¿Es Argentina un país con autonomía y soberano? Pareciera que no.
La Cámara de Diputados de la Nación avaló, con 102 votos a favor, la ley “antiterrorista”, norma que se aprobó sin consulta previa y bajo presión, exigencia de EE.UU. y del grupo de Acción Financiera Internacional.
En más de una oportunidad hemos definido nuestra democracia como formal y -por momentos- como una “democradura”, al calor de los hechos conocidos por todos, de represión injustificable, en más de un caso seguida de muerte y de judicializacion de la protesta social, seguida de la penalización de miles de dirigentes sociales, políticos y del movimiento obrero, como mecanismo de poder, para sacar de la acción a los mismos.
Venimos de décadas de entregar patrimonio, soberanía, riqueza, territorio, con características de clara extranjerización, a manos de los grupos económicos multinacionales, que no necesitan ganar elecciones para imponer sus políticas, que el pueblo paga con más crisis, pobreza, explotación y altos niveles de desocupación y precarizacion laboral, entre otras cosas.
Ante esta sanción, el diputado y dirigente de la CTA, Claudio Lozano, dice:
“sería punible quien formara parte de una asociación ilícita cuyo propósito fuere obligar a un gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, siempre que reúna las siguientes características:
“a) tener un plan de acción destinado a propagar el odio…”
“b) estar articulado internacionalmente…”
“ES OBVIO QUE EL GRADO DE AMBIGÜEDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PLANTEA EL PELIGRO DE TRANSFORMAR ESTA NORMA EN UNA HERRAMIENTA LEGAL QUE LIMITE, RESTRINJA Y PENALICE LA TAREA DE MÚLTIPLES ORGANIZACIONES POPULARES.”
Para no calificar a la Argentina como un país peligroso, el organismo internacional exige adecuar las leyes nacionales a normas globales sobre represión del lavado de dinero, a riesgo de «desalentar» las inversiones externas en los países que no modifiquen sus leyes.
El imperio nos domina, y seguirá haciéndolo hasta que frenemos las concesiones. ¿Ahora le entregaremos también nuestras garantías constitucionales?
Las penas previstas por esta ley, que se verá plasmada en la modificación del Código Penal, van de cinco a veinte años de prisión a todo individuo que integre una “asociación ilícita” y “aterrorizara a la población u obligara a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
En este encuadre podría entrar cualquier cosa. ¿Y quiénes son los encargados de aplicarla?, ¿las Fuerzas Armadas?.. ¿la policía?…
Esta ley reprime el accionar del terrorismo, así como su financiamiento, aunque, conociendo la manera de proceder de potencias que gobiernan los destinos del mundo en contra de la humanidad, ¿quién nos asegura que no serán disuadidas, con la misma fuerza, protestas sociales, luchas sindicales por reivindicaciones justas?, ¿cómo sabemos que no tendremos más compañeros procesados y presos políticos, por “resguardar la seguridad del Estado”?, ¿quién dice que la muerte de un compañero trabajador en lucha, como la del maestro Fuentealba, no será enmarcada dentro de esa figura, con el propósito de seguir desarticulándonos, de torcer el movimiento obrero?
Nuestra historia nos enseña que no fueron buenos los ejemplos de represión de supuestas “células peligrosas” y que el suspenso de las garantías constitucionales puede salir a flote en cualquier momento que otra “razón mayor” lo requiera.
Los compromisos internacionales no nos pueden doblegar y la función de nuestros representantes es legislar por nuestros derechos. Como tantas de las organizaciones sociales que se encontraron ayer en la Cámara de Diputados, también decimos que LA APLICACIÓN DE ESTA LEY CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL Y POLÍTICA y no queremos dar un paso hacia atrás con el derecho que nos costó la muerte de tantos compañeros.
“La democracia es algo por lo que hay que luchar en todos los niveles y todos los días contra los poderes económicos concentrados.”
p/ COMISIÓN DIRECTIVA – SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA.
