La Ley 26.417, de movilidad jubilatoria, fue sancionada a fines de 2008 con el absoluto rechazo de los jubilados de todo el país. Hoy, los integrantes del NUCLEAMIENTO DE ENTIDADES DE JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con personería juridical en trámite, seguimos afirmando que, sin duda, es necesario formular una nueva Ley de Jubilaciones y Pensiones que persista en el tiempo y atienda con mayor realidad las demandas de vida del sector, esto es, una movilidad adecuada que se actualice.
Al mismo tiempo debe contemplarse la adecuación correcta de la jubilación mínima al valor del salario mínimo vital y móvil, ya que un mísero haber de $ 700 es una burla para la condición humana. Esta sigue siendo una imperiosa, justa e impostergable necesidad de los jubilados de todo el país que reclaman el derecho a una vida digna.
La Corte Suprema de la Nación ha señalado reiteradamente que la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibió el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por sus servicios. Debe ser el sustituto equivalente del salario que permita al beneficiario mantener en la pasividad un nivel de vida acorde con el que tenía en actividad. Por lo tanto, el mecanismo de movilidad que se aplique no puede traducirse en un desequilibrio de la razonable proporcionalidad entre la situación de un activo y un pasivo.
El hecho es que desde marzo de 1995 las prestaciones previsionales no fueron objeto de movilidad alguna, con la excepción de reajustes por decretos de haberes mínimos. Al respecto, la Corte Suprema de la Nación ha señalado que tal realidad ha afectado las posibilidades de los jubilados a ver incrementadas sus prestaciones en el mismo nivel
general de las remuneraciones, por lo que quedaron privados de una porción de sus haberes.
En otro orden, con relación a una situación no menos grave, legisladores y líderes de la oposición sumaron estos días sus voces a la de millares de jubilados en reclamo de transparencia en la gestión de los fondos previsionales que en gran medida utiliza el Estado para financiar sus gastos y proyectos. Al respecto, la misma ANSES reconoció que no efectuó desembolsos para los planes de obras públicas y viviendas anunciados.
Las demandas se fundamentan en el hecho de que, desde que la Administración Nacional de la Seguridad Social recibió los recursos que estaban en el eliminado sistema jubilatorio de capitalización, no existe información pública sobre la conformación y los movimientos del llamado fondo único de garantía del sistema de reparto. Allí hay activos valuados en unos $ 103.600 millones, y a cinco meses de la reforma, no se aplican sobre el fondo los controles previstos por la Ley 26.425, algo que denuncian incluso legisladores que apoyaron la estatización.
Asimismo, los legisladores han señalado que al tomar Letras del Tesoro para financiar al sector público, el organismo suscribe tasas de interés inferiores a la inflación, algo que también ocurre cuando se coloca dinero en los bancos para los planes oficiales de préstamos varios. Esto significa una licuación del valor de fondo.
Pero, como si los tiempos de la oscuridad no quisieran cesar, la Provincia de Buenos Aires toma fondos del Instituto de Previsión Social por $ 1.600 millones. En ambos casos, la ANSES y el Gobierno provincial firman bonos o pagarés de muy difícil reembolso para agudizar la crisis, ya que la deuda asumida con los jubilados por anteriores administraciones jamás ha sido saldada.
{{{POR ELLO DEMANDAMOS}}}
1) Creación del Consejo del Salario de Jubilados y Pensionados con el correspondiente funcionamiento de su propia paritaria.
2) Actualizar todas las jubilaciones: las jubilaciones mínimas elevarlas al salario mínimo, vital y móvil; reajustar las demás escalas al 82% del salario del activo
3) Control de la ANSES por los propios jubilados, más la incorporación del Tribunal de Cuentas de la Nación (ver Ley 26.425)
4) Cumplimiento a lo determinado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que los reajustes deben ser mensuales y no en forma periódica semestral.
5) Devolución de la deuda que tiene el Estado con todos los jubilados.
Nosotros NO hacemos huelgas, NO cortamos rutas, NO desabastecemos el país, NO gritamos, NO tenemos padrinos políticos, NO hacemos contubernios y NO tenemos dinero para organizar actos callejeros.
Tan sólo esperamos que nos escuchen y nos den las soluciones JUSTAMENTE RECLAMADAS.
Por último, queremos expresar nuestra solidaridad con la protesta del personal civil de la Base Naval que afronta con sus familias un difícil futuro ante el proyecto oficial de desactivar la Base Naval de Mar del Plata.
{{FIRMAN LOS REPRESENTANTES DE LOS CENTROS DE JUBILADOS DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA – LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA- CASINOS EN SUS RAMAS JUEGO Y MAESTRANZA – EMPLEADOS DE COMERCIO – ATE-JUDICIALES – PRENSA- UOCRA – ETC.}}
