Cuando el 2 de noviembre Amado Boudou, ministro de Economía y vicepresidente electo y Julio De Vido, ministro de Planificación, anunciaron la conformación de una comisión especial que revisará integralmente la política de subsidios a los servicios públicos, se generó automáticamente una duda: ¿quién se hará cargo de la diferencia tarifaria?
Los valores de la factura de los servicios públicos pueden sostenerse de tres lugares distintos: del usuario, de la empresa o del Estado. Con la política de subsidios es el Estado quien se hace cargo, que en definitiva son los usuarios a través de los impuestos.
Ante el anuncio de la quita de los subsidios “obviamente no se va a hacer cargo la empresa, así que se va a terminar haciendo cargo el usuario, de una u otra manera”, opinó José Rigane, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Energía.
Rigane señaló la incertidumbre que pesa aún sobre esta medida: “Todavía no se tiene claro cuál va a ser la dimensión de la quita de subsidios, a quiénes va a ser y a qué categoría de usuario”.
Aun con este panorama poco claro, el gobierno no tardó en salir al cruce ante las medidas concretadas o por concretar en materia de aumentos en provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Misiones y La Rioja.
“Lo que hemos anunciado es una baja en los subsidios, no un aumento de tarifas, por lo que si alguna provincia sube las tarifas le retiraremos un valor equivalente de subsidio”, advirtió el domingo pasado Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación de Control y Gestión del Ministerio de Planificación Federal, mano derecha de Julio De Vido.
El problema que surge no es la quita en sí, lo cual no estaría mal teniendo en cuenta que se trata de empresas privadas y en la mayoría de los casos de capitales extranjeros, sino el desamparo en que dejan a los usuarios y usuarias.
Al respecto Rigane explica que la decisión política de la quita de subsidios es positiva ya que se hacía insostenible mantenerlos un país donde se tiene que importar, por ejemplo, el gas y la nafta. Actualmente el monto que el Estado desembolsa para los subsidios ronda los 70 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a un 4% del PBI.
Sin embargo lo que realmente se pone de manifiesto es la ausencia de políticas estatales a problemáticas profundas, a las cuales se toca de costado pero no se las ataca de raíz. “Lo que hay que hacer es una transformación más de fondo en donde conceptualmente se restablezca la energía como un bien social” opinó Rigane.
El dirigente sindical explica que si a un servicio se lo reconoce como bien social deja de ser una mercancía, por lo tanto ninguna empresa podrá buscar lucro con su consumo.
“Mientras no se cambie conceptualmente las decisiones que se impusieron en la década del 90, con la implementación de las políticas liberales y neoliberales de la mano de las privatizaciones, una buena iniciativa como quitar los subsidios, se puede convertir en una mala iniciativa, desde el momento en que se vuelque en los bolsillo de los usuarios”, precisó Rigane.
El problema sigue siendo que se toman decisiones en el plano de la política financiera, entonces se ponen restricciones a los sectores más pobres. Rigane explica que 6 de cada 10 empresas son extranjeras por lo que el dinero que generan gira fronteras afuera. “Por eso no hay inversiones y por eso es el Estado el que tiene que sostenerlo con políticas de subsidio, pero con el absurdo de llegar a subsidiar a los casinos y el hipódromo. No tiene ningún sentido que nosotros, el pueblo argentino, estemos subsidiando a empresas que precisamente se han instalado en el país para ganar dinero”, concluyó José Rigane.
MAR DEL PLATA 16 DE NOVIEMBRE 2011
