EDEA S.A. del grupo CAMUZZI, continúa violando intimaciones del Estado.

{{FUENTE: CTA provincia de Buenos Aires}}

[3/09/2010] Los trabajadores de Luz y Fuerza de Mar del Plata continúan el paro para exigirle a la empresa prestadora de energía que acate las normativas del ejecutivo provincial con el fin de cumplir con la ley y el cese inmediato de la persecución a los trabajadores del sector.

El conflicto nace porque EDEA del Grupo Camuzzi desconoce el dictamen 1197/09 del Ministerio de Trabajo al no cumplir las normas institucionales y democráticas poniendo en duda de que todos somos iguales ante la ley.

Hugo “Cachorro Godoy”, secretario general de CTA y ATE provincia de Buenos Aires junto a José Rigane, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y secretario de organización de CTA Nacional realizaron una conferencia de prensa para exponer los artilugios y el menoscabo de esta empresa ante los trabajadores y la sociedad misma.

José Rigane señaló que “EDEA es una empresa que no reconoce las instituciones democráticas vigentes en la provincia y en el país, y desconoce a la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Trabajo en un dictamen que realizó el propio ministerio un año atrás”, y agregó que “nosotros venimos luchando para que se reglamente y se aplique, pero a pesar de las multas, de las inspecciones y de las convocatorias que se le han hecho a la empresa desde distintos ámbitos, siguen negando cumplir con este dictamen”.

Rigane remarcó además que “el dictamen se trata de que no pueden tomar examen psicofísico a los trabajadores de un mismo sector en tanto y en cuanto estos intenten cubrir cargos superiores en ese sector. Esta decisión de la empresa provoca que nosotros entremos en conflicto y continuemos con el paro”.

Vale recordar que EDEA S.A. es una empresa que hace 13 años actúa con un alto grado de impunidad, que tiene a cargo el gas desde Ushuaia a La Plata y que además tiene la distribución, entre otras actividades, del Centro SurEste de la provincia de Buenos Aires.
“Por eso le estamos exigiendo al Gobernador Scioli que intervenga y si es necesario que haga caer la concesión. Esta es una empresa que viola los derechos de los trabajadores y de los usuarios, por que no cumple, por ejemplo, con la normativa de tener un servicio 0-800. Parece un detalle menor, pero tiene un 0810, osea que los usuarios para hacer un reclamo tienen que pagar”, resaltó Rigane.

Hasta el propio Consejo Deliberante de Mar del Plata envió una resolución por unanimidad solidarizándose con la organización sindical y los trabajadores, exigiéndole a la empresa que cumple con el dictamen mencionado.

Por último, el dirigente marplatense sostuvo que “además de todo, la empresa es una cárcel porque está lleno de cámaras y micrófonos y trata de utilizar a la Justicia Penal haciendo denuncias de daños y prejuicios. Esto es una verdadera vergüenza, es una bofetada a las instituciones democráticas por parte de un grupo internacional que saca dividendos todos los meses fronteras afuera en su cuenta en Suiza, cosa que podemos demostrar por que está presentada la denuncia en la Justicia de Mar del Plata”.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy señaló que “los trabajadores están de paro hace 18 días y la empresa con esta actitud de violar sistemáticamente no solamente el convenio sino las intimaciones del propio Ministerio e Infraestructura de la propia ESEBA, es una franca rebeldía ante la legislación nacional y ante los poderes del estado público”.

Además, el secretario general de la CTA provincial remarcó que “esta empresa multinacional se está burlando de los trabajadores, de la población de Mar del Plata, del resto de localidades que atiende con sus servicios, y de la propia estructura del estado provincial, por lo tanto queremos respaldar plenamente la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza Mar de Plata y también junto con ellos, exigirle al Gobernador de la provincia su inmediata intervención, por que si se viola la legislación, si se pasan por encima intimaciones y multas del Ministerio de Infraestructura y del Ministerio de Trabajo, está claro que esta empresa multinacional no puede seguir siendo concesionaria”.