Recordemos que la propuesta fue impulsada desde el Ministerio de Planificación con la asistencia de FLACSO Argentina y buscaba devolver, al Estado, herramientas eficaces de control en su relación con las privatizadas. Entre otras cosas, la propuesta obligaba a las empresas a ajustar sus stándares de riesgos a los de sus países de origen; el Estado era quien fijaría un sistema de tarifas que le aseguraría al prestador una rentabilidad razonable; se prohibía todo ajuste automático de tarifas; las responsabilidades de las casas matrices de responder por los servicios comprometidos por sus subsidiarias y el sometimiento a la legislación y jurisdicción nacional para la resolución de conflictos.
¿Buscará el gobierno, con esta actitud, garantizarle a las privatizadas una rentabilidad razonable? Pareciera que no. En un artículo de Le Monde Diplomatique (Junio de 2005) Andrea López y Mabel Thwaites Rey nos permiten dos argumentos para fundamentar nuestra respuesta. Entre 1.994 y 1.999, Aguas Argentinas tuvo una rentabilidad de 23,4 por ciento, mientras que la rentabilidad razonable para esa misma actividad en Estados Unidos oscila entre el 6,5 y el 12 y en Gran Bretaña entre el 6 y el 7. Sí, es la misma empresa que amenaza perpetuamente con irse si el gobierno no cumple con el aumento del 40 por ciento en las tarifas (Clarín 25/06/05). Claro, podemos afirmarnos, son las consecuencias de la postpesificación, la crisis nos afectó a todos por igual.. No. Edelap, la empresa distribuidora de energía, incrementó en ese período (ejercicio 2.002) su rentabilidad de un 4,7 al 8% (Revista Fortuna, 18/04/05). Las exigencias de aumento de las privatizadas, sencillamente, tienen que ver con su voracidad. Y a pesar de prestar servicios públicos y vitales para la población, responden a su única nación: la empresa.
Atrás parece quedar el proyecto del Régimen Nacional de Servicios Públicos o las rescisiones de contratos al Correo Argentino y el Ramal San Martín. No hay una política clara frente a los juicios que las privatizadas le han iniciado al Estado frente al CIADI. Y el gran interrogante puede aparecer después de las elecciones de octubre, con el insistente pedido de aumento de las tarifas por parte de las privatizadas. Todo pareciera indicar que volvemos a transitar los mismos caminos de los 90, con las privatizadas nuevamente a la mesa.
{{{Las renegociaciones}}}
{{El Agua.}}
_ El servicio funciona sin precisiones sobre sus pautas regulatorias. Aguas Argentinas reclama la promesa de un aumento del 40 por ciento, sacado al gobierno en París. Y amenaza con un nuevo portazo. Desde el gobierno, no quieren saber nada con un aumento (no por política con las privatizadas, sino por elecciones en octubre) que afectaría casi exclusivamente a los pequeños usuarios. En pasillos, descartan la creación de una empresa estatal de aguas, como ocurrió en Santa Fe, pero seduce la posibilidad de un co-gerenciamiento.
{{Los Teléfonos.}}
_ También funcionan sin una relación contractual definida. En diciembre del año pasado venció una carta de entendimiento con Telefónica y Telecom. El gobierno buscaría mantener el congelamiento de las tarifas del servicio básico (y volver a aumentar el de telefonía celular) o ajustarlas hacia abajo. Sin embargo, nada se habla del proceso de liberalización del servicio telefónico, que implicaría un aspecto fundamental en la universalización del servicio.
{{Los medios de comunicación masiva.}}
_ El estado extendió, por 10 años más, las licencias a los grupos económicos relacionados con las privatizadas que explotan, desde los ‘90, los servicios de radiodifusión del país.
_ El Estado no hace mención de la Ley de Radiodifusión que sigue en vigencia, sancionada durante la dictadura militar, y que beneficia en el otorgamiento de licencia a las empresas comerciales, dejando afuera de la compulsa asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, etc., muy a pesar de que esta disposición (artículo 45 de la ley de radiodifusión) tiene dos declaraciones de inconstitucionalidad.
