Debemos reimplantar el principio de igualdad ante la ley.
El movimiento obrero se debe organizar y establecer una estrategia común que responda a la desmesura en que se transformó el impuesto al trabajo (mal llamado impuesto a las ganancias). El denominador común es enfrentar el despropósito de los descuentos realizados a quienes trabajamos en sectores estratégicos para el funcionamiento de la economía y expresar la disposición a actuar en común para enfrentar este “descuento” injustificado que ocurre mes a mes.
El Gobierno nacional anunció la actualización del «impuesto a las ganancias”. Desde el 1º de noviembre, el piso de Ganancias para los trabajadores subirá a $330.000. Hasta ahora, quienes perciben una remuneración bruta por mes de hasta $280.792 no son alcanzados por el gravamen.
Según los últimos datos oficiales, en el año 2019, 2.139.396 trabajadores en promedio estuvieron alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, mientras que en el año 2022 esa cifra se redujo a 944.019. Esto significa que, en cinco años, la cantidad de personas abarcadas por el impuesto se redujo notablemente, aunque la problemática de fondo es claramente la vigencia de dicho impuesto.
Es inaudito pero real: hoy, porcentualmente, los trabajadores pagamos más impuesto a las ganancias que nuestros empleadores. Las empresas pueden descontar todos los gastos ocasionados en su actividad, pero los trabajadores no, solo tenemos deducciones parciales y acotadas.
Esta sustracción confiscatoria a nuestros salarios implica un desincentivo profundo para tomar tareas de mayor responsabilidad, es un castigo para quienes acumulan antigüedad, trabajan en zonas inhóspitas o desfavorables, hacen turnos rotativos o guardias, se capacitan de forma continua, ocupan cargos de supervisión o conducción, cobran comisiones, logran bonificaciones o gratificaciones por medio de la lucha.
Las y los trabajadores que percibimos un salario por nuestras habilidades, saberes y responsabilidades concretas no obtenemos ganancias, las generamos. Nuestro salario lo volcamos al mercado interno prácticamente en su totalidad. No se puede aplicar un impuesto por cobrar un sueldo y no se puede naturalizar que nuestro sustento sea considerado una ganancia.
En la actualidad es superlativa la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo de bolsillo producida por este impuesto distorsivo. Es inevitable saldar esta deuda pendiente con una cantidad importante de trabajadores que se encuentran alcanzados por este injusto descuento.
Desde nuestro Sindicato, en consonancia con la CTA y la FeTERA, sostenemos hace muchos años que el impuesto al salario debe ser eliminado porque el salario no es ganancia. El impuesto al salario es confiscatorio, ilegítimo y anticonstitucional. La Constitución Nacional, los Tratados internacionales a los que el país adhiere y la Ley de Contrato de Trabajo, consideran que la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia debe ser protegida.
Para aprobar un proyecto de presupuesto anual, el artículo impulsado por el oficialismo que buscaba establecer que jueces e integrantes del Poder Judicial pagaran el impuesto a las Ganancias, fue rechazado por mayoría en Diputados. Sin embargo, el impuesto a los salarios no se toca, se actualiza por debajo de la inflación y suma cada vez más trabajadores (activos y jubilados).
Desde nuestra Organización sindical no hacemos divisiones dentro de la clase trabajadora. Para este impuesto no hay trabajadores esenciales, lo único esencial es que en nuestro país no haya un solo trabajador en la pobreza. Por eso, entre otras cosas, debemos intensificar nuestra lucha para terminar con el Impuesto al Salario.
