por Inés Hayes *
Mientras que en el Boletín Oficial se publicaba la entrada en vigencia de la Ley Antiterrorista, en la CTA Nacional se llevaba a cabo ayer una conferencia de prensa anunciando la firme decisión de la Central, partidos políticos, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos de luchar por la anulación de la legislación que criminalizará aún más la protesta social. La conferencia finalizó con la convocatoria a marchar esta tarde a las 17 horas de Avenida de Mayo y Nueve de Julio a Plaza de Mayo.
La criminalización de la protesta social ya tiene nombre y apellido: Ley Antiterrorista 26.734. Su puesta en vigencia fue anunciada este miércoles 28 de diciembre en el Boletín Oficial. “Ya está publicada la ley en el Boletín Oficial”, comenzó la conferencia de prensa Ricardo Peidro, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina. Ante la presencia de medios televisivos y radiales nacionales, el secretario adjunto de la Central dijo: “Es una ley represiva. Tenemos que lanzar una lucha para que sea anulada” y llamó a marchar hoy a las 17 horas desde Avenida de Mayo y Nueve de Julio a Plaza de Mayo.
Pese a las críticas de la oposición y la resistencia de los organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos, la ley no sólo fue promulgada sino que ya entró en vigencia: “con esta ley hasta Gandhi sería tipificado como terrorista”, dijo Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Que un Gobierno con un discurso que dice defender un proyecto de país “nacional y popular” promulgue una ley de estas características, amparado por un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, organismo multilateral establecido en 1989 por el G-7) no deja de ser una contradicción, pero la falta de coherencia entre el discurso y la acción se ve con más claridad en la vida real: en un año 15 personas fueron asesinadas por reclamar tierra y trabajo y más de 5 mil hombres y mujeres están procesados por defender sus puestos de trabajo. “Lo que se está preparando es el disciplinamiento de los trabajadores frente a la crisis”, enmarcó Peidro la sanción de la ley.
La reciente ley 26.734, cuyo texto modifica extractos del Código Penal, establece que las penas se incrementarán en el doble del mínimo y el máximo “cuando delitos previstos en el Código Penal se cometieran para aterrorizar a la población”. A esa norma se le agrega el artículo ‘41 quinquies’: “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
”La falacia de presentar esta ley para combatir el lavado de dinero es una excusa que marca una pérdida de soberanía dado que el GAFI es un invento de los organismos multilaterales”, comenzó su intervención Hugo Blasco, secretario de Derechos Humanos de la CTA. “Lo que está detrás es el límite del modelo de desarrollo. Ya no pueden hacerse los distraídos con las muertes: necesitan legalizar el mecanismo de la represión”, dijo Blasco sin medias tintas.
El secretario de Derechos Humanos agregó que la ley lleva a la libre interpretación de los jueces, muchos de los cuales vienen de la dictadura militar. “Esta ley no es más que otra sumisión a los organismos multilaterales que responden al gendarme del mundo que es Estados Unidos”, añadió luego de recordar que Argentina pertenece al Grupo de los 20 (G-20). “Esta ley ya fue promulgada y puede empezar a tener efectos sobre nosotros”, concluyó Blasco acompañado por los integrantes de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina y Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
También estuvieron presentes José Schullman y Graciela Rosemblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Humberto Tumini de Libres del Sur, Jorge Altamira y Marcelo Ramal del Partido Obrero, Vilma Ripoll y Alejandro Bodart del MST, Alcira Argumedo de Proyecto Sur, Martín Orgando de Juventud Rebelde 20 de diciembre, Juan Manuel Kart de la FUBA, Alejandro Lipcovich presidente de la FUBA, Ana Laura Lastra del PTS, Mónica Scandizzo de la junta interna de ATE-INDEC, Nicolás Tauber de Liberpueblo, Graciela Vargas de la AEDD, Oscar Rodríguez y Alicia Peralta de la APDH de La Plata, Santiago Gándara de la AGD-UBA, Gustavo Vera de La Alameda, Víctor Mendibil secretario general de la Federación Judicial Argentina, Ana Careaga del Instituto Espacio por la Memoria y Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
La conferencia finalizó con la convocatoria a la marcha prevista para esta tarde a las 17 horas en Avenida de Mayo y Nueve de julio para caminar a la histórica Plaza de la Victoria para exigir la nulidad de la ley.