{{El sector energético.}}
_ Hasta ahora, el único contrato de renegociación aprobado por el legislativo es el de la distribuidora eléctrica de La Plata, EDELAP. Allí se establece un aumento del 15% en las tarifas no aplicables a usuarios residenciales, la readecuación de las tarifas si el Índice de Variación de Costos supera el 5%, y la suspensión, por parte del concesionario y sus accionistas, de toda demanda. Algo que la empresa AES Corporation, accionista mayoritario de la distribuidora, se comprometió con EDELAP, pero que no desistió como inversora de otras dos distribuidoras provinciales y de ocho generadoras de energía eléctrica (Natalia Aruguete, Le Monde Diplomatique, Junio de 2005).
_ También se llegó a un acuerdo con las transportistas eléctricas Distrocuyo, Transba y Transener, con aumentos cercanos al 30 por ciento.
_ En tanto, con el resto, la situación es casi de anarquía, hablándose hasta de sociedades, como las afirmaciones que refieren al desembarco de la estatal ENARSA en EDENOR.
_ La negociación con las gasíferas es más difícil y sólo hay avances formales con la distribuidora Gas Natural Ban, controlada por capitales españoles, luego de que el gobierno de Rodríguez Zapatero se incorporara a la mesa de negociaciones.
{{Los ferrocarriles.}}
_ Atrás quedaron los sueños de una intervención estatal que le devolviera, al sector, la potencia que alguna vez este servicio tuvo. Es también el sector donde se revelan de forma más marcadas las contradicciones del gobierno, en su relación con las privatizadas. Mientras por un lado le rescinde el contrato de concesión a la ex línea San Martín, el gobierno le aumenta el subsidio otorgado a las demás empresas del sector, a pesar de las fuertes críticas que realizó por la calidad de la prestación de los servicios ferroviarios.
{{El Correo.}}
_ Se rescindió el contrato con el grupo Macri, que explotaba el servicio postal, y se lo estatizó. Luego de dos años, la explotación estatal es superavitaria.
{{Los Aeropuertos.}}
_ Sigue vigente el acuerdo que el grupo Eurnekian, concesionario del servicio aeropor-tuario, realizó durante la gestión de Eduardo Duhalde, donde se dolarizaron las tasas aeronáuticas desconociendo la Ley de Emergencia Económica.
_ La gestión K tampoco da señales sobre las denuncias de la Auditoría General de la Nación acerca del no pago de cánones obligatorios y la falta de cumplimiento de las inversiones comprometidas, que justificarían la caducidad del contrato.
{{Hecha la ley, hecha la trampa.}}
_ Otra concesión que viola la Ley de Emergencia Económica es la que dolarizó las tarifas internacionales, beneficiando a Hidrovía SA, empresa encargada del dragado y la señalización del Río Paraná y del Río de la Plata.
_ Por otro lado, el gobierno acordó, con las empresas que controlan las terminales del puerto de Buenos Aires, mantener la dolarización de las tarifas y tasas portuarias, y pagar en cuotas las deudas con el Estado, a cambio de retirar las demandas judiciales.
_ Es imposible no remarcar el sentido anárquico de las negociaciones, donde se destaca un gobierno vacilante y, como en estos días, ganado por las necesidades de plebiscitar su gestión, en las próximas elecciones. La pregunta es si, ante un actor (las privatizadas) acostumbrado a sentarse a la mesa con iguales (no hay figura de Estado para ellos por encima de sus empresas) y a reclamar que los acuerdos particulares que puedan considerar beneficiosos sean extensivos para todos, la política llevada adelante con las privatizadas (que coquetea con los 90) ¿no terminará convirtiéndose en una trampa que le permita a las privatizadas seguir teniendo la cabecera de la mesa?
