Las organizaciones que conformamos la Asamblea “Argentina mejor sin TLC” hemos sido parte de la lucha contra el ALCA y el libre comercio en el continente durante los últimos veinte años. Dada esta experiencia, observamos hoy con preocupación el drástico cambio de rumbo en la política internacional que está llevando adelante el gobierno argentino asumido en diciembre de 2015. Este cambio implica que el gobierno intenta sumar a la Argentina a diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) que ya están actualmente en negociación, sin haber consultado a la población acerca de esta posibilidad, ni de haber mostrado con estudios de impacto los supuestos efectos positivos de dichos tratados. Bajo el discurso de “desideologizar” la política exterior, el gobierno de Cambiemos intenta instalar la idea de que la Argentina es un “país confiable” para las inversiones extranjeras. Sin embargo, entendemos que estas políticas sólo plasman legalmente el poder de las empresas transnacionales, dejando de lado los derechos humanos y medioambientales.
En primer lugar, se ha anunciado una nueva agenda de negociaciones comerciales que implican la firma de TLC con diversos países y bloques: 1) un “acuerdo de asociación” con la Unión Europea; 2) un tratado de libre comercio con los Estados Unidos; 3) la adhesión a la Alianza del Pacífico con el fin de sumarse al TPP (Trans-Pacific Partnership). Después de veinte años de firma masiva de TLC en la región, sabemos que estos tratados no son meros acuerdos sobre aranceles, ya que incluyen además temáticas sensibles como la propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios (donde quedan incluidos salud y educación), las compras públicas, las telecomunicaciones, la agricultura, las inversiones y también las cláusulas que posibilitan a los inversores extranjeros a demandar al país en centros arbitrales internacionales como el CIADI. Estas cláusulas aseguran los derechos de propiedad de los inversores extranjeros, mientras impactan negativamente sobre los aparatos económicos nacionales, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, generando así mayor desempleo. Se trata además de acuerdos que se negocian en total secreto y sin ningún acceso de la sociedad civil a los borradores de los textos.
En esta línea, el gobierno está desarrollando una política internacional vinculada a los intereses norteamericanos en la región. Con ese país se han establecido compromisos en materia de comercio, defensa y lucha contra el narcotráfico, que incluyen la aceptación de la instalación de al menos dos bases militares en el territorio argentino (Ushuaia y Triple Frontera). Además, se dejará entrar nuevamente a las instituciones financieras internacionales como el FMI para evaluar las cuentas nacionales. En el nivel comercial también se sigue la línea norteamericana: el presidente Obama manifestó que tiene que ser EEUU y no China quien ponga el ritmo al comercio mundial; de allí la centralidad de cerrar acuerdos con la mayor cantidad de países posibles, vía el TPP. Vemos que la política comercial argentina actual se alinea con ese interés de EEUU.
Además, con el fin de mostrarse “confiable”, el gobierno ha anunciado que pagará varias de las demandas pendientes que empresas extranjeras interpusieron contra el país en el CIADI. El pago se realiza con la emisión de bonos Bonar 2024, por lo cual se genera una nueva deuda externa, vía el arbitraje internacional. El pago a estas empresas muestra que no existe un interés de evaluar los efectos que han tenido las inversiones que llegaron amparadas por los tratados de inversión desde los años noventa. Por el contrario, la intención de la agenda del gobierno es la atracción indiscriminada de inversiones, otorgándoles seguridad jurídica vía los TLC. Pero hoy sabemos las inversiones extranjeras que llegaron han tenido impactos sociales y medioambientales profundos. Por ello nos alerta la propuesta del gobierno de atracción de inversiones, sin garantizar que estén obligadas a respetar los derechos humanos y medioambientales.
Este posicionamiento comercial implica también un nuevo rol de la Argentina en la política regional. La nueva agenda marca el desentendimiento del país frente a los procesos de integración regional vigentes como el UNASUR o la CELAC. Incluso se discute actualmente una reforma del MERCOSUR, lo cual significaría un retroceso en los pasos de la integración. Observamos que el rol que Argentina toma en la región tiende a exacerbar la competencia entre los Estados, en lugar de desarrollar la complementariedad y la integración solidaria.
Esta agenda internacional está siendo desarrollada sin haber abierto espacio alguno de consulta a la sociedad civil, ni haber hecho públicos los estudios de impacto que muestren los supuestos efectos positivos que los TLC tendrían sobre nuestra economía. Las organizaciones sociales, políticas, sindicales y ambientalistas, además de organizaciones de MiPYME, que adherimos a este espacio conocemos el libre comercio y sus efectos. Fuimos parte de la lucha contra el ALCA, y hemos alertado de los efectos nocivos de los TLC, que ponen los derechos de las empresas extranjeras por encima de las necesidades de los pueblos. Es en este espíritu que hemos articulado la Asamblea “Argentina mejor sin TLC”, uniéndonos a las actuales campañas continentales contra el TPP y contra los TLC que se negocian en la región, y convocamos a nuevas organizaciones a sumarse para accionar contra el libre comercio.
Rechazamos todos los Tratados de Libre Comercio;
Llamamos a abrir el debate sobre la política comercial;
¡OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE!
Adhesiones a: argentinamejorsintlc@gmail.com
Facebook: /argentinamejorsinTLC/; Twitter: @mejorsintlc
Adhesiones: Acción por la Biodiversidad / Amigos de la Tierra Argentina / Alerta Angostura – Neuquén / Asociación Defensa del Ciudadano de Santa Fe (ADECI) – Santa Fe / Asociación Nacional de Ex-Presos Políticos de la República Argentina / ALAMPYME / Asociación PYME Vicente López / APYME – Santa Fe / ATTAC-Argentina / Bloque peronista FPV – Luján / CAPYME – San Martín / Casa de la Memoria – Rosario / CTA Autónoma / Central de Entidades Empresariales Nacionales (CEEN) / Centro de Estudios de Trabajo (CEDEtrabajo) / Centro de Estudios Latinoamericanos (CELU) / Centro de Estudios Alejandro Olmos – Santa Fe / Centro de investigación y gestión de la economía solidaria (CIGES) / Consejo de agrupaciones del FPV – Luján / Corriente Nacional Emancipación Sur / Cultura Indígena / Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) / Espacio Territorial Río Bravo – Luján / Federación Judicial Argentina / Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina – FeTERA / Frente Popular Darío Santillán / Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) / Fundación ECOSUR / GRAIN / Instituto de Estudios y Formación – CTA Autónoma) / Instituto de Investigación Económica, Social y Política Ciudadana (ISEPCI) / Movimiento Popular Patria Grande / Movimiento de Participación Popular (MPP) – Luján / Movimiento Peronista – Luján / Movimiento Amplio de Izquierda (M.A.Iz.) – Rosario / MPR Quebracho / Miles por Tierra, Techo y Trabajo – Luján / MULCS – Santa Fe / MULCS – Buenos Aires Oeste / Multisectorial de Luján / Observatorio Petrolero Sur (OPSUR) / Pañuelos en Rebeldía / Patria Grande – La Pampa / Polo Democrático Colombiano / PYMES SUR / Secretaría de Derechos Humanos – CTA Autónoma / Sindicato de Luz y Fuerza – Mar del Plata / Sin TPP Argentina.