{{{ {{Repudio generalizado
Judiciales
}} }}}
“En nombre de la Mesa Directiva de la Federación Judicial Argentina convocamos a movilizarnos junto a la CTA, este jueves 29 de diciembre contra la Ley Antiterrorista recientemente aprobada por diputados y senadores. La criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo. Tuvo en épocas recientes (menemismo, Alianza), momentos de intensificación, ahora el gobierno se ufana de no reprimir pero pretende ajustar aún más la legislación represiva, para que penda como una amenaza sobre los sectores populares.
Es decir, el gobierno nacional está privilegiando en este punto, sus relaciones con el poder financiero internacional, por sobre el ejercicio de las acciones de protesta social que puedan llevar adelante todo tipo de organizaciones sociales en nuestro país: sindicatos, movimientos de campesinos y pueblos originarios, organismos de derechos humanos y sociales. Precisamente aquellos que, desde 1976 en adelante, han sido quienes han encabezado esos procesos de resistencia ante la profundización de los programas de ajuste. Llamamos a concentrarnos este jueves 29 de diciembre, a las 17 horas, en 9 de Julio y Avenida de Mayo para movilizarnos a la Plaza de Mayo, junto a la CTA y organismos derechos humanos».
{{ {{{Córdoba}}} }}
“La CTA de la Provincia de Córdoba repudia la conocida ‘Ley Antiterrorista’ aprobada recientemente por el Congreso Nacional, norma expresamente atada a los intereses del capital financiero internacional e impuesta por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo de tercer orden ligado a las corporaciones que llevaron al capitalismo actual a una crisis mundial sin precedentes. Esta ley agrava cualquier delito del Código Penal “que fuera cometido –según el criterio de quien la aplique- con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. En estos casos se eleva la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima, elevando un delito de 6 meses a tres años de prisión, a una pena de 1 a 6 años.
Tal como señaló la Asesoría Jurídica Nacional de la CTA, así, la reforma genera condiciones para una mayor criminalización de la protesta social, ya que amplía las figuras penales y aumenta notablemente las penas respecto de actos que constituyen la sustancia de las estrategias de reivindicación de derechos en la práctica. Los piquetes, las movilizaciones, las huelgas con permanencia en el establecimiento, la resistencia a desalojos, entre otros, quedarán sujetos a la eventualidad de que un juez los califique como terroristas. No se trata de una preocupación en abstracto. Son muchos los interrogantes que surgen en nuestra Central sobre la ambigüedad del texto de ley.
¿Deberemos estar atentos en Córdoba a que no se aplique la norma a los trabajadores de la salud provincial, a los campesinos del norte, a los compañeros que luchan por la recuperación del sistema de agua, a los ambientalistas que rechazan el desmonte, a las Madres de Ituzaingó -que han llevado a juicio a productores sojeros por fumigar población urbana con veneno-, a todos y cada uno de los luchadores populares que llevan a la práctica la militancia diaria por una provincia más justa? Aunque el gobierno nacional anuncie que no se aplicará la ley al conflicto social, ¿Quién puede garantizar que jueces de todo el país no la apliquen en ese sentido? ¿Acaso la justicia no es independiente del gobierno? ¿Las experiencias de represión y persecución de militantes y dirigentes en diversas provincias no nos deben poner en alerta sobre la gravedad de las consecuencias que implica la norma? ¿El gobierno nacional puede garantizar que los jueces en las provincias son realmente independientes de los poderes locales? ¿El caso del compañero Ferreyra, del Mocase, no pone sobre la luz la complicidad de ciertos funcionarios y magistrados judiciales con los asesinos del pueblo? Peor aún, ¿el gobierno impulsa leyes que tienen vencimiento cuando finaliza su gestión o las normas no trascienden el calendario electoral?
