En esta nota presentamos la intervención completa de José Rigane, Sec. General de la FeTERA y Sec. Adjunto de la CTA Nacional, en el Congreso de la Nación como invitado de la Audiencia Publica: “Nueva ley de hidrocarburos. Un debate necesario y estratégico”.
7 de octubre de 2014
El Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias que forman parte del Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) acordaron una serie de reformas a la Ley de Hidrocarburos. Son modificaciones hechas a la medida de las multinacionales para explotar mediante la fractura hidráulica (fracking) los pozos de hidrocarburos no convencionales. Lo que se está debatiendo es la dependencia de Argentina por los próximos 50 o 100 años.
La modificación a la Ley de Hidrocarburos, en el contexto de las expectativas que genera Vaca Muerta y Los Molles, puede terminar solidificando lo que comenzó en la década de los 90. Se está por aprobar una Ley que permite una nueva apertura para la instalación de los grupos multinacionales privilegiados en el manejo de nuestros recursos naturales, sin generar ningún tipo de instancia de participación popular cuando se habla de temas vinculados a la soberanía sobre los recursos estratégicos de la Nación.
Esa es la importancia de esta audiencia, no solo para discutir las reformas a la legislación de hidrocarburos, sino también para remitir al problema energético, en la Argentina y en el mundo. En mayo pasado, en Montreal, Canadá, afirmé que: “El problema es el sistema capitalista y el orden capitalista de la energía que toma a la misma como una mercancía, las grandes empresas energéticas obtienen las mayores ganancias al dominar la tecnología y comercialmente el mercado energético, aun sin contar con la propiedad de los recursos. El problema no es la gobernabilidad, ni la seguridad jurídica. El problema no es la energía, sino el capitalismo.” Hay que reconocer que la energía es un bien social, un derecho humano y no una mercancía, ahora «mientras rija el orden capitalista, la energía nunca será un derecho de los pueblos».
Por ello es que, en nuestra apreciación, hay que discutir los cambios a la legislación, como el modelo energético, en el marco de la crisis energética que es parte sustancial de la crisis mundial del capitalismo. Los trabajadores tenemos opinión al respecto y es lo que pretendo compartir con ustedes, agradeciendo la posibilidad de expresarnos para comentar nuestras síntesis producto de una larga experiencia en el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, en la FeTERA y en la CTA Autónoma. Son opiniones que compartimos con compañeros de otras latitudes, especialmente en la organización mundial Derecho a la Energía y con Sindicatos y organizaciones de trabajadores de la energía de la región y del mundo. En estos días, el 10 y 11 de octubre discutiremos estos mismos temas con compañeros de Brasil, Venezuela, México, Chile, Francia y Canadá.
Sobre el Modelo energético
En el campo energético no hay nadie que pueda afirmar que hemos tenido una “Década Ganada”.
No sólo perdimos el autoabastecimiento y tenemos que importar energía por 15.000 millones de dólares anuales (nos referimos, fundamentalmente, a la importación de gas y otros combustibles) sino que además la dimensión de la crisis lleva a que Argentina tenga alrededor de 1400 Mw instalados a base de la energía “delivery” (moto generadores), que son equipos que además de ser caros para su mantenimiento, generan contaminación y son un parche a un problema estructural.
Otro de los problemas en el ámbito energético, además de ser un modelo basado en la privatización y extranjerización, es el sostenimiento de la matriz energética que depende casi en su totalidad de los hidrocarburos.
Si bien es cierto que aún no se ha descubierto una fuente capaz de sustituir al petróleo y sus 3000 derivados, la matriz energética podría ser diversificada para bajar tremenda dependencia.
El Gobierno Nacional decidió avanzar en la dirección contraria a lo que se ha anunciado desde el discurso durante una década: acuerda con los organismos multinacionales de crédito, paga a Repsol por las acciones de YPF, acuerda con el Club de París, sigue pagando deuda ilegitima, al CIADI, se enreda en la cuestión de la demanda de los Fondos Buitres y ratifica con la ley de “pago soberano” la voluntad serial de cancelación a acreedores de la deuda antes que cancelar la deuda social con millones de argentinos.
En ese marco es que ahora pretende reformar la Ley de Hidrocarburos, no para conquistar mayor soberanía, sino para jugar al compás del mercado y de las trasnacionales.
