Por Marcelo Greco*.
El Gobierno fue votado por una porción importante de la población para que mejorara las cosas, sin embargo no puede resolver problemas que habían dicho que eran fáciles de solucionar.
En materia de Servicios Públicos, parece del siglo pasado la promesa del actual Presidente en el debate de candidatos cuando dijo que no iba a realizar tarifazos, acusando al entonces oficialismo de propiciar una “campaña del miedo”.
Los diferentes referentes del gobierno afirman que están sincerando las cuentas, que no se puede pagar barato lo que cuesta caro, que se hace para achicar el déficit y bajar la inflación, que no se hicieron las obras necesarias.
Sin embargo comenzaron en 2016 con una condonación de 19.000 millones de pesos de las cuales resultaron beneficiarias las distribuidoras eléctricas por deudas con la mayorista CAMMESA, el argumento para justificar ambas decisiones fue que con esa quita, más los reajustes tarifarios, las empresas iban a realizar las inversiones que no se habían hecho anteriormente (¿lluvia de inversiones?). Esa millonaria quita se hizo sin revisar siquiera cuál había sido el destino de los subsidios recibidos anteriormente por las empresas.
Otro argumento utilizado para justificar los tarifazos fue que había que pagar el precio real del gas y la luz sin subsidios, porque ese aporte estatal generaba déficit en las arcas públicas, (esos costos se encuentran identificados en las liquidaciones como Cargos Variables, es decir m3 de gas y Kw de energía eléctrica) pero ese argumento no alcanza para justificar las subas en los CARGOS FIJOS los cuales no responden al precio del gas y la energía eléctrica, sino a los costos operativos de las empresas distribuidoras. Por ejemplo, el Cargo Fijo de EDEA SA para un consumo de más de 400kw bimestral paso de $16 por bimestre a $310. Un aumento del 1900% en sólo dos años.
Este incremento descomunal no fue al salario de los trabajadores eléctricos, ni se hicieron inversiones de consideración en las áreas de distribución en las que prestan servicios, sino que significaron rentabilidad pura.
Otro beneficio adicional que se autorizó para las empresas distribuidoras de gas, como si no les alcanzara con el aumento en los Cargos Fijos, fue transferirle a los usuarios el costo de la Tasa Municipal que deben pagar dichas empresas. Sumado a esto, el Estado prefirió comprar gas más caro en Chile que el ofrecido por Bolivia.
Otra consideración debe hacerse en relación a los aumentos en los ingresos de las arcas estatales por estar estas asociadas a los tarifazos: cabe preguntarse, ¿qué hacen los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales con el aumento en la recaudación? ¿Qué grandes obras de infraestructura están haciendo o qué beneficio en el costo de la tarifa garantizan? ¿Por qué, a pesar de todos estos incrementos en la recaudación, aumenta el déficit fiscal y el endeudamiento?
Modelo energético y económico
Este modelo energético implica que el Estado deje paulatinamente de subsidiar las tarifas y que sean los consumidores los que paguen la tarifa plena. Las consecuencias visibles de esa decisión son que cada día se debe destinar un mayor porcentaje de ingresos para hacer frente a pagar estos servicios públicos y la rentabilidad de las empresas crece con cada tarifazo. Pero esta teoría del derrame, aplicada al sistema energético tuvo como resultado directo una mayor inflación, disminución de la capacidad de consumo de la población y bajas inversiones (a contrario de lo que se había anunciado), pero utilizando siempre la misma lógica: “hagan el esfuerzo ahora, que más adelante vendrán las soluciones”.
Las consecuencias de aumentar la luz y el gas más de 1.300%, sumado a una inflación descontrolada, salarios y jubilaciones atrasados, es que cada día se destine mayor porcentaje de los ingresos para afrontar los servicios básicos de agua, luz y gas, tal lo publicado recientemente por un diario nacional en un informe donde da cuenta que los sectores más vulnerables deben destinar entre el 20% al 25% de sus ingresos.
El Modelo económico necesita de estos tarifazos, porque no financia las grandes inversiones y favorece los negocios de las distribuidoras.
En la medida que se profundice la apertura de importaciones en detrimento de la mano de obra local, se produce un crecimiento del déficit en la balanza comercial y una dependencia del crédito externo para poder hacer frente a esa sangría de dólares. En tanto se sostenga la timba financiera del Banco Central destinando a sostenerla los fondos que se podrían utilizar para obras estructurales del sistema energético y sostenimiento de tarifas razonables, seremos los usuarios los que tendremos que financiar los costos de un modelo de apertura al sistema financiero que busca la rentabilidad más rápida en el menor tiempo y que transforma servicios públicos básicos en bienes suntuarios regulados por el mercado.
¿Qué podemos esperar de un gobierno que frivolizó el impacto de los tarifazos en nuestros bolsillos cuando afirmo el entonces Ministro de Finanzas que iban a significar “el costo de dos pizzas”, que tiene como Ministro del Energía a una persona que no confía en el país y tiene toda su fortuna en el exterior, que frente al reclamo de toda la oposición y algunos aliados, el Jefe de Gabinete dé respuestas que lindan con lo ofensivo y que en relación al tema el presidente Macri diga: “O seguimos con el gradualismo (SIC) o lo pagamos con el déficit fiscal”, déficit que aumentó con su gestión a pesar del endeudamiento, los tarifazos y los salarios a la baja?
Como demostración de que lo que se busca es una enorme transferencia de ingresos de los usuarios a las Distribuidoras con baja inversión en el sistema, están las ganancias de las empresas de energía durante 2017, los dueños de EDENOR y EDESUR, Marcelo Mindlin y Niky Caputo, ganaron más de 9 mil millones de pesos. Uno es el principal amigo de Macri y el otro le compró la constructora.
*Marcelo Greco es abogado e integrante del equipo del Diputado Provincial Juan Manuel Cheppi.
