{{{Para muestra sólo basta un botón.}}}
Surge de las declaraciones de los más altos niveles del gobierno que se sigue pensando el sistema previsional, no desde el punto de vista de las necesidades de los trabajadores, ni como un instrumento de redistribución de la renta, sino como un mecanismo para financiar el déficit del Estado y, en definitiva, vinculado al crecimiento permanente de la deuda externa.
{{Lo que las AFJP nos dejaron}}
En este escenario debemos recordar que aparte del daño y lesión de derechos que ocasionó a los trabajadores el establecimiento del régimen privado, implicó, también en el plano económico, un fuerte proceso de descapitalización del régimen previsional público y, consecuentemente, del propio sector público argentino. Se han perdido aproximadamente unos 3.900 millones de pesos anuales, que son los aportes de los trabajadores activos que antes financiaban el régimen público y que hoy van a las administradoras privadas. A ello se sumó la rebaja de las contribuciones patronales que contribuyeron al desfinanciamiento denunciado.
El Estado, es decir, el régimen previsional público, dejó de recaudar a valores de 2001, desde 1994 en adelante, por falta de ingresos de aportes y contribuciones, 75.353 millones de pesos o de dólares.
A su vez los jubilados, como consecuencia del desfinancia-miento, vieron postergados sus haberes, congelados durante más de diez años.
Ese proceso de descapitaliza-ción dio lugar a un paulatino endeudamiento del sector público, a tasas descomunales de interés, y que fue lo que las administradoras presentaron como rentabilidad “mentirosa” al conjunto de sus afiliados. Esto representó, prácticamente, el 65% del endeudamiento que el Estado argentino tuvo desde el año 1994 hasta el 2001. O sea, descapitalización y, seguidamente, endeudamiento del sector público.
Es importante remarcar que el otro efecto que produjo el régimen privado de fondos de pensión fue la sustancial reducción de la cobertura previsional. En la actualidad hay más de 1.400.000 trabajadores mayores de 65 años que no tienen posibilidad de acceder a la jubilación y se estima que, en el 2.010, estarán en esa situación el 40% de los mayores de 65 años.
Según el informe de coyuntura de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, sólo el 33% del total de los afiliados al sistema previsional actual son los que siguen aportando y los que, en todo caso, podrán jubilarse por vía de este régimen.
El resto de los afiliados ha dejado de aportar como consecuencia de las condiciones que tiene el mercado laboral argentino: alto desempleo, elevado nivel de clandestinidad y bajo nivel de ingresos de la población. En proyección, el 70% de los afiliados a las administradoras no van a tener ingresos por encima de la línea de pobreza.
Esta no es la realidad que se percibe cuando brindan por el canje conseguido. Los números y la historia no dejan mentir. Son cuatro las AFJP que concentran el 73 por ciento de los fondos e invierten, en títulos públicos, acciones y plazos fijos, el 90 por ciento de sus ingresos. Y no precisamente son las que crearon un mercado de capitalización que favorezca la producción, son los principales acreedores del Estado con el dinero de los trabajadores.
{{{El “cuco” de las AFJP: La gente sigue eligiendo al Estado}}}
Pero esta campaña de anuncios sobre “las bondades del régimen privado” oculta otra lectura preocupante para las administradoras privadas. Tal como lo señalara la revista 8 de Octubre en su edición 202, un informe de la ANSeS aseguraba que la cantidad de trabajadores que optaron por el régimen de reparto creció durante los primeros cinco meses del año un 163 por ciento con relación al mismo período del 2003. Lo que paralizaba a las administradoras no quedó fuera del acuerdo. Una rápida resolución del gobierno, con publicación a partir de un decreto en el Boletín Oficial, no permite, desde hace semanas, que los afiliados a la jubilación privada puedan cambiar de AFJP por un plazo de 90 días, prorrogables hasta otros 3 meses. Lo remarcamos, la medida coincide con una intensificación de los traspasos, que en los últimos 13 meses llegaron casi a 900.000 casos.
