A poco de cumplirse un año de la expropiación del 51% de las acciones de YPF y de la declaración de interés público y nacional del autoabastecimiento de hidrocarburos en Argentina, si algo no ha cambiado en materia energética es el predominio del lucro, la rentabilidad y la generación de beneficios privados y extranjeros sobre nuestros bienes energéticos. El autoabastecimiento energético como necesidad básica del pueblo argentino -hundido hace décadas en un estado de crisis energética permanente- choca de frente contra la falta de inversión y los increíbles incrementos de los márgenes de ganancia de las grandes operadoras de energía del país.
Como lo venimos sosteniendo desde la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA) desde hace 17 años en nuestro país no son las necesidades populares de energía lo que está puesto delante de la iniciativa Estatal, sino que prevalece un modelo que concibe a la energía como mercancía, donde la rentabilidad es más importante que las necesidades energéticas del pueblo. Solo basta con preguntarles a los miles de trabajadores que sufren cortes de luz día a día o los millones que deben entregar cada vez más porcentajes de sus salarios para conseguir nafta y gas. Apenas una muestra, sin entrar en las fuertes consecuencias que el encarecimiento de los combustibles conlleva para la actividad productiva, el transporte público, la educación o la salud.
Hoy, frente a la crisis energética que vive el país, con infraestructuras obsoletas e informes que destacan importantes caídas en las reservas nacionales de petróleo, tenemos una combinación nefasta que solo puede empeorar las cosas: por un lado, incentivo a la exportación, con la aseguración de 70 dólares por barril a las empresas (multinacionales) exportadoras de crudo y por otro, aumento de los combustibles en el mercado interno.
Para tener en cuenta, desde la “nacionalización” parcial, YPF aumentó los precios de las naftas un 25%, llegando al 30% en algunas localidades del interior del país. Las demás empresas, todas ellas de capital privado y extranjero, han acompañado estos incrementos que hasta hace poco les eran negados por el propio gobierno. La tendencia señala que esta alza de valores continuará durante el 2013. También hubo importantes aumentos en el gas, principal sostén de nuestra poco diversificada matriz energética, que ha tenido subas del 45%, de pagar 5,2 dólares por millón de BTU se ha pasado a abonar 7,5 dólares por la misma medida.
Para la nueva gestión de YPF, estos incrementos de la caja serán los que les permitirá financiar –a través del bolsillo de los usuarios- la “aventura comercial” para desplegar el peligroso negocio de la extracción por fractura hidráulica (fraking) del shale-oil y shale-gas.
El plan de YPF para el próximo quinquenio implica la inversión de 25.000 millones de dólares para la explotación de Vaca Muerta en asociación con Chevron (operadora norteamericana recientemente sentenciada por la justicia ecuatoriana a pagar 19 mil millones de dólares por contaminación ambiental) y con el grupo Bridas de los hermanos Bulgheroni y la china CNOC, que junto a la British Petroleum (BP) también componen el grupo accionario de la Pan American Energy (PAE), empresa con afinidades crecientes con el gobierno kirchnerista y principal exportadora de crudo del país.
Las últimas noticias señalan que el acuerdo entre YPF y Chevron ha entrado en una etapa de dificultades debido al embargo que la justicia argentina ha aplicado a la petrolera norteamericana a pedido de la justicia ecuatoriana y ya se están ensayando algunas alternativas para continuar con su desarrollo.
En este marco, donde muchos de los reclamos de las multinacionales petroleras se están cumpliendo, las compañías extranjeras no dudan en exigir mayores beneficios. Recientemente, entre gallos y medianoche, el gobierno ha decidido asegurarle a la familia Bulgheroni el beneficio de tener acceso al Mercado Único y Libre de Cambios del Banco Central, permitiéndoles acceder al difícil dólar al tipo de cambio oficial. El próximo paso, en imitación a la neoliberal política mega minera nacional, será exigir la posibilidad de girar libremente las divisas al exterior.
Por todo esto y para acompañar la avanzada popular contra el modelo extractivo y extranjerizante la CTA decidió a fines del año pasado impulsar para este 2013 una “Consulta Popular en defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes”.
Esta pretende ser una iniciativa política para convocar a un amplio espectro de organizaciones sociales, medioambientales, estudiantiles, sindicales, políticas, territoriales, de pueblos originarios y culturales para profundizar la defensa del agua, la tierra, los hidrocarburos, los bosques y el aire que respiramos.
Por José Rigane | Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata
