“En las políticas oficiales de los gobiernos nacional y de diversas provincias, se manifiesta hoy una fuerte inclinación a impulsar un clima de negocios que favorece los intereses de las multinacionales y su asociación con capitales del país y elites burocráticas de las provincias. Empresas provinciales y otras, “recién llegadas” al sector energético participan en la explotación de áreas como socios minoritarios junto a grandes petroleras multinacionales, cediendo a veces gran parte de sus derechos sobre la comercialización del hidrocarburo y el destino de la renta”.
“La refinación del petróleo”, declaración del MORENO, 17 de junio de 2013
Mucho se viene escribiendo y se escribirá sobre YPF, la cuestión de los hidrocarburos y las políticas en las áreas estratégicas en Argentina. Es un ejercicio que realizamos los que nos interesa pensar la cuestión energética como valor estratégico y como modelo de país, a su vez, como fundamento de soberanía. Este texto tiene la intención de reflexionar a partir del aumento del 67% en los honorarios del directorio de YPF por un lado, y, por el otro, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula el embargo ecuatoriano sobre Chevron en una causa ambiental, pero sin perder de vista que lo que está de fondo es la política energética nacional.
El 4 de junio se conoció que el directorio de YPF, con Miguel Galuccio y Axel Kicillof al frente, decidió el aumento de su propio sueldo en un 67% para el resto del año 2013. La dirección de la empresa aprobó “autorizar al directorio para efectuar pagos a cuentas de honorarios del ejercicio 2013 por hasta la suma de $ 73,7 millones”, lo que representa un 67% de aumento respecto de 2012.
Suena por lo menos irónico pensar que ese porcentaje es casi 3 veces mayor que el techo del 24% que impuso el gobierno nacional a las negociaciones paritarias de 2013. Pero también este dato permite reflexionar e ir un poco más allá. Nos permite profundizar sobre quiénes son los que llevan las riendas de YPF, la empresa hidrocarburífera representativa del país. Pero también nos permite pensar en cómo lo están haciendo.
El otro dato que describe el escenario de YPF es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó el acuerdo sobre Vaca Muerta entre la empresa nacional y la enorme Chevron de Estados Unidos al anular el embargo de 19.000 millones de dólares que el Ecuador de Correa tiene con la multinacional. El reciente fallo le permite evadir la condena que le impuso la justicia del país hermano por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en una enorme y emblemática causa judicial que llevaron adelante comunidades indígenas ecuatorianas.
Para decirlo de otro modo, la ejemplar sentencia sobre Chevron en Ecuador fue por contaminar más de 480.000 hectáreas en las provincias de Orellana y Sucumbíos (norte del Amazonas). La compañía (en ese momento Texaco, hoy Chevron) operó de forma negligente y causó graves prejuicios ambientales, humanos, culturales, económicos y sociales en el período que va de 1965 a 1990. El juicio duró 18 años y la resolución fue emitida tanto en tribunales ecuatorianos como en Estados Unidos. La sentencia es aplicable en todas partes del mundo.
Superado el embargo, avanza el acuerdo por 1.500 millones de dólares entre YPF y Chevron en Vaca Muerta para realizar la explotación no convencional de hidrocarburos en Argentina. A pesar del pedido de Correa a Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema, YPF avanza con Chevron, dejando a un lado la estrategia de la Patria Grande. De nada sirve el acuerdo de cooperación de YPF con la YPF boliviana si el rumbo estratégico es poner por encima de una política soberana y hermandad latinoamericana los millones de la multinacional norteamericana Chevron.
En la reciente inauguración de 2 plantas de hidrotratamiento de gasoil y de naftas en la Provincia de Mendoza, Cristina Fernández dijo: “cuidemos lo que hemos logrado”. Quizá lo que “hemos logrado” sea avanzar con aliados norteamericanos y congelar un proceso de relación y camino conjunto con Ecuador. Quizá lo que “hemos logrado” sea ponerle freno a la española Repsol con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, para después volcar la estrategia hidrocarburífera del país hacia capitales de Estados Unidos. Quizá lo que “hemos logrado” sea llegar hasta acá para no avanzar en una soberanía energética nacional.
Acaso, ¿será esto lo que se preguntó el ex miembro del directorio de YPF, Eduardo Basualdo (académico vinculado a la CTA oficialista y crítico a las políticas hegemónicas en los 90´) cuando presentó su renuncia después de conocer el fallo judicial sobre el caso Chevron – Ecuador?
