EDEA no deja de empeñarse por ser una empresa distribuidora cuyos valores son la mediocridad y la impunidad en tanto no cumple con los mantenimientos preventivos necesarios, a pesar de la obsolescencia de algunas instalaciones y cobra una de las tarifas residenciales más caras del país.
Y no solamente los usuarios sufren los estragos de estas características de EDEA, ya que los trabajadores padecemos la dirección empresaria que cree que los derechos civiles se terminan cuando ingresamos a trabajar y nos convertimos en un número de legajo: nos satura con cámaras filmadoras en los lugares de trabajo, nos despide sin causa, reprime y sanciona a trabajadores, delegados gremiales y hasta miembros de Comisión Directiva.
Con la anuencia del sindicalismo empresarial (la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza) EDEA S.A. paga salarios en negro y terceriza sectores claves para el servicio eléctrico, entre otras violaciones al Convenio Colectivo de Trabajo, a la Ley de Marco Regulatorio y al Contrato de Concesión. Y cuando en algún conflicto gremial el gobierno toma parte, EDEA no asiste a las audiencias ni acata sus disposiciones.
Esta empresa, además, adeuda desde 1997 las acciones correspondientes a los trabajadores clase C, de acuerdo al Programa de Participación Accionaria del Personal (PPAP), fruto de la privatización.
EDEA S.A. tiene una careta de empresa eficiente, de calidad, y con un comportamiento responsable y solidario detrás de la cual, el grupo italiano Camuzzi muestra su desprecio por la Ley Argentina, por los usuarios y los trabajadores.
