Un año y medio después de la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la trasnacional Repsol, el Consejo de Administración de la empresa española, por unanimidad, aprobó un acuerdo en compensación por la expropiación de las acciones. Aunque los puntos del acuerdo son confidenciales, por lo que dejaron trascender los medios de comunicación, implicaría la entrega de 5000 millones de dólares en bonos del Estado argentino a diez años, aunque no se descarta la posibilidad de que se trate de una suma mayor de dinero.
Nuestra posición, cuando se dio a conocer la decisión del Gobierno Nacional de expropiar a Repsol el 51% de las acciones de YPF, fue apoyar la medida. En ese momento dijimos que por primera vez desde la década del ´90 cuando se puso en marcha el proceso de privatización en la Argentina y sobre todo en el campo energético, se daba un paso en sentido contrario; y que si ese paso era el primero en la dirección nos daba esperanza de que pudiéramos empezar a transitar el camino de la recuperación del Patrimonio Nacional a manos del pueblo Argentino.
Sin embargo, con el correr de los meses, nos dimos cuenta que la decisión no iba por ese lado. Una muestra de eso fue el acuerdo firmado entre Chevron-YPF que entrega soberanía, que nos supedita al modelo de privatización que se basa en la extranjerización; y sobre todo le sigue dando preeminencia a las petroleras extranjeras y a los grupos multinacionales.
Con la indemnización se ratifica el mismo rumbo: el camino de la pérdida de soberanía. El propio Gobierno Nacional se encargó de poner en tela de juicio todo lo que había hecho Repsol durante los años de gestión al frente de YPF: la falta de inversión, la falta de cumplimiento de los contratos de concesión, el vaciamiento de nuestros pozos petroleros. El Gobierno Nacional dijo que después de todo lo que se había puesto en conocimiento del pueblo la empresa iba a tener que indemnizar a la Argentina. Pero, finalmente, la decisión fue la contraria. Con la indemnización millonaria a Repsol lo que se ratifica es el modelo que dice que la energía es un commodity y no es un valor estratégico. Se vuelve a ratificar el modelo energético basado en la privatización y extrajerización, y se vuelve a ratificar que los mejores socios que tiene Argentina para extraer los recursos petroleros convencionales, y en este caso, no convencionales, son los grupos multinacionales que ya han demostrado lo que hicieron en el país.
Como dijimos allá por abril de 2012 cuando el Gobierno Nacional definió expropiar las acciones de YPF a Repsol: “sostenemos la imperiosa necesidad de socializar YPF y otras empresas, sin indemnización, sustentando nuestra posición en la cuantiosa remisión de utilidades al exterior durante la explotación privada y la depredación realizada en los pozos concesionados. El pago en carácter indemnizatorio (…) sería un injusto regalo de despedida para los saqueadores y grandes ganadores de un modelo energético que ha fracasado en tanto solución para las necesidades populares y ha sido un gran éxito en tanto estrategia de transferencia de capital para el desarrollo de los países centrales. Más que inversión externa ingresada, Repsol reproduce la lógica de inversores que remiten utilidades al exterior generadas con súper explotación de fuerza de trabajo local y depredación de recursos no renovables.
“¿Por qué hay que pagar indemnización si lo que hicieron es vaciar YPF a tal punto que hoy importamos petróleo y combustibles? No podemos pagar por lo que es nuestro. Es decir, patrimonio social del pueblo argentino. Mucho menos cuando las privatizaciones estuvieron plagadas de corrupción: se falsificaron los balances y se alteraron los informes sobre las verdaderas reservas con fines especulativos. La realidad es que exportaron nuestras riquezas y recursos de manera que se redujeron las reservas petroleras de 18 años a 7 años y en gas del 30 años a 7 años. No se exploró, no se abrieron ni remodelaron nuevas destilerías. Los que deberían indemnizarnos son ellos”.
Estas letras que redactamos hace más de un año atrás, se reafirman más que nunca hoy. Insistimos en la necesidad de tener una empresa 100% Pública, 100% Nacional y socializada. Seguir pagando por lo que es nuestro, es una muestra más de que sin políticas soberanas no es posible recuperar, verdaderamente, nuestra Patrimonio Nacional.
