Por José Rigane*
En los últimos días la cuestión del gas está en la tapa de los diarios y es materia de análisis de la situación de los sectores populares que no acceden a la red nacional de gas, pero también está en la agenda pública la cuestión de los subsidios y el rol de las empresas de extracción y distribución.
La medida del Plan Hogar (Garrafas) impulsada por el gobierno hasta ahora tuvo un impacto de alcanzar a 1.500.000 personas de bajos recursos y no es menor. Pero analicemos qué es lo que sucede con el gas en nuestro país, teniendo en cuenta que en último censo (2010) determinó que hay 4.500.000 de hogares que usan el gas licuado de petróleo (GLP), conocido como gas en garrafas. Algo irrebatible que también describe la crisis energética es que hay ochocientos mil hogares más que en el año 2001 que usan garrafas.
El gas en la Argentina hay que enmarcarlo en la crisis energética que estamos atravesando. Se gastan casi 14.000 millones de dólares por año en importan combustibles y, aunque en menor medida, gas desde Bolivia y en barco desde otros destinos. Al mismo tiempo, y aunque parezca mentira en 2015, hay compatriotas que no acceden a las redes de distribución de gas.
En la Ciudad de Buenos Aires hay unas 80.000 familias que no tienen acceso al gas natural. Lo mismo sucede en el Gran Buenos Aires, donde 960.000 usan garrafas. Es decir, 1 de cada 3 familias del conurbano cocina o se calefacciona con garrafas. (INDEC, 2010)
Las provincias de Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa no tienen gas natural, aunque se está construyendo el gasoducto del noroeste argentino, una obre tan necesaria como retrasada y delegada en la historia argentina. En Córdoba el 41% de los hogares usa garrafa; en Santa Fe el 45%; en San Luis el 40%; en Jujuy supera el 50%, y en Catamarca el 68%. (INDEC, 2010)
Esto gráfica un estado de situación de desidia estatal y de sectores populares excluidos de un derecho humano fundamental como es el acceso a la energía. No olvidemos que la garrafa termina siendo un método muy caro e incómodo para calefaccionar un hogar o para cocinar.
Pero a esta situación general le falta el rol de las empresas privadas y los subsidios estatales, grandes socios de un negocio que en Argentina no para de crecer. Se calcula que desde la boca de pozo hasta la distribución (por ejemplo, en las garrafas) crece un 2.000% (sin contar el gas que se importa). No hay transparencia ni control, el Estado deja hacer a las empresas porque tiene ese rol. No otro. Este es el famoso “modelo privado” que continua al pie de la letra en esta última década.
La decisión de Argentina de orientar su matriz energética al gas fue decidida durante fines de la década del ´70 y comienzo de los años 80. Hoy, tenemos una matriz energética dependiente del gas natural que actúa como un freno y que nos dificulta fuertemente hacer crecer otras fuentes. El 54% de la matriz energética corresponde al gas, recién en segundo lugar, con el 34% viene el petróleo.
La cuestión del gas es fundamental para entender la base de privatización y extranjerización de Argentina, pero también para entender la injusticia y violación a los derechos elementales de los sectores carenciados y excluidos del país.
Necesitamos modificar esta realidad concreta con políticas concretas que transformen el actual sistema y rompan con la dependencia del sector privado y extranjero. Para eso es fundamental que el Estado tenga otro rol en la cuestión del gas, como en otras fuentes de energía. Sabemos que en el corto plazo habrá medidas urgentes, que deberán empalmar con medidas de mediano y largo plazo. Pero todas serán determinantes para modificar la actual situación de crisis energética producto de políticas neoliberales.
Necesitamos declarar como servicio público a la provisión de los combustibles sólidos y líquidos y del gas. En esto, resulta fundamental reintegrar la cadena del gas (de producción y transporte) creando la nueva empresa estatal única: Gas del Estado S.E.
Para esto, necesitamos reformar los marcos regulatorios que involucren a la cuestión del gas en su integridad, como por ejemplo, reconvirtiendo los entes reguladores en organismos estatales, no independientes y con direcciones idóneas.
El gas es de los argentinos, es hora que sirva para los intereses del pueblo.
19 de abril de 2015.
José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA – Autónoma, Sec. Gral. de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina) y del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