No podemos dejar de señalar que el Ejecutivo Nacional impulsó esta ley en un contexto de ajuste tarifario, pretensiones de techo salarial a la discusión paritaria y el ataque a ciertas organizaciones sindicales, con reclamos oficiales de quite de personería incluidos. Un cuadro dentro del cual pareciera que se manejará la gestión política-económica-social del 2012. Se avizora un año en que el gobierno intenta hacer caer sobre los trabajadores la crisis internacional, que sin duda afectará nuestra economía, mientras continúan sin recuperarse la renta agraria, financiera, minera, ictícola y petrolera.
Nuestra Central sostiene que otras opciones se encuentran sobre la mesa si de defender la capacidad de ingreso de los trabajadores se trata. Pero seguramente no será con leyes antiterroristas que la patria podrá superar la crisis financiera, sino distribuyendo la riqueza y profundizando la democracia en todos los ámbitos. Sin olvidar la legitimidad electoral que el gobierno cosechó hace apenas dos meses, estamos convencidos que la mayoría argentino no votó a favor de criminalizar la protesta social”.
{{ {{{Río Cuarto}}} }}
La CTA Río Cuarto, en consonancia con lo dispuesto por la Central a nivel nacional, convoca para hoy a las 18.00 en la Plaza Central de esa ciudad cordobesa a una Radio Abierta y volanteada para repudiar la Ley Antiterrorista.
{{ {{{Tucumán}}} }}
“La CTA Tucumán repudia la reciente promulgación de la ley mencionada, ya que la misma profundiza la criminalización de la protesta, que actualmente está instalada en nuestro país. Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo por parte del Poder Ejecutivo Nacional ha tomado cuerpo con la sanción por parte del Congreso de la llamada nueva ley «antiterrorista».
La misma amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta, inaugurado con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de «asociación ilícita terrorista» y «financiación del terrorismo».
En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el «terrorismo», ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por «terrorismo» y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado éste calificativo para demonizar al opositor político y para justificar su persecución. Este tipo de leyes configura lo que se llama ley penal en blanco; los cuales son aquellos preceptos penales que contienen la pena pero no consignan íntegramente los elementos del supuesto hecho delictivo; puesto que remiten esos elementos a otras disposiciones legales. Vemos de ésta manera, que éstas leyes vulneran principios fundamentales del derecho penal como es el de legalidad y una consecuencia del mismo que es el principio de tipicidad.
Desde la CTA consideramos cuanto menos peligroso el avance en la criminalización de la protesta social, el acotamiento a las libertades civiles individuales y colectivas y la limitación del derecho a huelga y movilización; todos los cuales constituyen una forma de expresión colectiva válida como señal de descontento ante las injusticias por las políticas de estado. Consideramos además que, ampliar tipos penales y agregar discrecionalidad en la tipificación de las conductas pasibles de represión por parte del Estado, son costumbres que nuestro país debería dejar de lado en aras de una plena vigencia de los derechos constitucionales, y el respeto irrestricto a los mismos. Por lo expuesto, la CTA Tucumán, apoya la marcha que se llevará a cabo el jueves 29 de diciembre en Plaza de Mayo, y convoca a las organizaciones del campo popular, organismos de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos, estudiantes, colegios profesionales, para debatir un plan de acción unitario, para su derogación, la próxima semana en día a confirmar”.
{{ {{{Regional Entre Ríos}}} }}
«La Regional Entre Ríos de la Central de Trabajadores de la Argentina integrada por las comisiones ejecutivas locales de Paraná, Concepción del Uruguay, Villaguay, Federación/Chajarí y gremios de base adhieren y convocan a la jornada nacional de movilización que se llevará a cabo este jueves 29 de diciembre a partir de las 17 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será para exigir el veto a la Ley Antiterrorista.
En caso de que se produzcan las modificaciones a la Ley Antiterrorista, se duplicarían las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de “obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla. De esta manera, juntar fondos para los mapuches presos acusados de terroristas en Chile, intentar cambiar el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de compañeros, aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima.
Por todo lo expuesto, desde la “Regional” de la CTA repudiamos, la intención del mencionado proyecto, lamentando la defensa que hacen de ese engendro jurídico algunos diputados autodenominados “progresistas” y convoca al movimiento obrero, a las organizaciones sociales y al conjunto del pueblo a resistir democráticamente su aprobación en el Congreso Nacional aunque nos acusen de terroristas, exigiendo su veto».
