A casi diez años de la fundación del MORENO queremos dirigirnos nuevamente a nuestros socios, amigos y al pueblo en general, para reafirmar el compromiso asumido en nuestro Documento Fundacional, del día 23 de abril de 2002.
Por entonces se acentuaba el agravamiento de la situación socioeconómica, a la que caracterizábamos como producto de las políticas de concentración y extranjerización de la economía y privatización del patrimonio público que implantara el menemismo al calor del desprestigio de las empresas estatales, propiciado por los políticos y comunicadores-voceros de la derecha. Ante esa situación, llamábamos a unir voluntades para detener y revertir la apropiación indebida de las riquezas y la explotación desmedida de los recursos naturales, en particular de los energéticos.
Refirmábamos así la necesidad de:
-Considerar el acceso a la energía como un derecho humano y, en consecuencia, valorar las fuentes de energía como bienes de propiedad y uso social.
-Recuperar para el pueblo,la capacidad de decisión sobre la vida económica – la explotación de los recursos naturales y la generación y distribución de la riqueza- para lo cual se debe disponer de la renta que genera el sector energético.
-Definir y desarrollar un Plan Energético Integral que ponga en manos del Estado Nacional la administración de los recursos existentes y su expansión, y del usufructo de la renta energética, lo que exige reincorporar al patrimonio público los bienes que pertenecieron a las grandes empresas públicas, nacionales y provinciales.
Hoy vemos con alarma y con dolor, que se han ido confirmando nuestras predicciones de entonces sobre las consecuencias que acarrería no revertir las políticas neoliberales implantadas desde 1989 en el sector energético. No sólo el balance económico se ha vuelto fuertemente deficitario para el Estado, sino que hemos perdido el autoabastecimiento energético y se ha reforzado el predominio de las grandes empresas multinacionales sobre las distintas ramas del sector. Esto es, lisa y llanamente, haber resignado en buena medida la capacidad soberana del Estado Nacional para gobernar en beneficio del conjunto del pueblo.
Actores principales de este proceso son los grandes oligopolios del sector hidrocarburífero, los que acumularon inmensas ganancias que remitieron al exterior y dilapidaron las reservas, retaceando las inversiones en exploración necesarias para recuperar lo extraído. Pero el éxito de las estrategias de las grandes empresas no habría sido posible sin la concurrencia de las políticas erráticas aplicadas desde los gobiernos, en las que se han conjugado, y también contrapuesto, medidas para capturar parte de la renta, alicientes dudosos para aumentar la producción, favoritismos hacia determinadas industrias y grupos económicos, y el desmedido uso político-proselitista -por parte de los gobiernos- en la concesión de las explotaciones, el control de las empresas y la fijación de precios y tarifas. A la dispersión de esfuerzos y a la pérdida de poder negociador frente a las empresas, han contribuído los intereses de las distintas provincias petroleras “dueñas” del subsuelo y de la gestión de sus riquezas, a partir de la reforma constitucional de 1994 y de la sanción de la ley “corta”.
En ninguna circunstancia las medidas adoptadas por los gobiernos han avanzado en alterar las bases del poder oligopólico, estructuradas por la privatización y desregulación de los distintos subsectores de la energía y de la prestación de los servicios públicos, tras el abandono pleno de los lineamientos del artículo 40 incorporado a la Constitución Nacional en el año 1949.
Ahora se pretende descargar sobre la mayoría del pueblo argentino las consecuencias de las políticas, en gran medida improvisadas, aplicadas a lo largo de dos décadas. El aumento de precios de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos -una medida meramente fiscalista que no resolverá el fondo del problema- encarecerá la producción de bienes, deteriorará el nivel de vida de amplios sectores de la población, y aun más, a los más pobres les impedirá un acceso digno a la energía. La importación de bienes energéticos y el desarrollo de nuevos recursos estarán cada vez más al servicio de los intereses de las grandes empresas del sector y de los consumidores pudientes. La explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros seguirá invadiendo espacios económicos y generando deterioros del ambiente.
Al mismo tiempo vemos con esperanza, cuánto ha avanzado en la conciencia de grandes sectores de nuestra sociedad, la necesidad de lograr cambios profundos en las políticas de explotación de los recursos naturales y de distribución y usufructo de la renta producida. Las manifestaciones de protesta por las deficiencias en la prestación de los servicios y en la provisión de combustibles, como también por el aumento de precios y tarifas -si bien no han logrado el grado de cohesión y persistencia necesarios para forzar cambios importantes- crecen y se repiten con mayor frecuencia ante el creciente déficit energético y la supresión de los subsidios. Paralelamente, los pronunciamientos en defensa de su hábitat por parte de las poblaciones que se sienten amenazadas por las megaexplotaciones mineras a cielo abierto, muestran un grado de organización y actividad que ya ha logrado la paralización de nuevas explotaciones y la sanción de leyes que las prohiben o restringen, y tienen como respuesta el veto a dichas normas y la represión de las manifestaciones.
En la acción decidida de amplios sectores de la sociedad está la clave para imponer las transformaciones en las políticas económico-sociales que encaucen al país hacia una soberanía plena y al bienestar de su pueblo. En la difícil situación actual el MORENO renueva su compromiso de ayudar a proponer las medidas -y las vías para impulsarlas- para la recuperación del dominio de los recursos naturales y de la prestación de los servicios públicos, por parte del Estado y con el control popular.
HUGO RIZZUTO, Vicepresidente
HUGO PALAMIDESSI, Vicepresidente
GUSTAVO CALLEJA, Vicepresidente
JOSE RIGANE, Presidente