Así, por primera vez desde que en 1994 comenzó a funcionar el sistema privado de jubilaciones, se suspende el derecho de los afiliados a cambiar de AFJP. En tanto, sigue vigente la posibilidad de un afiliado del sistema público de pasarse a una AFJP, mientras el afiliado del sistema privado no puede volver al régimen público. Recordemos que, según la ley previsional, los afiliados pueden cambiar de AFJP dos veces por año si reúnen 4 aportes en la administradora que abandonan.
Hay acuerdo. Pero no entre la sociedad y su gobierno para terminar con la especulación financiera de las AFJP y permitir que regresen al sistema de reparto, millones de trabajadores cautivos. Lo hay entre el gobierno y las AFJP, acuerdo que seguramente silenciará la discusión prometida para reconstruir un Sistema de Seguridad Social Universal y Solidario.
Según números elaborados para el diario Clarín por especialistas en previsión social, los que más ganan se jubilan con un haber más bajo en proporción al sueldo. Esto es por la incidencia de la Prestación Básica Universal (PBU) que es una suma fija, que ronda entre 200 y 230 pesos, según el afiliado tenga 30 o más años de aportes.
En cambio, si los bonos fuesen valuados al precio de mercado, se estima que las cuentas de los afiliados se reducirían casi un 30%. Y en consecuencia, la parte de la jubilación a cargo de las AFJP disminuiría en esa proporción, afectando a los que están más próximos a jubilarse porque concretarían esa pérdida.
Por su parte, los haberes a cargo del Estado seguirían sin modificaciones porque depende del nivel del sueldo y de los años aportados.
{{{Pelear por nuestro derecho a tener una jubilación.}}}
No se trata de una cuestión de números. Se trata de una cuestión de derechos y garantías. En ese rubro, la Constitución Nacional garantiza a todos los trabajadores el derecho a la seguridad social integral, el que debe ser articulado con un seguro de empleo y formación, una asignación familiar por hijo y la prestación universal para mayores de 65 años. Desde 1994 el sistema privado no contempla nada de esto, sencillamente por que su objetivo es desarrollar un mercado de capitales y obtener ganancias, con un mercado cautivo, sin riesgos.
La reforma previsional de 1994 desfinanció al Estado al desviar los aportes jubilatorios de gran parte de los trabajadores hacia las AFJP, a lo que se sumó la rebaja en las contribuciones patronales. .
El costo de esa privatización, para el fisco, ha sido inmenso. Ese desfinanciamiento de la seguridad social impuso una mayor carga de intereses a pagar por la deuda adicional generada, precisamente, para cubrir ese agujero. Y esa tasa de interés más elevada era por la fragilidad financiera generada por ese crecimiento de la deuda. Todo culminó en el default.
Ya no hay dudas que el régimen previsional debe ser otro, con intervención del Estado y no de los bancos, que mes a mes se quedan con el 40 por ciento del aporte jubilatorio en comisiones. Pero, luego del reciente acuerdo con las AFJP, ¿en qué quedará la prometida reforma a ese régimen?
Muchos dirán que hay que confiar en la gestión del gobierno. Pero no hay justificación para el quietismo que se detecta hacia el “después”. El arreglo con las AFJP se lo presenta como la adecuación de las cifras con los bancos que las administran, según la imposición del gobierno nacional, pero no se dice una palabra sobre la estructura del sistema jubilatorio.
Gobernar es afectar intereses, pero, atendiendo a las políticas implementadas, nada indica que se avance hacia una distribución de la riqueza siquiera más equitativa. Desde el gobierno esgrimen que para eso se requiere movilizar a los sectores populares, los únicos que pueden detener los embates de las clases dominantes. Pero, ¿por qué el gobierno no da muestras concretas para que esa movilización se realice? ¿O es sólo un pretexto dilatorio?
Sólo con la movilización de los trabajadores y demás sectores populares puede lograrse el avance hacia la redistribución equitativa de los ingresos y la eliminación del modelo de exclusión.
