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Resolución aprobada por el X congreso Nacional Extraordinario de FeTERA, el 28 de marzo de 2009, Mar del Plata, Argentina
La Argentina puede tener energía barata, porque tiene recursos energéticos propios, desarrollo técnico, y mano de obra calificada, formada a partir de 80 años de soberanía energética
Ante los aumentos de las Tarifas eléctricas
Que no ha habido inversión por parte de las concesionarias privadas, amparadas por el Estado cómplice.
Las inversiones en el sector energético, se concentraron desde el gobierno de Carlos Menem a la fecha, en exportar petróleo y gas y en construir generadores que utilizan hidrocarburos como combustibles. Malgastando las reservas de gas y petróleo; acumuladas con gran esfuerzo, por Gas de Estado e YPF.
No se construyeron represas, centrales nucleares, y los generadores eólicos constituyen una rareza tecnológica y turística.
Esta política de saqueo, ha convertido a la energía, en un recurso, que hoy es caro y escaso.
El gobierno nacional, invierte mas de 15.000 millones de pesos anuales para sostener, en definitiva, las ganancias y las políticas de las empresas energéticas, casi todas extranjeras y exportadoras además de las rentas que obtienen; sin resolver problemas como el de la falta de abastecimiento de gas natural a la mitad de los habitantes argentinos, el de la construcción de generadores con combustibles mas baratos o la reducción sustancial del precio interno de los hidrocarburos, que encarece enormemente el valor final del kilowatt.
Durante más de quince años, las empresas de la energía recaudaron muchos millones de dólares, y no realizaron las obras que dicen que quieren hacer ahora, aumentando las tarifas.
Que el aporte permanente de fondos a las empresas privadas, ya sea a través de subsidios o de aumento de tarifas no tiene una explicación lógica y constituye un robo al pueblo.
El gobierno nacional ha modificado su política de subsidios hacia la denominada “garrafa social”, y hacia las generadoras térmicas, aumentando tarifas finales en todo el país.
Por una vía u otra la sociedad argentina, asegura la tasa de ganancia de las empresas, que por otro lado deberían ser sometidas a discusión pública, como se hace con el salario mínimo, vital y móvil.
La suma de esos subsidios supera los 15.000 millones de pesos anuales, sin contar las obras realizadas con distintos fondos especiales y fideicomisos que periódicamente y a lo largo de la última década el Estado ha realizado y realiza.
Estos aportes constituyen una irracional transferencia de riqueza hacia sectores económicos que no crean trabajo, no invierten en relación a sus ganancias, tienen el derecho a disponer libremente de nuestros recursos naturales y al no explorar para descubrir nuevas fuentes de gas y petróleo, condenan el futuro de la energía argentina a una situación de dependencia, muy complicada, en un mundo donde los combustibles comienzan a ser considerados en el marco de la seguridad nacional.
No es cierto que las tarifas finales de electricidad y gas debían ser aumentadas debido a su bvajo valor en comparación con las de los demás países de la región.
Nosotros decimos que el valor de la energía depende de las políticas que en cada país se dé y del valor económico y social que cada sociedad elabore sobre la energía.
Argentina tiene petróleo, gas, uranio, caídas de agua, zonas de veloces y permanentes vientos, recursos de carbón para doscientos años. También tiene mano de obra calificada y técnicos e ingenieros capacitados.
Lo que no tiene es una política soberana para utilizar todos estos recursos a favor del desarrollo de procesos productivos propios, que además dosifiquen la utilización de las reservas, para garantizarlas durante más años y permitan la creación de conocimientos y tecnologías nuevas que nos lleven a ir reemplazando la actual dependencia del petróleo y el gas, cada día mas escasos, por fuentes energéticas mas limpias y renovables.
La energía la consideran barata, porque la razonan como una mercancía, con valor de cambio internacional. La llaman commodity. Además como la política económica está ganada por el razonamiento neoliberal, los valores de intercambio internacional, los trasladan al mercado interno, aumentando artificialmente su precio local y encareciendo las tarifas finales de consumo.
La Argentina puede tener energía barata, porque tiene recursos energéticos propios, desarrollo técnico, y mano de obra calificada, formada a partir de 80 años de soberanía energética.
La Argentina tiene tarifazos porque está sometida a una política de saqueo de sus recursos naturales no renovables.
La lucha contra el tarifazo es una lucha por la dignidad, la soberanía, y la defensa del salario.
La FeTERA, junto a organizaciones de usuarios, barriales, sociales y políticas ha constituido el Movimiento Nacional Contra el Tarifazo, construyendo organización y aportando conocimiento para clarificar los fundamentos justos y necesarios de esta lucha.
Decimos que es una lucha por la dignidad porque sostenemos que en la sociedad del siglo XXI, no se puede vivir dignamente sin servicios universalizados, en cantidad suficiente y calidad adecuada de electricidad, gas, agua y cloacas.
Que sin estos servicios garantizados las familias retrotraen sus condiciones de vida al siglo XIX o XVIII; y la posibilidad de planificar nuevos sistemas productivos y fuentes de trabajo no está garantizada.
Decimos que es una lucha por la soberanía porque hoy el pueblo argentino, en virtud de la legislación neoliberal vigente no puede decidir libremente que tipo de energía utilizar, cuantos puestos de trabajo crear, como asegura recursos naturales para las generaciones futuras, a que valores y en que cantidades distribuye sus disponibilidades energéticas y como organiza la explotación racional de las mismas.
Además estas incapacidades traban la posibilidad de generar conocimiento ciencia y tecnologías propias.
Decimos que la lucha contra el tarifazo es una lucha por la defensa del salario, porque los valores finales de la energía se trasladan a los precios de la canasta familiar, encareciendo la vida cotidiana; además la inflación, disimulada por la alteración de las estadísticas del INDEC destruye puestos de trabajo y torna exiguo el valor del salario. Reclamamos una política de precios justos, basada en costos locales; y para ello se hace necesaria la recuperación de las empresas de servicios públicos, los recursos naturales energéticos y la renta del sector, a manos del pueblo y el Estado argentinos.