Desde la modificación de la Constitución Nacional en 1994, y en 2006 con la promulgación de la Ley Corta, el kirchnerismo puso en manos de las provincias los recursos naturales de la Nación.
En ese contexto, el debate entre el Gobierno Nacional y los “jeques” provinciales es quién se queda con la mayor tajada de la renta energética.
Lo que discuten es el modelo de negocios para esta nueva etapa, en la que no quieren perder el negocio y tratan de hacer más atractivo aún el desembarco de los grupos trasnacionales bajo el pretexto de que vendrán con inversiones y capitales -que nunca aparecieron- desde 1990 a la fecha, a pesar de la privatización.
Vemos, en definitiva, que la discusión sobre la “autonomía” de las provincias respecto del manejo de los recursos energéticos del Estado Nacional termina siendo un debate que facilita la dependencia y la entrega de nuestros recursos y riquezas a manos extranjeras.
El fracking y la Ley de Hidrocarburos
Recientemente, el especialista Jorge Ferioli en una nota publicada en el diario La Nación el 3 de mayo de 2014, dijo que “se necesitan diez pozos de shale gas para producir lo que genera uno convencional y además se triplica el costo por pozo. Para no importar petróleo crudo y sustituir las importaciones de gas licuado hacia el año 2030 habría que perforar dentro de los próximos 15 años 7042 pozos de shale oil y 7505 pozos de shale gas”.
Como podemos ver, la explotación de los hidrocarburos no convencionales implica un problema de inversión muy alto. Además, trae consigo complejas consecuencias ambientales. En relación al uso de agua y arena que se inyecta a alta presión y mezclada con 500 productos químicos tóxicos, de los cuales muchos no se conocen cuáles son.
Apreciaciones similares formula el académico mexicano John Saxe Fernández en la Revista Periferias n°21 de la FISYP, denunciando el costoso y aun secreto gasto estatal para financiar a las transnacionales petroleras, sin asegurar la resolución del abastecimiento vía “no convencionales”.
Recientemente, el periodista Nuño Domínguez publicó en una nota, en la revista esmateria.com que afirma: “…un estudio científico en Estados Unidos (en la que participo el Servicio Geológico de EE.UU ) culpa a varias explotaciones de fracking de causar más de 2.000 terremotos en Oklahoma. Este Estado se destaca entre los que más operaciones tienen de fractura hidráulica en todo el país y ha experimentado un espectacular aumento de los sismos en los últimos 5 años. Los geólogos han bautizados a la serie de terremotos como el ‘enjambre de Jones’, por el nombre de la pequeña localidad cercana a la capital del Estado donde, desde 2008, se han registrado 2547 terremotos de magnitud 3 o superior, casi uno por cada uno de sus 2692 habitantes, según recalca la revista Science que ha publicado el estudio”.
En la misma nota, Domínguez cita al Luis González Vallejo, catedrático especialista en ingeniaría geológica de la Universidad Complutense de Madrid, quien sostiene que “este es un tema equiparable al cáncer, sabemos mucho, pero es mucho más lo que desconocemos, por eso es muy difícil predecir qué sucederá hasta que las explotaciones ya estén en marcha” y considera que los estudios para abrir una explotación de fracking “deberían ser más estrictos” y “ser encargadas a un organismo independiente, y no a la empresa que quiere la concesión como hasta ahora”.
Justamente, las reformas que se pretenden aplicar a la Ley de Hidrocarburos están pensadas para que las provincias petroleras tengan más autonomía para atraer a las inversiones necesarias para explotar los pozos de hidrocarburos no convencionales.
Entre los puntos de la reforma está la de bajar la base de inversión. A Chevron se le exigió una base de 1.000 millones de dólares, los gobernadores y gobierno nacional pretenden que baje a 250 millones, como mínimo.
La propuesta, según los trascendidos, establece que “se procurará que los municipios no graven a la industria ni adopten normas que interfieran con dicha actividad”.
Este punto no es menor si tenemos en cuenta que ya existen más de 30 municipios que le dijeron NO AL FRACKING y que existen muchos focos de resistencias en pequeñas localidades de todo el país que no quieren que este tipo de explotaciones se instalen en los lugares en donde viven.
Cuando hablamos de supeditación, nos referimos al mecanismo de concesión. Acá se sigue hablando de concesiones, cuando en el mundo no se aplica este método de explotación entre los estados y las multinacionales y lo peor es que, para la nueva ley, los plazos de explotación para los no convencionales serán de 35 años con 10 años más prorrogable, cuando para los convencionales están establecidos 25 años la concesión de arranque.
