El secretario Adjunto de la CTA Nacional y secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), José Rigane, participó el lunes del segundo encuentro de la CTA de Rosario para dar forma a la «Campaña hacia una Consulta Popular por la Defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes».
En diálogo con la CTA de Rosario, donde se tocaron diversos temas como el modelo económico actual, la matriz energética, el caso YPF-Chevron, la situación de los trabajadores del sector energético, entre otros, Rigane consideró que “ni este gobierno, ni los que le precedieron, cambiaron el modelo energético basado en la privatización y fundamentalmente en la extranjerización”. Compartimos la entrevista completa. – ¿Cuál es su valoración del modelo económico vigente? 
Este modelo productivo reprimarizó la economía, desarrolló el extractivismo para acrecentar las exportaciones, profundizando la contaminación. No es un modelo económico que hace eje en el mercado interno y en la industrialización. Somos principalmente ensambladores, no fabricantes. Esto tiene que ver con las políticas de ajuste con proceso inflacionario alto, porque la idea es bajar el salario a precio dólar. Se centra en la competencia internacional y no en el desarrollo del mercado interno. El modelo productivo hoy lo imponen las multinacionales que siempre desarrollan la misma política: ingresan ganando, porque acá se vio cómo les daban tarifas rebajadas, con acuerdos comerciales a la baja y se despidieron a miles de trabajadores. En muchos casos se aumentó la tarifa al consumidor también. Y cuando se van, encima, hay que pagarles o te hacen una demanda en el CIADI. Argentina le acaba de pagar a 5 empresas por demandas en ese organismo alrededor de 500 millones de dólares. – En este marco, ¿cómo caracteriza la matriz energética? Es una matriz supeditada a los hidrocarburos, de los cuales dependemos en un 90%. Hay que diversificarla y no sólo con energías renovables, como la eólica y la solar, dado que aún tiene un desarrollo que no permitiría cubrir las necesidades. Hay que ir a la hidroelectricidad y la energía nuclear, iniciativas con las que hay que convivir para superar esta instancia. – ¿Cuál es el panorama tomando en cuenta el acuerdo con Chevron en materia de explotación de hidrocarburos no convencionales? Ni el gobierno actual, ni los que le precedieron, cambiaron el modelo energético basado en la privatización y fundamentalmente en la extranjerización. La decisión en 2012 de expropiar el 51% de las acciones de Repsol, tenía que ver con la situación económica financiera del gobierno de ese momento. Nos entusiasmó pensar que era el primer paso para recuperar el patrimonio nacional energético para el pueblo argentino. Después de un año comprobamos que ese no era el camino, que no era de una estatización sino de una expropiación del 51% de las acciones, que no es lo mismo. No tenemos empresa pública integrada y esencialmente nacional. Nos gustaría que esas empresas tengan alto contenido social, con participación de sectores que defienden el medioambiente, organizaciones que defienden los derechos de los consumidores, los trabajadores y un Estado fuerte. No este Estado bobo socio de las multinacionales. En el informe que hicieron los ministros De Vido y Kicilliof sobre la situación de YPF y Repsol donde ellos mismos llegan a la conclusión de que, por todo lo que había hecho Repsol, no sólo no había que pagarle un peso, sino que ellos debían pagarnos a nosotros. Luego dan un giro de 180° y terminan comprometiéndose a pagarle 5 mil millones de dólares, que van a ser 11 mil si este pago se estira hasta 2033. Lo más grave es que la empresa sigue siendo una sociedad anónima y que el 12% de las acciones por fuera del 51% expropiado pertenecen a Repsol, un 10% a Pemex (Petróleos Mexicanos) y una organización que representa a Eskenazi (Grupo Petersen, también propietarios del Nuevo Banco de Santa Fe) que manejan intereses extranjeros. Nos preguntamos cómo le vamos a pagar a Repsol, si perjudicó el medioambiente, tiene demandas judiciales pendientes, si vendió todas las YPF en el extranjero y se quedó con la rentabilidad que otorgaban los pozos de YPF, se quedó con la reserva que se estimaban para 18 años y ahora no nos alcanza para siete, no desarrolló la exploración por lo que Argentina se quedó sin autoabastecimiento en 2007-08, empezando así el proceso de importación de energía. El acuerdo firmado entre gallos y medianoche con Chevron, por 1200 millones de dólares, más otro acuerdo por 15 mil millones