Más allá de los rumores periodísticos de los últimos días sobre el “cambio de estrategia” que estaría pensando el CEO Miguel Galuccio respecto de poner todo el esfuerzo en los yacimientos “convencionales” en lugar de apostar a largo plazo por los “no convencionales”, queda claro que con esta gestión, que administra YPF bajo la lógica de empresa privada, los sectores populares y la soberanía energética quedan totalmente relegados.
El modelo del negocio y el modelo de soberanía
El modelo energético vigente ha fracasado porque tiene firmes las bases del modelo implementado en los 90`s que con la privatización destruyó el autoabastecimiento alcanzado y con la extranjerización posibilitó el “robo” de las reservas hidrocarburíferas. Hoy es cada vez mayor la necesidad de ir a buscar energía en el exterior, aumentando las importaciones. Construir nuestra soberanía energética a partir de la privatización y la extranjerización ya ha demostrado de sobremanera no ser una solución para las necesidades populares ni para el desarrollo de país.
El modelo neoliberal y la búsqueda incesante de lucro sigue en pie y, para peor, es la estructura conceptual “privatizadora” que orienta las políticas en el sector y que pretenden definir los próximos 20 años. Por tal motivo, nosotros nos oponemos a este modelo porque continúa la misma lógica del negocio por sobre la lógica de la soberanía nacional.
Transitamos una profunda crisis energética que es pocas veces reconocida por parte del gobierno. No sorprende que nos ocurra continuamente lo mismo, que nos tropecemos sobre la misma piedra. Las decisiones erráticas en las que nuestro país se vapulea de crisis en crisis es un espiral de donde no podemos salir si nos mantenemos bajo la misma lógica de privatización de la energía, por más que YPF – Repsol haya sido expropiada en un 51 por ciento.
Los que seguimos la actualidad informativa de este tema ya lo sabemos, aunque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta: cuando hace frío hay crisis energética; cuando hace calor hay crisis energética; cuando hay sequía hay crisis energética; cuando llueve hay crisis energética; siempre hay crisis energética, porque la base que sostiene al sistema es la misma, por más parches que intenten realizar.
Por otra parte, el modelo energético argentino no está acorde a las necesidades del Siglo XXI. Y esto conforma una paradoja notable si tenemos en cuenta que sin ser un país de los considerados “petroleros” o “gasíferos”, en el pasado reciente vivimos un importante período de autoabastecimiento.
Actualmente, a pesar de la falta de energía y el aumento de los combustibles, seguimos exportando petróleo crudo. Como en el siglo XVIII, donde exportábamos el cuero de vaca salado y le comprábamos los zapatos finalizados, hechos con esa materia prima, a los franceses.
Pero las decisiones del gobierno parecen ir todas en el mismo sentido, reforzando la matriz privatizadora. Se le permite a las multinacionales vender la materia prima ya no a 42 dólares el barril, que ridículamente les aseguramos hasta hace poco, sino que han elevado a 70 dólares el barril exportado. Estamos frente a una ganancia del 600% para estos actores privados que exportan lo que ya no tenemos, mientras que el país dilapida su tesoro comprando naftas especiales, diésel, oil y gasoil fronteras afuera. Es cierto, hay que reconstruir un sistema devorado por el modelo energético-neoliberal que tan profundo caló sobre la realidad de nuestro país, pero con estas medidas solo profundizamos la dependencia.
La expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF fue una iniciativa que nosotros hemos saludado como un paso hacia recuperación de la soberanía. Así lo entendimos a pesar de tener muy claro, desde el primer anuncio, de la insuficiencia de la misma. Veíamos el potencial de una orientación que para nosotros era necesario profundizar e incluso radicalizar, pero, lamentablemente, a un año de la nueva gestión, el rumbo no ha cambiado y se ratifica con acuerdos con Chevron.
Esta realidad energética hay que cambiarla. No hay otra manera, no hay otra forma si queremos avanzar. Para eso hay que recuperar la idea de soberanía energética como defensa de la soberanía popular. Es necesario, entre otras cosas, volver a tener una YPF que sea 100 por ciento del Estado, no una Sociedad Anónima como lo es hoy. Necesitamos una empresa hidrocarburífera Sociedad del Estado. Una Empresa Nacional. Un orgullo nacional.
