Los cortesanos estadounidenses decidieron no tomar el caso de la Argentina y convalidar el fallo neoyorkino de primera y segunda instancia, por lo que se debe cancelar unos “1500 millones de dólares”, según informó en cadena nacional la Presidenta Cristina Fernández.
por Julio Gambina *
Según la Presidente, esta decisión puede estimular otras demandas por 15.000 millones de dólares, sin perjuicio de otras acciones que ejecuten quienes ingresaron a los canjes de deuda desde el 2005 y sucesivas reaperturas.
Nadie sabe en rigor a cuanto pueda llegar la demanda de acreedores de la impagable deuda, recurrentemente renegociada en tiempo constitucional y últimamente cancelando a acreedores externos con transferencia de títulos a ámbitos del Estado Nacional (Anses, Banco Central, etc.) que penden como hipotecas sobre generaciones futuras.
Convengamos, que si la Corte de EEUU asumía el caso, ello no significaba que la Argentina iba a quedar desobligada de pagos. La expectativa más generalizada en el gobierno y el poder económico local y global era que los máximos jueces del imperio postergaran la decisión hasta fin de año. En ese plazo vence la cláusula que establece que los acreedores ingresados al canje pueden demandar el mejor trato recibido por algún tenedor de títulos en cesación de pagos (default). De este modo, el gobierno ganaría tiempo y, superado el plazo de respetar condiciones de pago, podría negociar con los inversores demandantes (los fondos buitres) cuánto, cómo y cuándo cancelar deudas sin tener que hacer lo mismo con el 93% ingresado a los canjes de deudas del 2005 y 2010.
La hipótesis fue siempre cancelar esa deuda, incluso se reabrió el canje de deuda con ese propósito, sin fecha de cierre en 2013, todo con acuerdo de la oposición sistémica, del mismo modo que viajaron a EEUU para incidir sobre la Justicia del imperio. Como hemos dicho, el pago de la deuda es una política de Estado.
Especulación financiera, producción y gestión del Estado
En el discurso presidencial se critica la ganancia especulativa del “fondo NML” que “adquirió los bonos en 2008 por 48,7 millones de dólares”, que “ganó el 1608 por ciento en dólares” y que demanda cobrar 428 millones de dólares” y el Juez falla abonar 1500 millones.
Lo que se omite es decir que esas son las reglas del capitalismo, ya que los bonos los emitió la Argentina para circular en el mercado mundial en las condiciones de mercado (al momento de la compra y de la realización). Que la ganancia por especulación es parte de la ganancia en general, ya que la ganancia es plusvalía extraída del trabajo social y apropiada como renta del suelo, ganancia comercial o financiera (tasa de interés) y beneficio industrial. Con Marx aprendimos que la ganancia es plusvalía transfigurada y fuente de ingresos de todos los capitalistas.
No se trata de pensar que los especuladores exprimen a los empresarios de la producción. No es mejor el capital productivo que el financiero, pues ambos son parte de una integralidad capitalista. Producción y circulación del capital son un fenómeno integrado, que se requieren mutuamente. De nada sirve hablar al corazón del capitalismo, porque siempre responden con el bolsillo. El problema es el orden capitalista.
Es el capitalismo argentino, y más precisamente los gestores del Estado, los que otorgaron las condiciones en sus bonos para que solo con el 100% de los acuerdos pudieran resolverse una renegociación de deuda como la del 2005. ¿Por qué se avanzó en el Canje sabiendo esas limitaciones? ¿Valió la pena el desarme estadístico (argumento para la intervención en el INDEC) para no inflar mayores pagos a los acreedores? Esos gestores del Estado son los responsables de ceder soberanía jurídica facilitando litigar en tribunales externos. ¿Es solo una condición de los 80´ y los 90´? ¿Por qué se insistió con la cesión de soberanía en los contratos con Chevron?
El problema es que los cambios institucionales consagrados en los 90´ e inspirados desde el terrorismo de Estado de 1975/6 siguen vigente y condicionan como un cáncer nuestra vida cotidiana. La deuda es un cáncer a extirpar, y no se puede avanzar en ese sentido mientras subsista la lógica del capital para el modelo productivo y de desarrollo vigente. Se impone una lógica anticapitalista y antiimperialista, muy lejana de la política hegemónica en el gobierno y la oposición sistémica.
¿Solo son buitres los fondos especulativos? ¿No son buitres los acreedores del Club de París, como señala Dialogo 2000, que reclaman cobrar “deudas odiosas” contraídas por ilegítimos gobiernos genocidas? ¿No son buitres empresas como Repsol que vaciaron las reservas de hidrocarburos del país para abonar su ciclo de acumulación? ¿No son buitres las transnacionales que suscriben pactos secretos con acuerdos parlamentarios mayoritarios, tal el caso de YPF con Chevron? Qué decir sobre la sojización, los transgénicos y su impacto en pueblos fumigados, productores y comunidades desalojados por desposesión derivada del agro negocio, o la mega minería a cielo abierto, o la fractura hidráulica, todo en pro de inversiones externas que buscan ganancia y acumulación de sus capitales invertidos, a cambio de calificarnos como países emergentes.
¿Todo lo que se puede hacer es pagar?
En su alocución, la Presidenta confirmó que “la voluntad de pago de Argentina ha quedado más que probada: hemos pagado el acuerdo de 2005, el de 2010, hemos llegado a un acuerdo con Repsol, que retiró su demanda del CIADI” y que se cerró “un acuerdo por la deuda del Club de París”. Tras cartón diferenció “lo que es una negociación, de lo que es una extorsión”. Luego de ello no termina de quedar claro qué acciones impulsará el gobierno de la Argentina.
¿Cómo sigue el trámite judicial en EEUU? No alcanza con denunciar la extorsión e incluso repudiar a los inversores demandantes o a la propia justicia de EEUU.
¿Qué iniciativas de solidaridad efectiva se impulsarán? O mejor aún, porque no avanzar en ejecutar las iniciativas más avanzadas de nueva arquitectura financiera regional para confrontar con el régimen del capital y el imperialismo.
Por nuestra parte, insistiremos desde todos los ámbitos en que actuamos para avanzar en una campaña contra el pago de la deuda, por su investigación por vía judicial (existen varios procesos en curso, algunos con sentencia) o por auditorías integrales. Hay que frenar el drenaje de saqueo que supone el recurrente pago de una deuda que posterga satisfacer demandas por deuda social a la mayoría de la población.