de dólares, con la idea de invertir en Vaca Muerta sobre todo en la extracción de hidrocarburos no convencionales es una clara muestra de que con cláusulas secretas y sometimiento a los estrados internacionales, no hay una política que se centre en la defensa de los intereses y las necesidades del pueblo argentino. En estos 10 años proliferó la llamada energía delivery, mediante conteiner con motogeneradores, que son equipamientos de emergencias y se instalan en la calle, son contaminantes y consumen entre 300 a 500 litros de diesel oil por hora. Se usan para procurar energía y salir del paso, pero en realidad no hay inversiones reales significativas en el campo de la energía, tanto en generación, transmisión como en distribución y por eso tenemos la crisis energética que tenemos. – ¿Cuál es la situación de los trabajadores del sector energético? Tienen el deterioro que tiene todo el movimiento obrero argentino. En ese ámbito se desarrolló todo lo vinculado a tercerización, subcontratación, mecanismos de flexibilización laboral, por lo que salvo los que están bajo Convenio Colectivo de Trabajo, están en peores condiciones de trabajo que hace 30 o 40 años atrás. No solo ganan menos que otros trabajadores, sino que no tienen derechos sociales. Hablamos de un 30 – 40% del total de trabajadores en esta situación. Lo más grave es que se los encuadra como empleados de comercio o de la construcción, una forma de encuadrar en actividades con salarios muy bajos respecto de la actividad propia. El Ministerio de Trabajo mira para otro lado, y no hace cumplir una cantidad de derechos establecidos por ley. – ¿Qué es la consulta por la soberanía sobre los bienes comunes y por qué su necesidad? Es una iniciativa política de la Central que busca trabajar en un tema que es caro a los argentinos: recuperación de la soberanía popular, haciendo ejes en los bienes comunes. Se trata de articular, unificar si fuera posible, todas las luchas de carácter regional, local, provincial, que se dan a todo lo largo y ancho del país, en temas vinculados principalmente al modelo productivo. Necesitamos crear un sujeto consciente que sea capaz de interpretar esta realidad y que tengamos juntos la habilidad de conformar un frente con fines estratégicos superiores a lo sectorial. Esos objetivos supremos son la soberanía popular y el cambio del modelo productivo, entendiendo como condiciones indisociables para esto último, el desarrollo de una democracia participativa, integración de carácter regional, recuperación de la soberanía y un proyecto político que tenga como eje el proceso de liberación. Fuente: www.ctarosario.org,.ar
Este modelo productivo reprimarizó la economía, desarrolló el extractivismo para acrecentar las exportaciones, profundizando la contaminación. No es un modelo económico que hace eje en el mercado interno y en la industrialización. Somos principalmente ensambladores, no fabricantes. Esto tiene que ver con las políticas de ajuste con proceso inflacionario alto, porque la idea es bajar el salario a precio dólar. Se centra en la competencia internacional y no en el desarrollo del mercado interno. El modelo productivo hoy lo imponen las multinacionales que siempre desarrollan la misma política: ingresan ganando, porque acá se vio cómo les daban tarifas rebajadas, con acuerdos comerciales a la baja y se despidieron a miles de trabajadores. En muchos casos se aumentó la tarifa al consumidor también. Y cuando se van, encima, hay que pagarles o te hacen una demanda en el CIADI. Argentina le acaba de pagar a 5 empresas por demandas en ese organismo alrededor de 500 millones de dólares. – En este marco, ¿cómo caracteriza la matriz energética? Es una matriz supeditada a los hidrocarburos, de los cuales dependemos en un 90%. Hay que diversificarla y no sólo con energías renovables, como la eólica y la solar, dado que aún tiene un desarrollo que no permitiría cubrir las necesidades. Hay que ir a la hidroelectricidad y la energía nuclear, iniciativas con las que hay que convivir para superar esta instancia. – ¿Cuál es el panorama tomando en cuenta el acuerdo con Chevron en materia de explotación de hidrocarburos no convencionales? Ni el gobierno actual, ni los que le precedieron, cambiaron el modelo energético basado en la privatización y fundamentalmente en la extranjerización. La decisión en 2012 de expropiar el 51% de las acciones de Repsol, tenía que ver con la situación económica financiera del gobierno de ese momento. Nos entusiasmó pensar que era el primer paso para recuperar el