La política energética nacional está orientada a promover la «rentabilidad» de las empresas multinacionales en el presente y en el futuro. Y en ese sentido, no se pueden apreciar cambios en materia de energía. Al contrario, se profundiza el modelo energético privatizador y extranjerizante de la década del 90. La crisis energética sigue siendo estructural.
Todas las novedades del fracking, Chevron y los recursos no convencionales son las estrategias capitalistas en materia energética hacia los próximos 20 años. Nadie sabe a ciencia cierta cómo va a terminar en términos de extracción de combustibles pero de seguro se prevén estragos ambientales que atentan contra el cuidado del agua, la diversidad productiva y suponen la contaminación del ambiente por el uso de potentes tóxicos.
A modo de comparación, el parlamento europeo ha liberado recientemente la decisión de explotar shale gas mediante el fraking a cada país miembro de la eurozona. Sin embargo, la misma cámara pide cautela y señala que esas prácticas pueden causar daños al medio ambiente y deben ser objeto de análisis más profundos. En la Argentina el camino es otro: con la presidenta a la cabeza asegurándole a las grandes trasnacionales de la energía el clima necesario para los negocios de los recursos no convencionales. Las empresas sueñan con despegarse de las limitaciones de la ley de hidrocarburos y quieren concesiones y libre disponibilidad.
La gestión privada de los recursos soberanos sigue siendo la norma. Hoy Pan Américan Energy (PAE) con participación del 60% para la British Petroleum (BP) y 40% para el grupo Bridas -cuyo directivo principal, Carlos Bulgheroni, fue galardonado recientemente por ser el hombre más rico de la Argentina- es la principal exportadora de crudo (sin valor agregado) del país. Todo un contrasentido cuando ya casi no hay petróleo -la producción diaria promedio de petróleo cayó un 4,3% interanual y la producción de gas natural bajó 5,3%- y debemos importar combustibles caros y gas.
¿Acaso esto es soberanía energética?
Por otra parte, la «nueva» YPF «mixta» acaba de realizar un acuerdo con Chevron (operadora norteamericana recientemente sentenciada por la justicia ecuatoriana a pagar 19 mil millones de dólares por contaminación ambiental) para desplegar el peligroso negocio de la extracción por fractura hidráulica del shale-oil y shale-gas. También se ha firmado un acuerdo similar con la empresa de los hermanos Bulgheroni. El proyecto que se iniciará en 2013 incluirá un programa de delineación acelerada y un piloto en modo de factoría por un total de 130 pozos que serán perforados durante los próximos años.
Con un precio del barril a más de 90 dólares las empresas privadas tienen el ojo puesto en la exportación de crudo y el gobierno, a pesar de las reservas de hidrocarburos en baja, incentiva la exportación a partir de las nuevas medidas. Hasta hace poco tiempo el gobierno argentino dejaba que las petroleras exportadoras cobraran 42 dólares por barril, quedándose el Estado la diferencia entre ese precio y lo pagado en el mercado. Con las nuevas medidas los exportadores recibirán 70 dólares el barril (siempre y cuando el valor del barril supere los 80 dólares) lo que achica la recaudación nacional a pesar de un posible incremento en las retenciones.
Para el mercado interno, como contracara de la misma política, la iniciativa de la nueva gestión ha sido ganar competitividad a través del aumento de precios: un 6% en combustibles de YPF (lo que generó el mismo aumento para las otras empresas), el 20% en energía eléctrica y 20% en gas natural. De esta manera, nuevamente la rentabilidad en la plaza doméstica es conseguida a costa del bolsillo de los argentinos. Claramente, en el cruce «mixto» de intereses, los objetivos de lucro del sector privado prevalecen sobre los intereses públicos y la posibilidad de tomar nuevos caminos donde la energía sea concebida como un derecho social y un bien necesario para la vida. Por tal motivo, creemos que como un paso necesario hacia la soberanía energética (pilar obligado para la soberanía nacional) debemos volver al modelo de YPF como una empresa 100% estatal, bajo la forma de «Sociedad del Estado» y que sea punta de lanza para los intereses del pueblo argentino.
Por José Rigane | Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata
