Actuando como un empresario, más que como un dirigente sindical, Lescano realizó un pedido en consonancia con el resto del sindicalismo empresarial, el que vendió los derechos de los trabajadores y que sigue trabajando, como en la década del 90, únicamente en beneficio del poder económico.
Como escribió Página 12, “las empresas eléctricas encontraron un aliado para presionar por un aumento de tarifas”. Más adelante dice el artículo publicado el 13 de septiembre que Lescano se muestra convencido de que “las tarifas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires están muy bajas, y son las más baratas del mundo” y que los incrementos alentarán las inversiones privadas necesarias para aumentar la oferta de energía.
Lo dijo Lescano, el mismo sindicalista que en la década del 90 afirmaba “Privatizamos o me quedo sin gremio”. Así defendía un proceso que dejó trabajadores en la calle y que hoy paga en negro, terceriza para lograr mayor rentabilidad, no invierte en mantenimiento y adecuación de sus instalaciones, que se maneja con sus propias leyes, de acuerdo a un único interés: el suyo.
{{{El bolsillo del usuario no da para más.}}}
En conversación con Radio Residencias, nuestro Secretario General, José Rigane, manifestó que Lescano “se expresa como un hombre que representa al empresariado, dado que ellos forman parte, precisamente, de los directorios de muchas empresas de las que se hicieron cargo y, de alguna manera, lo que están planteando es lo que muchos empresarios están reclamando: que se produzca un aumento de tarifa”. Y a esto agregó: “nosotros decimos que lo que hay que discutir en todo caso es la estructura tarifaria. La estructura tarifaria que tiene una conformación desde la década del 90 y está hecha para perjudicar al pobre”.
“Tenemos un cargo fijo que pagamos todos, sin importar si uno consume 10 kilowat o consume 50, 100 o 1000. El cargo fijo es exactamente igual. Y el cargo fijo no está en la factura por un hecho fortuito, sino que es el que le garantiza a la empresa el sostenimiento y desarrollo del sistema de distribución, en el caso de una distribuidora. Con lo cual, los sectores residenciales, los más populares y los que menos condiciones económicas tienen para abordar, después del proceso de privatización, el pago del consumo de energía eléctrica, son los que hacen el sostenimiento, precisamente, de esa tarifa que en su momento se estructuró basada en valor dólar”, explicó Rigane.
Sobre el tema, continuó argumentando Rigane: “¿Quién hace las inversiones? El consumidor. ¿Y para qué aumentan la tarifa?, ¿para mantener niveles de rentabilidad de la época del 1 a 1? Me parece que no tiene sentido, que acá hay una política presente en las empresas, la de mantener mayores niveles de rentabilidad. No importa si esto perjudica al conjunto de los usuarios, que es el que mantiene, precisamente, el servicio”.
Y continuó reafirmando la necesidad de una honda discusión sobre la construcción de la tarifa: “si hay que modificar, habrá que discutir sobre una ecuación de nuevos valores. Pero pedir un aumento de tarifa sin esa discusión y sin que las empresas cumplan con las inversiones que no han hecho y que todo esté subsidiado por el Estado, no está bien. Se trata de empresas privadas que supuestamente venían a invertir, en calidad de riesgo, y que lo iban a hacer en función de recuperar empresas eficientes y, a la vista de la crisis eléctrica que vivimos, eso fue todo un verso. Me parece que está fuera de toda lógica”.
Consultado sobre si el próximo gobierno nacional cargará con la responsabilidad de aumentar la tarifa eléctrica, dijo Rigane: “no me extrañaría que el actual gobierno se retirara produciendo un incremento de la tarifa a nivel de los usuarios residenciales de manera significativa e importante. Hay una realidad: los subsidios del Estado cruzan todas las empresas privadas. Esto sucede en los ferrocarriles, en los subterráneos, en las autopistas, en los peajes, en las empresas de generación, en las empresas distribuidoras. Hay un cruce de fideicomisos y subsidios que puede estallar en nuestra cara. Y es por eso que hay que terminar con esta situación. El Estado tiene que dejar de hacerse cargo de empresas que son las que, supuestamente, tienen que invertir y asumir, sencillamente, el proceso, sin explotar ni someter al usuario. Tanto cuando se gana bien o muy bien como cuando se gana un poco menos. Ésos son los riesgos que corre cualquier empresario”.