No es casualidad
A fines de mayo de este año, visitó la Argentina el Secretario Adjunto de Energía de Estados Unidos, Daniel Poneman. Junto a Julio De Vido recorrieron Vaca Muerta y establecieron acuerdos de cooperación.
En la reciente visita de los jefes de gobierno de China y de Rusia se manifestó el interés por Vaca Muerta y la explotación de los no convencionales.
Las discusiones sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos no pueden desvincularse de estas visitas. Todo apunta, aparentemente, a la entrega de nuestra soberanía. En una nota reciente del Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Julio Gambina, afirma: “Por ello es que el Senado de la Nación dio media sanción a una ley de inmunidad a las inversiones de otros países vía acuerdos de reciprocidad con bancos centrales. Un proyecto empujado por el Poder Ejecutivo con amplio acuerdo parlamentario y que transformará en Ley en la Cámara de Diputados en los próximos días.”
Todo se hace a medida de los inversores internacionales y en lo que nos toca, a medida de las transnacionales petroleras.
¿Y el pueblo dónde está?
La nueva Ley de Hidrocarburos, por lo que se conoce, tiene el mismo nivel de secretismo que los acuerdos con las multinacionales.
Entonces nos preguntamos:
¿Se está discutiendo (la nueva ley) para resolver el acceso de la energía del pueblo argentino?
¿Se está resolviendo y estableciendo que la energía es estratégica, hace a la soberanía y a la seguridad nacional?
¿Se está definiendo a la energía como un bien social?
¿O la falta de debate y de consulta al pueblo y a las instituciones democráticas tiene que ver con que otra vez entregamos todo a los grupos multinacionales?
¿Se estará superando la antinomia entre las provincias petroleras ricas, por un recurso de todos los argentinos, con las provincias pobres por no ser petroleras y que el mercado margina por siempre?
Está claro que esta reforma se hace en función de los intereses de los Grupos Multinacionales. Argentina es el único país en la región que en este terreno no ha transitado ninguna iniciativa con seriedad hacia la independencia.
Está claro que una vez más se está priorizando las políticas del mercado sobre las necesidades energéticas del pueblo.
Está claro que se está discutiendo la reforma en función de seguir sosteniendo beneficios para las petroleras como viene sucediendo, en claro perjuicio de los usuarios.
Está claro que la discusión y la reforma siguen estableciendo como prioridad la ganancia empresarial.
Este debate secreto condicionado entre los “jeques” provinciales y el Gobierno Nacional no están en función de los intereses de la Nación sino en función de sostener la misma política energética que fue inaugurada por el menemismo y que nunca fue sepultada.
La prueba más irrefutable de esta realidad es que los tres decretos de desregulación del “menemato” aún siguen vigentes.
Con estas reformas están sepultando, no sólo el presente, sino el futuro de las venideras generaciones en el campo energético-estratégico nacional.
Resulta imprescindible, romper con la trampa del poder, del sistema actual, hay que transitar por el camino de la soberanía, la justicia y la independencia, para ello es necesario comprometerse, participar y ganar las calles con pleno protagonismo consciente, que nos habilite a una transformación de fondo, sepultando las iniciativas posibilistas y poniendo fin a un modelo económico, depredador, contaminante y exportador.
Al mismo tiempo quiero enfatizar que no alcanza con debates como este, que aun con la importancia que tienen no alcanzan a conmover al conjunto de nuestro pueblo, y por eso, desde la FeTERA y la CTA venimos sosteniendo una Campaña Popular en Defensa de la Soberanía de los Bienes Comunes. Es parte de un debate mayor en que la sociedad, especialmente el pueblo tiene que discutir el país que tenemos y el que necesitamos. En ese marco hay que discutir el modelo energético de un modelo productivo y de desarrollo con el centro en la satisfacción de las necesidades y no la obtención de la ganancia que se deriva de la mercantilización de la energía.
La energía es un derecho y para eso nos organizamos y luchamos los trabajadores.
¡Gracias!
José Rigane, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina; Secretario Adjunto de la CTA Nacional.
7 de octubre de 2014, Audiencia Publica en el Congreso de la Nación.
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Prensa FeTERA
