La inversión es el pretexto para los aumentos, pero es menor que en el último año de CFK.
La temporada 2019 de aumentos de la tarifa eléctrica se inició con el incremento del 26% del precio estacional de la energía a partir del 1° de febrero. Con un impacto disímil sobre las tarifas finales de los usuarios, a este incremento se le sumará en el mes de marzo el ajuste semestral del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente a la actualización de los ingresos de las distribuidoras eléctricas el cual será definido por los entes reguladores correspondientes. En su última conferencia de prensa, el ex Secretario de Energía Javier Iguacel aseguró que de manera escalonada las boletas de luz subirán un 55% en todo 2019. El derrotero de aumentos eléctricos anunciados por el gobierno nacional representa la confirmación de la ausencia de un programa sectorial por fuera de la obstinación de sostener la rentabilidad extraordinaria de las empresas y ajustar el déficit fiscal, a costa de la destrucción de buena parte del entramado productivo y la crisis de las economías familiares.
El aumento de la tarifa es un reclamo permanente de las empresas concesionarias del servicio de distribución eléctrica, siendo su principal argumento la necesidad de realizar inversiones para mejorar la calidad del servicio. En los últimos tres años, los ingresos de las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Buenos Aires registraron incrementos extraordinarios como resultado de las políticas impulsadas por el gobierno nacional y provincial. En el caso del área metropolitana, la factura de un usuario residencial con un consumo de 300 kwh bimensual, acumula un 2.160% de incremento si es cliente de EDENOR y un 2.136% si es de EDESUR. En la provincia de Buenos Aires, las cuatro empresas de distribución eléctrica pertenecen al grupo económico Desarrolladora Energética S.A. (DESA), regenteado por Rogelio Pagano. Por cantidad de usuarios y energía eléctrica distribuida las empresas EDELAP y EDEA son las principales concesionarias de este grupo económico. Siguiendo la pauta del gobierno nacional, en los últimos tres años la administración provincial incrementó, para un usuario residencial con un consumo de 300 kwh bimensual, un 1.670% la tarifa en el caso de EDELAP, mientras que el aumento acumulado, para la misma categoría de usuario, en el caso de EDEA alcanza el 1.173%.
En este marco, y teniendo en cuenta las ingentes ganancias empresarias que garantiza la política tarifaria actual, resulta interesante detenerse en la evolución de las inversiones de las 4 empresas de distribución eléctrica más importantes del AMBA y la provincia de Buenos Aires. Si tomamos la inversión total en dólares en propiedades, planta y equiposrealizada entre 2015 y septiembre de 2018 por EDESUR, EDENOR, EDELAP y EDEA, observamos, en primer lugar, que el año 2015 se destaca, por lejos, como el año de mayor inversión para cada una de las empresas.
Llamativamente, durante los años de gestión de Macri y Vidal ninguna de las empresas se acercó siquiera al nivel de inversión realizado durante el último año del kirchnerismo, excepto EDEA en el año 2016. Ciertamente, las inversiones tomadas para 2018 corresponden a los primeros 9 meses, con lo cual resta esperar los datos de inversión de los últimos tres meses para terminar de componer el diagnóstico. Sin embargo, si tomamos la inversión realizada en conjunto por las cuatro empresas en 2015, el monto total asciende a U$S 598 millones, mientras que en 2017 la inversión total fue de U$S 489 millones.
Si los ingresos extraordinarios registrados por las empresas durante los últimos años no fueron destinados a la inversión operativa para la mejora del servicio, la pregunta obligada es: ¿dónde va la plata de la tarifa? En este punto resulta interesante detenerse en la breve aunque intensa trayectoria del grupo DESA. El grupo económico comandado por Pagano fue fundado en 2014, y entre 2016 y 2017 adquirió la participación mayoritaria en las cuatro empresas de distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires (EDEA, EDELAP, EDES y EDEN) por un total aproximado de U$S 465 millones. Para alcanzar este objetivo se endeudó con UBS Securities LLC por un total de U$S 330 millones a una tasa anual de 13% y con un consorcio de bancos internacionales por un total de U$S 235 millones a una tasa anual del 9,5%. Con los fondos recibidos adquirió las participaciones señaladas, avanzó con la compra de Obligaciones Negociables de la controlante de EDEA, adquirió las participaciones en las distintas concesionarias en manos de los trabajadores (PPP), y realizó cancelaciones cruzadas de intereses de deuda y capital. Es decir, la pericia financiera de la conducción del grupo permitió crear, expandir y consolidar un holding energético sin ningún aporte relevante de capital por parte de los accionistas. Dado que se trata de un servicio público, llama la atención la ausencia de intervención de las autoridades regulatorias correspondientes.
En segundo lugar, se destaca que el endeudamiento obtenido tuvo como destino mayoritario el financiamiento del grupo económico y no la actividad operativa de las concesionarias. En el último balance presentado por Desarrolladora Energética S.A. se ve reflejado el endeudamiento de la compañía y el impacto que el mismo tiene sobre los resultados. Durante los primeros 9 meses de 2018 DESA registró ingresos por un total de $ 20.196 millones, y una ganancia operativa de $3.668 millones. Sin embargo, debido al peso de los costos financieros el resultado del ejercicio fue negativo, contabilizando una pérdida por $10.186 millones. Es decir, las ganancias obtenidas por el aumento de tarifas en la provincia de Buenos Aires fueron destinadas a paliar los costos financieros del grupo económico. De profundizarse la situación patrimonial de la compañía, la misma corre riesgo de disolución tal cual lo señala la ley 19.550. Resulta increíble e inaceptable que habiendo recibido los aumentos tarifarios mencionados, la empresa que concentra la distribución eléctrica de toda la provincia se encuentre en tal situación.
La desregulación o, más bien, la regulación funcional de la actividad de distribución eléctrica en el AMBA y en la provincia de Buenos Aires limita la participación del Estado, nacional y provincial, a la fijación de tarifas que garantizan ganancias extraordinarias a las empresas del sector en detrimento de la calidad del servicio, la actividad económica y la economía de los hogares. Resulta evidente la necesidad un cambio de política sectorial que otorgue mayor protagonismo a la intervención estatal no sólo en la fijación de una política tarifaria acorde al crecimiento y desarrollo económico, sino también a la mejora de la calidad y la expansión del servicio.