patrimonio nacional energético para el pueblo argentino. Después de un año comprobamos que ese no era el camino, que no era de una estatización sino de una expropiación del 51% de las acciones, que no es lo mismo. No tenemos empresa pública integrada y esencialmente nacional. Nos gustaría que esas empresas tengan alto contenido social, con participación de sectores que defienden el medioambiente, organizaciones que defienden los derechos de los consumidores, los trabajadores y un Estado fuerte. No este Estado bobo socio de las multinacionales. En el informe que hicieron los ministros De Vido y Kicilliof sobre la situación de YPF y Repsol donde ellos mismos llegan a la conclusión de que, por todo lo que había hecho Repsol, no sólo no había que pagarle un peso, sino que ellos debían pagarnos a nosotros. Luego dan un giro de 180° y terminan comprometiéndose a pagarle 5 mil millones de dólares, que van a ser 11 mil si este pago se estira hasta 2033. Lo más grave es que la empresa sigue siendo una sociedad anónima y que el 12% de las acciones por fuera del 51% expropiado pertenecen a Repsol, un 10% a Pemex (Petróleos Mexicanos) y una organización que representa a Eskenazi (Grupo Petersen, también propietarios del Nuevo Banco de Santa Fe) que manejan intereses extranjeros. Nos preguntamos cómo le vamos a pagar a Repsol, si perjudicó el medioambiente, tiene demandas judiciales pendientes, si vendió todas las YPF en el extranjero y se quedó con la rentabilidad que otorgaban los pozos de YPF, se quedó con la reserva que se estimaban para 18 años y ahora no nos alcanza para siete, no desarrolló la exploración por lo que Argentina se quedó sin autoabastecimiento en 2007-08, empezando así el proceso de importación de energía. El acuerdo firmado entre gallos y medianoche con Chevron, por 1200 millones de dólares, más otro acuerdo por 15 mil millones de dólares, con la idea de invertir en Vaca Muerta sobre todo en la extracción de hidrocarburos no convencionales es una clara muestra de que con cláusulas secretas y sometimiento a los estrados internacionales, no hay una política que se centre en la defensa de los intereses y las necesidades del pueblo argentino. En estos 10 años proliferó la llamada energía delivery, mediante conteiner con motogeneradores, que son equipamientos de emergencias y se instalan en la calle, son contaminantes y consumen entre 300 a 500 litros de diesel oil por hora. Se usan para procurar energía y salir del paso, pero en realidad no hay inversiones reales significativas en el campo de la energía, tanto en generación, transmisión como en distribución y por eso tenemos la crisis energética que tenemos. – ¿Cuál es la situación de los trabajadores del sector energético? Tienen el deterioro que tiene todo el movimiento obrero argentino. En ese ámbito se desarrolló todo lo vinculado a tercerización, subcontratación, mecanismos de flexibilización laboral, por lo que salvo los que están bajo Convenio Colectivo de Trabajo, están en peores condiciones de trabajo que hace 30 o 40 años atrás. No solo ganan menos que otros trabajadores, sino que no tienen derechos sociales. Hablamos de un 30 – 40% del total de trabajadores en esta situación. Lo más grave es que se los encuadra como empleados de comercio o de la construcción, una forma de encuadrar en actividades con salarios muy bajos respecto de la actividad propia. El Ministerio de Trabajo mira para otro lado, y no hace cumplir una cantidad de derechos establecidos por ley. – ¿Qué es la consulta por la soberanía sobre los bienes comunes y por qué su necesidad? Es una iniciativa política de la Central que busca trabajar en un tema que es caro a los argentinos: recuperación de la soberanía popular, haciendo ejes en los bienes comunes. Se trata de articular, unificar si fuera posible, todas las luchas de carácter regional, local, provincial, que se dan a todo lo largo y ancho del país, en temas vinculados principalmente al modelo productivo. Necesitamos crear un sujeto consciente que sea capaz de interpretar esta realidad y que tengamos juntos la habilidad de conformar un frente con fines estratégicos superiores a lo sectorial. Esos objetivos supremos son la soberanía popular y el cambio del modelo productivo, entendiendo como condiciones indisociables para esto último, el desarrollo de una democracia participativa, integración de carácter regional, recuperación de la soberanía y un proyecto político que tenga como eje el proceso de liberación. Fuente: www.ctarosario.org,.ar * Equipo de Comunicación de la CTA Rosario
