la primera observación de la Comisión de Expertos de la OIT fue realizada en 1989, que señaló que varios puntos de la ley son incompatibles con el Convenio 87, desde entonces, es decir 18 años, este cuestionamiento se repitió en trece oportunidades, y fue receptado por la Comisión de Normas en 1995 y 2005». Y agregó que «este modelo impone en la Argentina un monopolio sindical que impide el desarrollo de estrategias de los trabajadores».
Al respecto, Aguirre explicó que «entre las facultades exclusivas que la ley le otorga al sindicato con personería gremial está la de la representación en el conflicto, el derecho a nomina, la obligación de la patronal a recaudar cuota sindical y, especialmente, la tutela sindical que sólo protege a los representantes de los sindicatos con personería gremial». «De esta manera -graficó- el sindicato que no obtiene este reconocimiento se transforma en los hechos en un ‘no sindicato’, y se encuentra forzado a realizar su acción sindical al margen de la protección de la ley».
A renglón seguido clamó por la resolución urgente de esta problemática que padecen cotidianamente «muchos compañeros, militantes y representantes de sindicatos sin personería gremial que son discriminados por su acción sindical y, en la mayoría de los casos son despedidos d su lugar de trabajo». Y la verdad irrefutable de este punto se palpa en que «en los últimos meses se han producido hechos de suma gravedad violatorios de la libertad sindical, como asesinato, amenazas, persecuciones y numerosos despidos, estas prácticas abarcan actividades económicas muy diversas (automotrices, bancos, supermercados, telefonía e informática, sector público, etcétera) y se reproduce a lo largo del país».
Por eso, Aguirre asentó que «el Estado argentino persiste en dilatar el reconocimiento de la personería gremial a la CTA, a pesar de las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos de la OIT en 2005 y 2006»; además, recordó que el «trámite iniciado en agosto de 2004 lleva casi tres años y no hay ninguna señal que permita interpretar que exista voluntad del Gobierno argentino de materializarla».
Acerca de las consecuencias de la falta de libertad y democracia sindical en el país, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA subrayó que estas «no se reducen al cuestionamiento a la legislación nacional. En este sentido, se ha producido en los últimos meses una escalada de violencia que concluyó el pasado 4 de abril con el asesinato de Carlos Fuentealba, un militante de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, que integra la CTA, durante la represión de una movilización docente en el marco de una huelga». Y completó: «Los antecedentes de este gravísimo atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores de la Argentina en su conjunto deben buscarse, entre otros, en los siguientes hechos: amenazas contra el secretario general de la CTA Santa Cruz; represión policial contra manifestaciones sindicales en Neuquén, Santa Cruz, Salta y la ciudad de Buenos Aires; atentados contra el director del Departamento Jurídico Nacional de la CTA, Horacio Meguira y contra la Central de la Capital Federal», todos estos hechos ocurridos en el transcurso de 2007.
«Como puede observarse, la situación de la libertad sindical es particularmente grave en la Argentina: a la falta de adecuación de la legislación a las disposiciones del Convenio 87 de la OIT, se le ha agregado, en el último tiempo, un componente represivo que obstruye el accionar de los trabajadores en pos de la defensa de sus derechos. Es por ello que solicitamos a los miembros del Grupo de Trabajadores que impulsen el tratamiento del Caso Argentino en el ámbito de la Comisión de Normas de la Conferencia», concluyó Aguirre.
El director general de la OIT, Juan Somavia, se dirigirá a los delegados el 11 de junio para presentar un nuevo informe sobre «Trabajo decente para un desarrollo sostenible». La Conferencia también revisará la propuesta de programa y presupuesto para el bienio 2008-2009. El 12 de junio, cuando se conmemora el Día mundial contra el trabajo infantil, se abordará el tema del trabajo de los niños en la agricultura.
