Por José Rigane*
Argentina tiene un grave problema, una crisis energética sin precedentes. El camino emprendido con la privatización nos llevó a un escenario que ni los más pesimistas imaginaron. Hoy dedicamos más de 14 mil millones de dólares anuales en importar combustibles y gas, un costo altísimo que tiene que pagar el pueblo argentino para mantener la tasa de ganancia de las empresas. El rojo energético es un grave problema para el desarrollo del país, de la industria, del empleo y el bienestar social general. No es una situación coyuntural lo que nos llevó a esa dependencia a las importaciones de energía, sino que es un problema estructural de un sistema energético parado bajo los cimientos de la privatización y la extranjerización.
El 70 por ciento de la producción energética nacional pertenece al sector privado que obtiene millones de dólares en ganancias sin una política estratégica detrás que apunte al beneficio del país ¿Por qué no se debate qué hacer con el petróleo y el gas que pertenece a los argentinos?
Propuestas populares para superar la crisis: cuestión de prioridades
Tenemos una matriz energética extremadamente dependiente de los hidrocarburos
El promedio mundial de producción energética es de 60 por ciento con Hidrocarburos y 40 por ciento con otras fuentes. En Argentina la relación es de 80 a 20. Debemos darle lugar a otras fuentes –ya hay avances con el complejo nuclear y nuevas promesas en el ámbito de la energía hidroeléctrica-. Necesitamos apostar seriamente a las energías que van a ser el aporte principal de la revolución energética para nuestro planeta, como la eólica, solar, mareomotriz, entre otras. La diversificación de nuestra matriz energética es posible y necesaria. Pero falta voluntad política y es responsabilidad de los sectores populares impulsarlo.
Necesitamos declarar como servicio público la provisión de los combustibles sólidos y líquidos, el gas, la electricidad, el agua y los servicios sanitarios. Principalmente el gas envasado debe ser declarado como servicio público, así el Estado podría regular su precio y no dejarlo librado al mercado que establece su propios precios a pesar de lo anunciado, perjudicando a los sectores más desfavorecidos.
Necesitamos estatizar totalmente YPF S.A: necesitamos convertirla en YPF Sociedad del Estado y otorgarle la exclusividad en la gestión operativa del sector hidrocarburos líquidos, transformando las actuales concesiones de explotación en contratos de operación.
La privatización y extranjerización permitió el saqueo energético ocurrido en nuestro país. Pasamos de autoabastecernos a tener que destinar millones de dólares en importar combustibles.
Necesitamos emprender un proceso que revierta esa situación, que ponga al Estado como actor protagónico, pero que incorpore a la gestión y conducción de las políticas y las empresas a diversos sectores sociales de nuestro pueblo, como los trabajadores y las organizaciones sociales. Todas las empresas privatizadas en todo el sistema eléctrico del país deben pasar a manos del Estado. Pero estatización no como un regreso al pasado, sino que necesitamos que tengan conducción social de diversas organizaciones, que estén dirigidas hacia los intereses de los sectores populares y con gestión de calidad.
Necesitamos reintegrar la cadena del gas (producción y transporte), creando una nueva empresa estatal única: Gas del Estado Sociedad del Estado.
Necesitamos reformular todo el sistema tarifario de los servicios, de modo de establecer una jerarquía progresiva, uniformidad para todo el territorio nacional y valores subsidiados para la población de bajos ingresos.
Debemos fijar precios y/o márgenes de utilidad en los distintos subsectores de las cadenas de valor de acuerdo al mercado interno y no al precio internacional. En la actualidad, Argentina paga a las empresas internacionales entre 70 y 80 dólares el barril, cuando el precio internacional es de 50 dólares y el costo de extracción es de 12 dólares en promedio.
Necesitamos re-jerarquizar a la Secretaría de Energía de la Nación (hoy cumpliendo un diminuto papel en cuestiones de política energética) ampliando su rol planificador.
Hay otros aspectos que debemos atener, entre ellos un cambio en el consumo, favoreciendo el uso responsable de energía. Esa concepción en sí misma es inconducente para los sectores populares, sobre todo si tenemos en cuenta que hay miles de hogares que ni siquiera acceden a los servicios básicos. Pero mientras las empresas extranjeras sigan teniendo el control de la producción y distribución, no habrá uso responsable. Debemos terminar con la privatización de la energía y pasar a ocupar un rol estratégico como base fundamental de sostén de políticas sociales, tal cual ocurre en Venezuela, Bolivia o Nicaragua.
Necesitamos entender que la energía en un derecho humano y un problema de todos. No tendremos solución a la actual crisis energética repitiendo los pasos fallidos ya transitados.
José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA – Autónoma, Sec. Gral. de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina) y del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
