La mal llamada ley de “movilidad” jubilatoria (26.417) podría ser modificada si los proyectos que lograron dos dictámenes de comisión en Diputados, pasan la prueba de la Comisión de Presupuesto y Hacienda – que preside el diputado kirchnerista Gustavo Marconato – y llegan al recinto. Luego deberá también aprobarse en el Senado, donde dos proyectos similares obtuvieron dictamen en la comisión de Previsión.
La ley vigente establece dos ajustes anuales en los haberes jubilatorios que hoy apenas alcanzan a un 40% del salario de un trabajador activo en la misma categoría con la que el jubilado se retiró. Contempla para la actualización, variables como la recaudación tributaria y la cantidad de beneficiarios.
Esto es cuestionado por las organizaciones del sector (en especial la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados) que ha logrado que sus reclamos entren al Parlamento. Allí, diputados de diversos partidos no oficialistas acordaron dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. Ambos coinciden en volver a establecer un piso para la jubilación mínima del 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil, y para el resto de los haberes ajustes que se realicen dos veces por año según las variaciones de los salarios de trabajadores activos. Para esto proponen tomar la evolución del índice de salarios (del INDEC) o el promedio de las remuneraciones de los trabajadores con estabilidad laboral (el RIPTE de la ANSES), el mayor de ambos.
El dictamen en minoría agrega las fuentes de financiamiento. Este es el punto cuestionado por los legisladores oficialistas y por el gobierno, que trata de irresponsable la propuesta de modificación argumentando que el Sistema se desfinanciaría a corto plazo si se aumentan los haberes con este criterio. Además, el ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó que el impacto de esta medida sería de 30 mil millones de pesos al año (2,5 % del PBI) convirtiendo el superávit presupuestario, estimado en 1,5 % del PBI, en un déficit.
Sin embargo los legisladores, cuyo proyecto se aprobó en minoría, plantean tres medidas concretas para hacer frente a los aumentos. La primera es subir las contribuciones patronales de las empresas que no sean pymes (pequeñas y medianas) al nivel que tenían antes que Domingo Cavallo (ex ministro de Economía de Menem) las beneficiara con un rebaja del 5 %. En segundo lugar, con el superávit que tiene la ANSES; y en tercer término poniendo un límite al Fondo de Garantía que fue creado por la nueva ley y que acumula 150.000 millones de pesos. Liberando 50.000 millones se puede hacer frente a la mitad de las prestaciones anuales.
Se trata de que el aporte de los trabajadores activos se use para el destino que deben tener: pagar las jubilaciones de los trabajadores pasivos. Y así mejorar los magros haberes que cobran la 5 millones de jubilados. Son casi el 80 % cuyo haber es de 895 pesos, cifra que no llega a la canasta básica de pobreza, establecida por el organismo estadístico estatal (INDEC) en 1.154 pesos. Si se aprobara el proyecto, la jubilación mínima subiría a 1.230 pesos. Hace pocos días el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dio a conocer un informe que revela que los ingresos que necesita un jubilado para cubrir una «canasta básica» son de 2063 pesos.
Por otra parte, el argumento del gobierno es que los fondos de la ANSES se usan para no recortar gastos sociales o para desarrollar medidas anticíclicas, por ejemplo para evitar que las fábricas (en su mayoría multinacionales que siempre han ganado y lo siguen haciendo) no despidan trabajadores o para subsidiar a través del sistema REPRO (Programa de Recuperación Productiva) salarios que deberían pagar esas mismas empresas.
Este argumento se cae fácilmente si pensamos en ciertos sectores que hoy no pagan impuestos sobre sus grandes ganancias. Solo para mencionar dos, nos referimos a las Mineras que están exentas de impuestos (salvo las míseras regalías que en algunos casos se les reintegran por sacar los recursos por ciertos puertos argentinos) y a las ganancias de las operaciones en la Bolsa. Las utilidades que arrojan las operaciones con las acciones de las empresas que allí cotizan – grandes empresas y en su mayoría multinacionales – están exentas del impuesto a las ganancias en manos de quienes las poseen.
Son sólo dos de los sectores que, con decisión política y en el marco de un proyecto que sea popular en la práctica y no sólo en el discurso, deberían ser quienes “derramen” hacia la sociedad una mínima parte de lo que ganan.
Claro que esto no se condice con la reunión que tuvo la presidenta con Directivos y ejecutivos de la minera Barrick Gold, en ocasión de la reunión del G-20. En Canadá les dio la seguridad que la ley minera menemista no se modificará. Así podrán seguir con un negocio que les rinde mucho más que los fondos de los jubilados destinados a una asignación por hijo de 180 pesos.
Cuando la presidenta Cristina Fernández dio su discurso en Rosario durante el acto del día de la Bandera afirmó: «Para ejercer la solidaridad con los pobres hay que tomar decisiones que molestan a los que más tienen…».
¿Cuáles son esas decisiones? ¿Quiénes están molestos si tan solo mirando el presupuesto nacional vemos 40 mil millones de pesos destinados a promociones industriales, subsidios y beneficios para las grandes empresas, solo 10 mil millones para la asignación por hijo y partidas para salud y educación que apenas superan juntas lo destinado al pago de la deuda externa?
¿Por qué un reclamo que llevan desde hace 950 miércoles nuestros queridos viejos a la calle, el gobierno lo ha convertido, como tantos otros, en una “irresponsabilidad y un «gesto demagógico», de la “oposición destituyente”?
Cuando el 10 por ciento de los hogares más ricos (también según datos oficiales del INDEC) concentra un 29,6 por ciento de los ingresos totales del país, mientras que el 10 por ciento más pobre sólo recibe el 1,7 por ciento de la torta distributiva; cuando el ingreso promedio en los hogares de más altos ingresos llega a casi 12.000 pesos mensuales , mientras que en el sector más bajo es de solo 668 pesos; cuando Argentina tiene 13 millones de pobres, casi 6 millones de indigentes, la mitad de esos son chicos; cuando hay casi 8 millones de personas con necesidades básicas insatisfechas; cuando hay un millón y medio de trabajadores en situación de desocupación abierta, cuando más de la mitad de los laburantes se encuentran en situación de precariedad laboral; cuando hay un millón doscientos mil jóvenes que no estudian ni trabajan, le preguntamos a la Presidenta: ¿quiénes son los que deberían estar molestos? Y le decimos que la verdadera solidaridad no es darnos las migajas que sobran en el festín del poder.
