Existe un gran movimiento social en contra del ajuste por incremento de las tarifas, que es el resultado y consecuencia de la política energética desde la privatización de los 90´ y que define a la energía como una mercancía.
La energía es bien social, es un derecho, no una mercancía. Es similar al derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Desde la CTA Autónoma luchamos por el Derecho a la Energía, que no quiere decir que sea gratis, sino accesible.
El gasto energético total no debiera superar el 10% del ingreso de las personas.
Para ello hay que terminar con el régimen de privatizaciones, ya que los beneficiarios son las empresas, mayoritariamente extranjeras que solo privilegian la ganancia.
No hay competencia en el sector energético
Quienes consideran a la energía una mercancía no aseguran condiciones de competencia, ya que la infraestructura y modalidades de prestación del servicio se realiza de manera monopólica y con beneficio a grandes trasnacionales que manejan los hidrocarburos, la electricidad y todo el servicio de prestaciones energéticas.
La privatización se favoreció con la descentralización hacia las provincias del derecho sobre los bienes comunes, lo que supuso ingresos para provincias con dotación de recursos naturales, mientras la renta del suelo y los hidrocarburos son apropiados por grandes transnacionales, beneficiarios de los subsidios de estos años y ahora de tarifas incrementadas.
Hay que luchar contra el aumento de las tarifas, pero especialmente contra las causas que definen el problema energético, que solo privilegia la ganancia de las empresas. El problema es el modelo energético de la privatización y atomización de la actividad junto a la eliminación de la energía como servicio público.
Hay que discutir el para que de la energía y como se atiende la demanda del derecho social a la energía.
Mientras tanto es mucho lo que podemos hacer y en primer lugar exigimos una auditoría integral por los subsidios recibidos a todas las empresas del sector energético, al petróleo o al gas, a la electricidad, el agua, y otros sectores.
Argentina paga por encima del precio internacional del barril de petróleo (45 dólares contra 67 dólares) a las transnacionales petroleras. Eso es incrementar el subsidio a las petroleras por más de 4.300 millones de dólares anuales, llevándolo a 7.300 millones de dólares este año, mientras se eliminan subsidios a consumos particulares.
Basta de subsidios a las petroleras.
El país ofrece seguridades que no se encuentran en ningún territorio del mundo, dicho esto en momentos de crisis del capitalismo mundial.
La iniciativa política del gobierno y las clases dominantes son claras sobre la explotación de los bienes comunes, favorecido con los cambios acaecidos en tiempos de la dictadura genocida y de los años 90´, base para la actual situación.
Por eso no existe una empresa nacional propia que defienda los intereses populares y proponga una integración solidaria con otros países en la región. La YPF de gestión estatal sigue siendo privada y con acuerdos secretos con transnacionales (que ni la corte suprema logra liberarlos) como CHEVRON parte esencial del modelo energético y productivo extractivista, contaminante, con fracking, tal como también ocurre con la mega minería a cielo abierto o la sojización.
Además, fracturaron al sector energético sepultando las empresas nacionales e integradas, creando empresas desde las “unidades de negocios”, multiplicando costos y reduciendo personal.
Hay que socializar YPF y ponerla en manos de sus trabajadores, de los consumidores, de los que defienden el medio ambiente y la participación del Estado.
Abandonar la atomización y socializar toda el área de la energía.
Sin participación popular no hay posibilidad de resolver la cuestión energética.
Sostenemos que debe discutirse el modelo energético, como parte del modelo productivo y el modelo de desarrollo.
Con las privatizaciones se perdió la concepción de servicio público. El mejor ejemplo es el consumo de gas por garrafa que consumen los sectores más empobrecidos, mientras el gas natural se exportó y con ello se liquidaron reservas para 33 años. Lo mismo ocurrió con la exportación de crudo. Ahora el gas y los combustibles se importan. Todo fue para garantizar ganancias, con exportaciones e importaciones.
Hay que recuperar soberanía sobre los recursos energéticos y promover una integración alternativa.
Hay que terminar con la mentira del mercado energético, ya que no hay competencia, y resolver la socialización, con soberanía, integración regional y participación popular.
La energía es un derecho del pueblo y la sociedad argentina para atender las necesidades de un desarrollo autónomo que satisfaga las necesidades humanas y terminar con la prioridad hacia las ganancias y las transnacionales del petróleo, el gas y la energía.
La CTA A denuncia la brutal transferencia de ingresos que se generaron por 4 décadas y muy claramente desde la privatización del sector energético, que consolida el gobierno Macri.
Proponemos terminar con la pobreza energética como forma específica de la pobreza en la Argentina. Para ello se requiere revertir la lógica de política económica
En base a lo dicho y para actuar inmediatamente, desde la CTA Autónoma proponemos:
- Cambiar los marcos regulatorios en electricidad, gas, que se realizaron para privatizar
- Discutir una estructura de precios que contemplen los precios locales de producción
- Dejar de exportar petróleo crudo sin valor agregado
- Revisar y cambiar los contratos de concesión que ya están caducos a nivel internacional
- Transformar a YPF en una empresa social, nacional, federal, sociedad de estado con participación popular
- Revisión del contrato de YPF con la empresa CHEVRON
- Diversificación de la matriz energética para terminar con la dependencia de los hidrocarburos
¡El tarifazo es una estafa y no debe pagarse!
Pablo Micheli José Rigane
Secretario General Secretario Adjunto
de la CTA Autónoma de la CTA Autónoma
