Por José Rigane*
En el año 2012, frente a la expropiación del 51% de las acciones de YPF, nosotros saludamos la iniciativa aunque con importantes reparos, como la apertura por primera vez en 30 años de democracia de un camino diferente en el campo de la energía. Como trabajadores empujábamos un cambio que derribe todo el proceso de privatización, un modelo que los argentinos conocemos perfectamente, sobre todo en base a sus terribles consecuencias sociales, la nefasta gestión privada de recursos estratégicos y su peor cara, un marcado escenario dominado por la extranjerización. Como país pusimos todos nuestros recursos energéticos en manos de los grupos monopólicos extranjeros, ajenos a nuestros intereses soberanos.
Transcurrido un tiempo, quedó claro que aquella expropiación del 2012 fue un manotazo de ahogado, producto de las necesidades de divisas y nada tenía que ver con el cambio de una política energética. Así lo dijimos al cumplirse un año de la expropiación de las acciones, donde quedó demostrado que además, si queríamos avanzar en la solución del problema energético, era necesario completar la recuperación de YPF y avanzar en revisar y auditar el resto de la empresas extranjeras que dominan nuestra provisión energética. Este es un modelo que nos ha puesto al borde del precipicio con la profundización de la crisis.
Este pago a Repsol no es otra cosa que una nueva demostración de que el gobierno decide y opta por favorecer a los grupos multinacionales. Recordemos que Repsol es una empresa que ha contaminado, que ha creado un escenario nefasto de vaciamiento premeditado y que no ha desarrollado la exploración e inversión que corresponde. Se ha llevado nuestra riqueza y se la premia con una millonaria suma de 5.000 millones de dólares, solo si contamos lo que corresponde a
la parte de capital, porque en realidad se va a terminar pagando el doble por los intereses. El pago se hará con tres bonos diferentes, donde el último será en el año 2033. Se calcula que el pago total será cercano a 11.000 millones de dólares, teniendo en cuenta intereses y garantías.
El acuerdo es un nuevo prejuicio contra nuestra soberanía. Es una política de gobierno que demuestra la voluntad de quedar bien con los organismos internacionales. Después de Chevron y el Club de Paris, este acuerdo con Repsol es otra señal al mundo para que ingresen las grandes inversiones de los grandes capitales de las potencias. Pero, sobre todo, es una señal a los organismos de crédito internacional.
Seguimos aceptando que las empresas multinacionales ganen cuando ingresan al país y lo continúen haciendo cuando se van. El pago a Repsol es una decisión política que no construye soberanía, sino que ratifica un modelo energético que necesitamos cambiar.
Hay que frenar la extranjerización. Es muy regresivo lo que se esta haciendo en Vaca Muerta, sobre todo con acuerdos con cláusulas secretas como los que se han firmado con Chevron o como los que se acaban de hacer con la inglesa Britsh Petroleum, que es otro acuerdo que poco ha trascendido pero que se ha realizado para la exploración y explotación de Vaca Muerta con el desarrollo de la técnica fraking.
El acuerdo con Repsol es una señal, por eso aplaude EEUU, la comunidad internacional usurera y las empresas extranjeras. Con esto se intenta que la argentina vuelva a la «pesca» de inversiones. Nosotros sabemos lo que significa esto, llevarse lo que tenemos y nunca dejar nada. La demostración es la propia Repsol, que (inclusive en medio de la destrucción de YPF) entró con un país que se autoabastecía y hoy debe importar cada vez más petróleo y gas.
La dependencia al petróleo y el gas sigue siendo terriblemente alta, donde hoy se calcula en un preocupante 90% del total de la matriz energética. Si nosotros queremos autonomía, si queremos recuperar soberanía, si queremos ser nosotros mismos en un mundo donde, por supuesto, haya integración y relaciones equitativas y justas, es necesario comenzar a diversificar nuestra matriz energética. Si no la modificamos, lo que hacemos es supeditarnos a las políticas estratégicas y geopolíticas que desarrolla un sistema que esta permanentemente en crisis como es el capitalismo mundial.
El argumento de que el único camino es subordinarse a las inversiones extranjeras para el desarrollo energético es una cachetada a la historia y el desarrollo de 80 años de nuestra energía. Es cierto que en el campo energético las transformaciones no se pueden producir en 24 horas. Lo sabemos. Pero nuestra situación es de crisis total en este sector. Ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades.
Pero a esta altura del campeonato, a quién se lo ocurre que los grupos trasnacionales van a olvidarse de la Argentina. A quién se le ocurre que los grupos multinacionales dejen pasar la oportunidad de invertir con esas leoninas garantías y, encima, luego de un periodo vendernos con precios ascendentes el propio producto de nuestra tierra.
La CTA y otras agrupaciones vienen trabajando seriamente este problema. Un tema que es muy complejo, pero donde creemos que hay una fuerte necesidad de unificar criterios con todas aquellas agrupaciones sociales, políticas, movimientos populares, asambleas y puebladas que están defendiendo en su ámbito o región, provincia o localidad, a los bienes comunes. Algunos lo hacen contra el fracking, otros contra el monocultivo, otros contra la mega minería o contra los agros tóxicos, también defendiendo el agua, o luchando por la garrafa social, etc.
Creemos que es necesario avanzar en la recuperación de nuestra soberanía y, como iniciativa, estamos construyendo la Consulta Popular en Defensa de la Soberanía sobre Nuestros Bienes Comunes.
Necesitamos unificar todas estas luchas en favor de la soberanía nacional, porque entendemos que la unificación es el primer paso para poder transformar la realidad en el sector. Hay un modelo productivo que responde al extractivismo y la contaminación y nosotros queremos cambiarlo de raíz. Acordar con Repsol, privilegiar los intereses de los grupos multinacionales y sostener con represión el reclamo de los sectores populares y del pueblo, no es la salida.
*Secretario Adjunto de la CTA Nacional y Sec. General de la FeTERA.
